Los tres salvavidas de Dina. Crónica de Fernando Vivas sobre las últimas esperanzas de Boluarte

El ansia ya la expresó en su mensaje a la nación del viernes 13 y el primer ministro Alberto Otárola la ha verbalizado en todas sus entrevistas: que el Congreso tiene que apurarse. Es más, mis fuentes me aseguran que ella se lo ha dicho personalmente al presidente del Congreso, José Williams, en la antesala de cada ceremonia en la que ha coincidido con él. Con solo mirarlo, él ya sabe que le quiere decir que se apure, que el gobierno ya no da para más sin fecha cierta de expiración. Otárola ha hecho lo mismo con las bancadas con las que se ha reunido. Me cuentan que Dina, para insistir con el tema, ha llamado a Williams a machacarle la premura.

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Todo esto es insuficiente. La presión secreta, sin que la opinión pública se entere y respalde, es presión inútil. Pregunto a mis fuentes porqué Boluarte no ajocha públicamente al Congreso, desviando hacia él parte de la furia dirigida a ella. En la historia reciente, enfrentar al Congreso ha sido muy rentable para los presidentes en busca de aprobación. Maximiliano Aguiar, el asesor que acompañó a Martín Vizcarra en su bronca con el Congreso, publicó un hilo de Twitter criticando a Boluarte por darle mucho bombo a su buena relación con el Congreso. O sea, le sugería tomar distancia, sino confrontarlo.

En efecto, las fotos de Dina con las bancadas que persistieron en vacar a Castillo es combustible masificado en el Sur. Sin embargo, tal es la soledad de Boluarte, que no usa esa vía y prefiere confiar en lo poco que le puede ofrecer el bloque de derecha. Por otro lado, si lo hiciera, tampoco es seguro que dejarían de gritarle ‘Dina asesina’. El rechazo está por encima del (des)equilibrio de poderes. El salvavidas de la convocatoria de elecciones, por lo tanto, es incierto, ni siquiera ha sido encargado aún y el gobierno no ha presionado lo suficiente para encargarlo. Dina se sigue ahogando.

Háblame, pe

Se han escrito ya varios ensayos sobre la descomposición de los partidos y la nueva fase de destrucción de los políticos. De ellos sacamos una conclusión: cuando los dirigentes de una región le dicen al gobierno que no hablarán con ningún ministro o enviado; no solo es por radicalismo sino porque no hay liderazgos sólidos y respetados con suficiente legitimidad para dialogar. Si un líder alzara la mano y dijera ‘yo voy a negociar’, lo más probable es que sea cuestionado y abucheado por otros. Cuando se instala una mesa de diálogo es frecuente que los dirigentes pidan un tiempo para consultar a ‘las bases’ y estas los obligan a desbaratar sus preacuerdos.

En Puno, para citar a la región más arrebatada, se da a la vez rechazo a dialogar y dificultad en legitimar a los posibles dialogantes. ¿Cómo afrontar algo tan complicado?, le pregunto a Rául Molina. Raúl es jefe del gabinete de asesores de Boluarte y gestionó varios conflictos cuando fue viceministro de gobernanza en los gobiernos de PPK y de Vizcarra. “El diálogo se construye” me responde y me cuenta que, en el caso dificilísimo de Puno, van a promover un diálogo territorial entre independientes y de allí tendría que salir, espontáneamente, la voluntad de hablar con el gobierno. La Iglesia católica y algunos sectores evangélicos ayudarán en la tarea pero no pueden ni quieren hacerlo solos; sino en compañía de colegios profesionales y autoridades universitarias. Un solo promotor de diálogo puede ser objeto del bullying radical, un grupo de ellos tendría más chance.

Molina me dice que cada región y cada caso tiene su peculiaridad. En algunas, como Ayacucho y Moquegua, hay gobernadores dialogantes; en otras, como Puno y Cusco, los gobernadores han optado por no desafiar a los radicales acercándose al gobierno. A pesar de las dificultades y de que el enfoque represivo no ayuda, Molina confía en que los puentes se seguirán construyendo y, al final, “tendremos una especie de pliego de reclamos de regiones que se lo entregaremos al próximo gobierno”.

