El 18 de marzo, solo dos días después de resultar electo como titular del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular) fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente Martín Vizcarra. Se trató de un encuentro auspicioso, considerando los llamados a la unidad para enfrentar al coronavirus y que se iniciaba la gestión del nuevo Parlamento luego de la disolución del anterior producto de una severa crisis política. Empero, nada hacía prever que las sonrisas y los buenos deseos expresados en ese diálogo se tornarían, seis meses después, en una nueva confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que llevaría a un hoy fallido proceso de vacancia presidencial y dejaría acusaciones en torno a mentiras, manipulaciones y conspiración.
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Vizcarra heredó el gobierno del país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien en el 2016 llegó al poder sin que su partido Peruanos por el Kambio (hoy Contigo) logre la primera minoría en el Congreso, un escenario particular a comparación de anteriores quinquenios, en donde tanto el jefe de Estado, como la cabeza del Congreso, solían pertenecer a una misma organización política, realizar coordinaciones, tener una relación más armoniosa, arribar a más consensos o por lo menos coincidir en posturas a partir de la complicidad partidaria.
Pero sin partido ni bancada, Vizcarra tuvo constantes encontrones con el Parlamento, principalmente en torno a reformas políticas y judiciales, hasta que optó por disolverlo en setiembre del 2019. Instalada la nueva Representación Nacional en marzo del 2020 tras elecciones complementarias, ha continuado arrastrando una dinámica de confrontación, autonomía, independencia e incluso silencio e indiferencia ante el Legislativo, según consideró el politólogo Omar Awapara, en diálogo con El Comercio en la quincena de este mes.
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“Es una relación que ha podido desarrollarse, pero no creo que Vizcarra haya tenido el incentivo para hacerlo. No está en su ADN, al parecer. Arrastra, más bien, esta intención de confrontar, más que conciliar o buscar apoyo o auxilio en el Congreso. Y cuando ha intentado alguna asociación no lo ha hecho directamente con el Legislativo, sino apelar a temas como el Pacto Perú, el Consejo de Estado, donde el Congreso era uno más, no el interlocutor del Ejecutivo, sino uno más de los participantes, como no dándole esa condición de igual”, sostuvo Awapara.
Por su parte, el Congreso que lidera Merino de Lama ha tomado protagonismo en medio de la pandemia del coronavirus, a raíz de proyectos de ley calificados como populistas por el Gobierno.
“Desde el debate de proyectos de ley de la agenda económica (retiro del 100% de los fondos de la AFP, de la ONP, congelamiento de deudas, etc.), pasando por los pedidos de interpelación y la presentación de audios, queda claro que no ha habido un ánimo de lograr un dialogo genuino y debatir sobre el cómo afrontar los temas de trascendencia nacional que repercuten en la vida de todos los peruanos hoy”, apuntó la politóloga Karen López Tello, cuando fue consultada por El Comercio.
Según su evaluación, la relación Vizcarra-Merino, en la práctica, no se ha trabajado ante un objetivo común. Y si bien las funciones de fiscalización y control político del Congreso son claves, resaltó que no deberían estar por encima de la atención inmediata y conjunta del enemigo en común que es la pandemia. “Hasta esta oportunidad que teníamos con el Pacto Perú, cuestionada por sus niveles de eficacia, ya la hemos perdido”, sentenció.
Inicio protocolar
Aquel primer acercamiento del 18 de marzo entre Vizcarra y Merino se dio en privado y a solo horas del inicio del estado de emergencia en el país por el COVID-19.
Por entonces la Presidencia de la República, informó que el diálogo se dio “con el propósito de fijar una agenda común de trabajo en beneficio de los ciudadanos”. A su turno, la página web institucional del Congreso reportaba que, en representación del Parlamento, Merino de Lama expresó su apoyo a las medidas restrictivas dispuestas por el Ejecutivo y que “ambas autoridades se comprometieron a tomar coordinadamente las medidas que sean necesarias para sacar adelante nuestro país ante este serio problema del coronavirus”.
