“¡Te metiste en mi casa!”, exclama Hernán Chaparro, psicólogo social y ‘encuestólogo’ (fue jefe de GFK); cuando le pido resumir una emoción que podría sentir el 29% de peruanos que según la última encuesta del IEP, aprueba a Pedro Castillo. Hernán alude al trance del 9 de Agosto –el día más dramático de su mandato- cuando el Equipo Especial de fiscales y policías buscó a su cuñada/hija Yenifer Paredes hasta en el dormitorio presidencial. Coincido y le digo que lo que pasó ese día puede explicar el último tramo del incremento, de 24% a 29%.
Hernán me replica con un concepto de psicología social: “es la privación relativa, aquella sensación identitaria de que, más allá de tu situación personal concreta, eres parte de una colectividad víctima de una injusticia o discriminación”. Es una idea clave para entender las votaciones de los políticos populistas. Esa emoción llevó a Castillo a la presidencia, cuando muchos sentían que ‘el candidato como uno’ era víctima de un cargamontón de los de siempre. ‘¿O sea, de alguna manera, estamos reviviendo la campaña?’, interrumpo a Hernán. “Así es”, asiente.
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Castillo y entorno han tomado el incremento como un shock vitamínico. El presidente ha entrado en fase de retaliación. “Para explicar las cifras en alza, no solo basta la acción, que se concentra en las investigaciones fiscales; sino la reacción de Castillo, que se perciba que está respondiendo al ataque, que convoque gente”, concluye Hernán. En efecto, lanzado contra las cuerdas por la fiscal de la Nación y el Equipo Especial, rebotado hacia el centro de la lona, Castillo lanza trompadas y patadas con efecto.
Esta es una crónica de hechos y a ellos vamos. El 10 de agosto, con la entrega de Yenifer se dispara la fase de retaliación. Si quieren términos más políticos, llámenle rabia y compensación de la frustración autoritaria; o sea, ‘caramba, no solo me impiden gobernar como me da la gana, con mis amigos y paisanos sino que, para remate, me allanan mis casas y meten presa a Yenifer’. El presidente ha querido responder golpe por golpe. No especulo. Me lo confirman fuentes que me dijeron que llegó a pensar en intervenir el Ministerio Público y el Poder Judicial (idea dejada de lado por casi imposible); que rogó que el Congreso censurara a Aníbal Torres para provocar su disolución (el bloque opositor se percató del riesgo y resistió los embates de Torres); y, lo más emotivo, público y notorio, es que ha pedido una sanción contra Harvey Colchado, el policía que comandó –junto al fiscal Hans Aguirre- al grupo que se metió a su casa. La agenda de concertación en pro de la gobernabilidad, si la hubiera, ha quedado aplastada.
Moviendo sillas
Les dije que no especulo. El acto esencial de la retaliación es actuar contra Colchado, pues él cometió la vejación que provoca la rabia autoritaria. Para ejecutar la revancha, Castillo decidió pasar súbitamente a retiro al comandante general de la PNP, Luis Vera Llerena. He entrevistado y conversado con el general y este me dice que no encuentra una razón específica y directa de su salida, pues no medió ni conversación, ni presión que él pueda identificar como la causa. Además, su reemplazo, el general Raúl Alfaro, es institucionalista como él, y no va a servir los intereses de un presidente acorralado a expensas de la PNP. ¿Por qué retirarlo entonces? Coincidimos, con el general, en sospechar que los cambios se deben a la necesidad de mover la cadena de mando de la PNP, para que llegue a la inspectoría de la PNP, aquella que debe resolver el pedido de sanción contra Colchado, el general Segundo Mejía Montenegro, chotano y con antecedentes turbios (fue sancionado y volvió a la policía tras un proceso judicial). Semanas atrás, ya dos fuentes policiales me habían llamado la atención sobre el acercamiento de Mejía hacia el gobierno.
O sea, el presidente decidió pasar a retiro a la cabeza de la policía para que se moviese una silla y entrara Mejía allí dónde necesita a un amigo aquiescente. Colchado se confirma, pues, como el objetivo central de sus emociones convertidas en actos de gobierno. En su pedido para sancionarlo, lo acusa sin ambages de tener “una obsesión enfermiza” de móviles políticos y de haber “revisado documentos clasificados como secreto de estado”, de “haber causado perjuicios innecesarios a la vivienda del presidente” y a “la libertad individual de mi esposa Lilia Paredes y de mis dos menores hijos (…) al revisar innecesariamente los dormitorios de ellos y del propio presidente de la república”.
