“Existen rasputines de segundo nivel, o Montesinos chichas, que están generando problemas de gobernabilidad”, dijo a la prensa el excongresista Juan Sheput, en aquel entonces, consejero presidencial de Alejandro Toledo. Si bien no dijo a quién se refería, la declaración ocurría en medio de una controversia que, en setiembre de 2003, tenía como protagonista al secretario general de la Presidencia de la República, Guillermo Gonzáles Arica.
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Según denuncias periodísticas, ‘Willy’ había intrigado hasta lograr la salida del almirante Alfonso Panizo de la jefatura del Consejo Nacional de Inteligencia. La polémica –que terminó por enfrentar a Toledo con su propia bancada– forzó la renuncia del funcionario. En su mensaje de despedida, el hombre de confianza del presidente dijo que se hacía un lado para evitar el “ruido político innecesario que afecta el buen clima que debe tener la gobernabilidad y el proceso de transición democrática”.
Unos 18 años más tarde se repite la historia, aunque con protagonistas distintos. Tras ser acusado de presionar a altos mandos militares y al superintendente de la Sunat, y antes de la visita de miembros de la fiscalía, Bruno Pacheco Castillo renunció el viernes al cargo de secretario general. Al igual que Gonzáles Arica, dijo que daba un paso al costado para no ser el “pretexto de unos y otros para golpear el líder de gobierno del pueblo y la democracia”.
Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!
— Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 19, 2021
En las últimas dos décadas, distintos secretarios generales de la Presidencia han sido motivo de severas crisis políticas. El caso más reciente es el de Mirian Morales, una de las protagonistas del escándalo por el caso Richard ‘Swing’, que ocasionó el primer intento de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra.
Al menos tres secretarios generales han sido investigados por la justicia: Luis Nava Guibert, quien ocupó el cargo durante el segundo gobierno de Alan García, cumple una medida de detención domiciliaria en el marco del caso Odebrecht. El Ministerio Público le atribuye los delitos de colusión y lavado de activos.
Por su parte, Mirian Morales ha sido acusada por la fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y obstrucción a la justicia por la contratación irregular de Richard Cisneros.
Este viernes, Bruno Pacheco se unió a la lista de exsecretarios generales investigados: la fiscalía inició diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.
Grandes responsabilidades, pequeños requisitos
Según el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, entre las funciones del secretario general están asesorar al mandatario, realizar acciones de coordinación con otras entidades públicas, elaborar –bajo las indicaciones del presidente– la agenda presidencial, gestionar las visitas del jefe de Estado y designar a funcionarios de confianza.
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Hasta el año 2016, el sueldo del secretario general de la Presidencia era de S/15,000. El monto, sin embargo, se elevó a S/25,000 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Casi el 85% del salario de un ministro de Estado. Sumando gratificaciones, estos funcionarios perciben un total de S/350,000 anuales (ver tabla). Después de los ministros y viceministros de Estado, es el cargo con la remuneración más alta en el gobierno.
A pesar de ello, actualmente la normativa no exige requisito alguno para ocupar el puesto, más que el de ser designado por el presidente de la República. Ello no siempre fue así. Hasta julio de este año, la norma exigía tener al menos 10 años de experiencia en la administración pública o privada y contar con por lo menos 5 años en conducción de personal. Además, se consideraba “deseable” contar con título profesional y maestría, además de conocer otro idioma.
El 26 de julio de 2021, dos días antes del cambio de gobierno, se emitió la resolución N° 000047-2021-DP/SG. La norma, firmada por el entonces secretario general de la Presidencia en el gobierno de Francisco Sagasti, Félix Alcides Pino, eliminó los requisitos de experiencia y estudios y estableció como única necesidad para ocupar el puesto que “el Secretario General es designado por el Presidente de la República”. Cargos de menor envergadura, como el de subsecretario general, continúan requiriendo el cumplimiento de condiciones mínimas.
Para Ivan Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dado el carácter administrativo del cargo, para ser secretario general de la Presidencia “se debería requerir tener, al menos, un conocimiento detallado de la administración pública”.
En cifras
Luis Nava Guibert es el secretario general que más tiempo duró en los últimos 20 años. Permaneció en el puesto 4 años y 9 meses.
Quien menos tiempo permaneció es José Elice. Ocupó el puesto por 19 días, antes de ser designado ministro del Interior por Francisco Sagasti.
Alejandro Toledo es el presidente que más de estos funcionarios tuvo (6).
Círculo cerrado
Tras la salida de Bruno Pacheco del entorno cercano de Pedro Castillo, en Despacho Presidencial quedan, al menos, 15 personas que gozan de la confianza del presidente (ver infografía).
En total, 7 de los miembros del entorno de Castillo provienen, como él, de la provincia cajamarquina de Chota. Se trata del jefe de gabinete técnico Auner Vásquez, los asesores técnicos Máximo Cabrera y Eder Viton, el director de imagen institucional Rodolfo Idrogo y los asesores informales Ciro Bocanegra, Gian Marco Castillo y Alejandro Sánchez.
De los 8 restantes, 7 son independientes. Mario Carhuapoma, actual presidente de EsSalud, asesora de manera informal al jefe de Estado, con quien mantiene una relación de amistad. Otro consejero informal –como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio– es el coronel Ciro Bocanegra, uno de los militares cuyo ascenso intentó gestionar Pacheco.
Según fuentes de El Comercio, Carhuapoma también es cercano a Alejandro Sánchez. Este último es quien le prestaba su casa ubicada en Breña al presidente para que se hospedara durante la segunda vuelta.
Aunque no está en la planilla de personal de Despacho Presidencial, Franco Pomalaya –quien en setiembre agredió a una reportera de RPP Noticias– se mantiene cerca del presidente como asistente de comunicaciones.