Merino ya había hecho su expresión de buenas intenciones en una entrevista con El Comercio antes de jurar incluso como congresista, cuando ya se sabía que —gracias a una coalición de fuerzas políticas por la Mesa Directiva— él iba a asumir la presidencia del Legislativo. Incluso buscaba desmarcarse del anterior Parlamento y su conducción. “Creo que el fracaso del Legislativo es justamente por la conducta que tuvo la mesa”, comentó en el diálogo.
Pero también hacía una advertencia: “Vamos a coordinar y articular con ellos, porque el Perú necesita que hagamos un proceso de coordinación, no para ser comparsa de acompañamiento, sino para poder trabajar articuladamente. Y en el tema de fiscalización, si es necesario nombrar comisiones por actos irregulares, lo propondremos”.
Solo días después de asumir la presidencia de la Mesa Directiva, en otra entrevista con este Diario, ratificó que, bajo su conducción, el Congreso iba a tener “toda la disposición de apoyar al gobierno”. Y también insistió: “Entonces, ¿cuál es la función de este nuevo Parlamento? Colaborar con el Ejecutivo, darle todo el respaldo necesario, pero eso no significa impunidad. Si hay temas irregulares, como Parlamento, tenemos que realizar acciones de control y fiscalización […] Hay intención de colaborar, no para darle impunidad al Ejecutivo, sino gobernabilidad”.
Llegó, posteriormente, el primer viaje de Merino junto a Vizcarra. El destino fue Tumbes, región del legislador, para evaluar la situación de la emergencia en dicha jurisdicción. “Seguiré cumpliendo mi labor fiscalizadora y representativa en esta emergencia que azota nuestro departamento y a todo nuestro país, momento en el cual es necesario que todas las autoridades trabajemos articuladamente”, exhortó ese día Merino en Facebook al dar cuenta de sus actividades.
Mientras el Congreso empezaba a concentrar sus fuerzas en las medidas que consideraba urgentes para paliar los estragos de la pandemia, el presidente Martín Vizcarra hacía lo propio desde su perspectiva y aparecía casi a diario a través de pronunciamientos y conferencias de prensa en las que daba cuenta de las medidas frente al coronavirus y el avance de mismo en el país.
Ello, no obstante, no fue óbice para que también expresara su ánimo de un trabajo conjunto con el Parlamento. “Recordemos que el año pasado la población llamaba la atención a la clase política porque no se ponía de acuerdo, confrontados Poder Ejecutivo y Legislativo. No podemos, en una situación de emergencia, estar nuevamente confrontados, aquí tenemos que buscar consenso, hacer esfuerzo”, manifestó el 31 de marzo.
Esa postura en contra del enfrentamiento incluso fue resaltada por el mandatario solo días después de las elecciones legislativas del 26 de enero. En entrevista con Canal N, dijo que los resultados de los comicios demostraron que la ciudadanía castiga la política confrontacional. Luego, inició una ronda de diálogo con los partidos políticos, saludó que Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú hayan firmado un acuerdo por la gobernabilidad y dijo esperar que los parlamentarios electos cumplan con sus promesas de campaña.
Además, participó en la entrega de credenciales a los legisladores electos y, en declaraciones a la prensa, aseveró: “No, estimo que no va a haber [nuevos enfrentamientos con el Congreso]. He visto en todas las bancadas la mejor voluntad de trabajar en conjunto”. El tiempo y el giro que implicó el hacer frente al coronavirus desde el Parlamento y el Ejecutivo, cada uno bajo su propia postura, le respondieron en la cara al presidente.
Medición de fuerzas
Fue así que la luna de miel, si es que la hubo verdaderamente, duró poco o nada. Las expresiones de buena voluntad e intenciones dieron paso rápidamente a una medición de fuerzas constante.