En contraste con el esfuerzo sectorial de Molina y del viceministro de gobernanza José Muro, apoyados por varios ministros; los mensajes y pronunciamientos de Boluarte ponen énfasis en argumentos que espantan a los posibles dialogantes. El insistir en el tema del financiamiento de las protestas por fuentes oscuras y en los episodios vandálicos; resta el espacio que en sus mensajes debiera dedicar a persuadir a quienes la desaprueban. El salvavidas del diálogo, que sí está a la mano y se puede usar, es sin embargo pinchado por radicales y por la propia Dina.

Inteligencia represiva

Hay un salvavidas que ya está usando Boluarte. Pero no es seguro; nada es seguro para ella en enero del 2023. La inteligencia que le provee la DINI y tanto las FFAA y la PNP a través de los ministros de Defensa e Interior; la hacen esperanzarse en la idea de que identificando y deteniendo a los radicales, se desarticula la protesta. De ahí que en pronunciamiento junto a algunos ministros del 18 de enero, a guisa de balance de ‘la toma de Lima’, dijo “abriremos carpetas fiscales a los que generen actos de violencia”. Al día siguiente, el Ministerio Público, sin mencionarla, sacó un comunicado reafirmando su autonomía. Evidentemente, a la fiscal Patricia Benavides, no le hizo gracia que Boluarte -¡a quien le ha abierto una investigación por genocidio!- se arrogara una facultad que no le compete o que insinuara que arman operativos juntas.

He ahí los límites de la inteligencia. El monitoreo de revoltosos y la investigación de sus antecedentes permite planificar allanamientos y detenciones; pero la protesta desborda con creces ese enfoque y nubla la inteligencia política. El 19 en la noche, el gobierno, atento al monitoreo, se satisfizo percibiendo que tenía la situación controlada y salió Boluarte a comunicar esa percepción. El sábado, la PNP entró al campus de San Marcos a acabar con su ‘ocupación’ por estudiantes de su federación y sus huéspedes llegados de las regiones. Presumimos la anuencia de la rectoría pues antes de la intervención apareció un comunicado de universidad, denunciando que los trabajadores de seguridad habían sido agredidos y expulsados por algunos ocupantes. Luego del operativo, otro comunicado aclaró que la PNP había actuado de oficio, pero no expresaron desacuerdo con la intervención. La fiscalía, según comunicó en Twitter, se hizo presente luego de lo ocurrido. El ingreso policial al campus no fue comunicado a ella, pues se hizo bajo la figura de flagrancia y con información fruto de la inteligencia policial. Asistimos, una vez más, a operativos policiales de impacto hechos sin acompañamiento fiscal, bajo el paraguas de la flagrancia, y con la confianza de que el Ejecutivo los avalará.

Según fuentes ligadas a inteligencia, hay dos aportes claves en la prevención de la ‘toma de Lima’. Uno es el apoyo de drones que monitorean desplazamientos de manifestantes desde el aire. El otro, son las cámaras de la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima), ya puestas a punto por la gestión de Rafael López Aliaga y que permiten, desde distancias más cortas y mejores ángulos que los drones, identificar a los violentos como no se pudo hacer en el 2020 al estar inoperativas la mayoría de las cámaras.

La protesta, la pacífica y la violenta, sigue en Lima y en varias regiones del país. El reto es tan intenso y diseminado que demanda un enfoque político fino. El primer ministro, Alberto Otárola, desde que estuvo en Defensa, es tributario de la primacía del enfoque policial. Boluarte de debate entre ambos. Por ejemplo, cuando dijo, “yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma”, parecía estar ensayando un guiño dialogante a los manifestantes a tono con su diezmado entorno progresista. Sin embargo, a partir del 18, al asumir que la Lima está bajo control, se ha colocado nuevamente el chaleco salvavidas de la inteligencia represiva. De los otros chalecos, como ya vimos, uno está pinchado y el más promisorio, el del adelanto de elecciones, no ha sido siquiera encargado.