El relato del presidente se vuelve tan intenso, que rebasa la frialdad del documento abogadil. Tras contar que Colchado “ordenó romper las puertas”, pero “no la logran romper ya que se abrió por dentro”, hace apuntes íntimos: “Ingresaron a mi dormitorio revisando mi ropa, la cómoda, el escritorio que está al costado del dormitorio donde se encontraba material de secreto de estado”. Sigue la narración presidencial: “Posteriormente ingresaron al dormitorio de mi hijo (…) quien a dicha hora se encontraba durmiendo y en ropa interior (…). Se metieron a su cuarto y buscaron en todo su dormitorio para ver si estaba la señorita Yenifer Paredes Navarro”.
Este excepcional relato en primera persona, trasciende la victimización. Muestra la vulnerabilidad de todos los poderes del Estado. No solo desnuda la precariedad del mandato presidencial, mellado por los operadores de la PNP y la fiscalía con una orden judicial que lo describe como líder de una organización criminal; sino que expone lo vulnerables que son otros poderes a pretensiones autoritarias que buscan obstruir la justicia.
Al querer describir el supuesto abuso de fiscales y policías, Castillo llega al patetismo, con tal de provocar la compasión y culpar a Colchado. El líder político tradicional simplemente despliega sus armas políticas, no exhibir de tal forma su debilidad. Un apunte histórico para entender esta diferencia: cuando Juan Velasco ejecutó su golpe militar contra Fernando Belaunde en 1968, se difundió la leyenda de que a este lo sacaron en pijama de Palacio de Gobierno. Los belaundistas niegan la leyenda, pues muestra demasiado vulnerable a su líder fundador. El castillismo razona de otro modo.
La retaliación ha tomado de puno a la fiscal Patricia Benavides, zarandeada en cada intervención de Aníbal Torres; y a la Policía. No fue el Congreso sino esas dos instituciones que se metieron en Palacio. En un golpe simbólico y declarativo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para declarar el 30 de agosto, el día de la Policía y de su patrona Santa Rosa de Lima, como el “día de las personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 -2000″. No podemos estar seguros de que la intención era insinuar que la PNP y, por extensión, las FFAA, son los principales responsables de las desapariciones en lugar del terrorismo; pero, de hecho, fue una provocación a la PNP que ha ofendido por igual a la Iglesia.
¿Quién sucede a Aníbal?
Antes de la fase revanchista, Castillo dedicaba una pequeña parte de su agenda a buscar líneas de diálogo en pro de la gobernabilidad. Incluso, un emisario suyo habló con políticos de la oposición llegando a plantearles la posibilidad de integrar el gabinete. Sin embargo, el emisario no estaba empoderado y sus esfuerzos se contradecían con cada declaración oficialista. Aníbal Torres quien, por función y tradición de PCM, debía tender puentes en busca de gobernabilidad, se ha dedicado a desplomarlos.
La agenda de concertación ha quedado aplastada por la retaliación. Los gremios llamados a Palacio para que desfilen en aparente respaldo (ronderos, construcción civil, mujeres campesinas y hasta prefectos aparentando ser una organización popular), acuden interesados en alguna ley, concesión o promesa; pero no aportan gobernabilidad. Dan, eso sí, réditos de aprobación, pues se percibe que el presidente busca y consigue respaldos.
En ausencia de diálogo, el gobierno se cierra cada vez más sobre sí mismo. Torres, quien ya había renunciado y se quedó a pedido del presidente, ha cobrado nueva vida, atacando a opositores e instituciones, con gruesas generalizaciones y distorsiones. Incluso ha provocado, que Alejandro Salas y Roberto Sánchez, los dos ministros que estarían en mejores condiciones para sucederlo en la PCM, suban sus revoluciones. Salas comunica mejor, Sánchez razona políticamente, aunque un reciente ataque, por error, al BCP, malogre las relaciones con gremios empresariales que se había forjado.
La retaliación es eficaz en el corto plazo, pero no frena el cerco judicial ni desanima al bloque opositor –a pesar de su aprobación de 8% en la última encuesta del IEP- de presentar una tercera moción de vacancia, sin fecha definida, paro que esté lista para cuando –es el ‘wishfull thinking’ vacador- se devele una prueba decisiva que espante al entorno de Castillo y sume votos de perulibristas, maestros y ‘niños’ aterrados. Para que eso no suceda o para que se deslegitime en el intento, la revancha de Pedro hoy se ceba en policías y fiscales más que en congresistas.