Una primera diferencia vino luego de que, el 28 de marzo, la Mesa Directiva del Congreso publicara por insistencia la Ley de Protección Policial, que exonera a policías y militares de responsabilidad penal por causar lesiones o muertes en uso de armas u otro medio de defensa. El gobierno de Vizcarra, que no había promulgado ni observado la norma, cuestionó la medida pero no anunció alguna medida concreta contra ella.
Luego se dieron otras controversias iniciales, por ejemplo sobre el control concurrente o simultáneo de la contraloría a las contrataciones públicas que se realicen en medio de la emergencia sanitaria, así como por el deshacinamiento de penales. En abril, un proyecto de ley de Merino en torno a la democracia interna de los partidos sin considerar la alternancia en las listas generó el airado reclamo de Vizcarra, quien criticó a quienes “aprovechándose de la emergencia sanitaria quieren retroceder” en acuerdos ya logrados.
La tensión aumentó luego de que el Congreso aprobara el 3 de abril la ley que permite el retiro del 25% de fondos de las AFP, que el Ejecutivo no observó ni promulgó, dejando la publicación en manos del Legislativo. Además, este se enrumbó en la reforma del sistema de pensiones tras dejar de lado un proyecto del Gobierno.
Asimismo, nuevas fricciones se dieron en mayo debido a que el Congreso aprobó una ley que formaliza el taxi colectivo, salvo en Lima y Callao, la cual fue observada por el Ejecutivo, aunque la Comisión de Transportes apuesta por la insistencia. También hubo un enfrentamiento por la ley —aprobada por insistencia— que suspendió provisionalmente el cobro de peajes en vías concesionadas, que ya llevó al actual Gobierno y al Parlamento al Tribunal Constitucional, donde finalmente se declaró inconstitucional a la norma.
A fines de mayo, el camino hacia la presentación del Gabinete del ex primer ministro Vicente Zeballos ante el pleno, a fin de obtener el voto de confianza y exponer los actos durante el interregno, estuvieron precedidas de diferencias en torno a iniciativas legislativas y también de más frases confrontacionales. “Este es un Congreso diferente, hoy tenemos que unir esfuerzos, tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia”, exclamó Merino en conferencia de prensa.
Hacia julio, otro punto en debate era la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El pleno del Congreso aprobó dicha reforma constitucional, pero añadió otros cambios que establecieron que los ministros no tengan antejuicio y que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandado o con anterioridad. Esto generó una nueva crisis entre poderes que generó una convocatoria al Consejo de Estado, en donde se coincidió en la necesidad de un amplio debate y reflexión sobre el tema, que ha quedado pendiente de segunda votación.
Ese mes, el presidente Martín Vizcarra también calificó de “exceso” las intenciones desde el Parlamento de interpelar hasta a seis ministros. Recientemente, el caso de la titular de Economía, María Antonieta Alva, llegó hasta una moción de censura que no alcanzó los votos suficientes en el pleno para concretarse.
En medio de diferencias por iniciativas legislativas y diversas medidas, a fines de julio, en su último mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Vizcarra convocó a los partidos políticos a sumarse a lo que denominó el “Pacto Perú”, con el fin de llegar a consensos mínimos de cara a las elecciones del 2021 y el bicentenario. Aquel día, dijo que llegaba a la sede del Parlamento “con un mensaje de renovación, unidad y esperanza”.
En agosto, el Ejecutivo observó diferentes leyes del sector salud aprobadas por el Congreso. La referida a los ascensos automáticos en el personal de salud también generó que el Gobierno presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración del principio de separación de poderes, las competencias para administrar la hacienda pública, la prohibición al Parlamento para crear o aumentar el gasto público, entre otros. Otras normas que causaron choques fueron la que sanciona el acaparamiento y especulación, aprobada por insistencia, y la que permite el retiro de los fondos de la ONP hasta por una UIT (S/4.300).
Pero antes de llegar a la crisis que se produjo por la moción de vacancia, rechazada el 18 de septiembre, el capítulo de confrontación más álgido entre el Gobierno y el Congreso se dio también en agosto a raíz de le negativa de la confianza al Gabinete de Pedro Cateriano.
En un pronunciamiento tras la decisión del pleno, Vizcarra señaló “acomodos bajo intereses particulares” en torno a la reforma universitaria y que los “métodos y prácticas” del Parlamento que fue disuelto “han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante”.
La respuesta de Merino no se hizo esperar: “Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza […] La crisis del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República porque él ha sabido del fracaso en temas de salud y economía”.
El choque por la vacancia
El intercambio verbal entre Vizcarra y Merino tuvo un nuevo episodio a raíz de los audios que Edgar Alarcón (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización, difundió en el pleno del Congreso el jueves 10 de setiembre, que involucraban al jefe de Estado con el Caso Richard Swing y una presunta trama de deslealtades en su entorno más cercano. Estos audios ahondaron aún más a la crisis y confrontación protagonizada por el Ejecutivo y el Parlamento y derivaron en una moción de vacancia contra el mandatario, que finalmente fue rechazada con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.
Previamente, Vizcarra emitió un mensaje a la nación acusando un “complot”, “intereses subalternos”, “prácticas montesinistas”, “un vil intento de desestabilizar no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad y democracia”, y “una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones”.
Pese a ello, dijo estar abierto a las investigaciones, negó que vaya a renunciar, rechazó que existan causales de vacancia y explicó que las conversaciones con las exfuncionarias Karem Roca y Mirian Morales “fueron coordinaciones internas” para esclarecer las visitas del cantante Richard Swing a Palacio de Gobierno y sus nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, pese a que no habría cumplido con el perfil requerido.
Las referencias directas a Merino vinieron luego de que el portal IDL-Reporteros informara que el titular del Legislativo habría buscado contactarse con jefes de las Fuerzas Armadas para obtener su respaldo, incluso antes de que se admita la moción de vacancia contra Vizcarra. El mandatario acusó al congresista de Acción Popular de “conspiración” y aseveró que este planeó “pseudos Gabinetes”.
En una conferencia de prensa posterior a ello, Merino admitió haberse comunicado con el comandante general de la Marina, Fernando Cerdán, pero negó un interés por desestabilizar al gobierno.
Pero en otro pronunciamiento, ofreció sus disculpas a las Fuerzas Armadas y habló con mayor acidez al responder a Vizcarra: “El señor Vizcarra no debería utilizar la imaginación fantasiosa del pseudo Gabinete como yo no podría utilizar trascendidos no comprobados como la supuesta visita a determinados lugares que no son convenientes en momentos difíciles que atraviesa el país”. En su opinión, era Vizcarra el que contribuía a la confrontación y a confundir al país.
Por su parte, el presidente Vizcarra, minutos después de que el pleno del Congreso rechazara la moción de vacancia, utilizó su cuenta de Twitter para hacer un llamado a la unidad.
“Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos. La lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, escribió Martín Vizcarra.
Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos. (1/2)
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) September 19, 2020
Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, agradeció al Congreso de la República por rechazar la vacancia y dijo creer que el país “necesitaba” que el Poder Ejecutivo y el Legislativo encuentren “una armonía”.
“Por la tarde hablé con el presidente del Congreso para que cuando pase este episodio podamos conversar. El señor Merino es una persona muy madura políticamente, psicológicamente, y tenemos muy claro que en este momento priman los intereses del pueblo peruano, ante eso tenemos que anteponer cualquier interés”, señaló en declaraciones a RPP.
Si bien Merino y Vizcarra coincidieron en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, será este lunes 28 de septiembre que tendrán un primer encuentro oficial tras la fallida moción de vacancia. No se ha informado sobre la agenda exacta de la reunión, salvo lo dicho por el propio Vizcarra cuando confirmó la fecha y hora de esta. “Ya tengo coordinada una reunión el día lunes, a las 4 de la tarde, con el presidente del Congreso para establecer una agenda común y dejar de lado esos inconvenientes que hubo de carácter político y juntarnos, porque de nada sirve la pelea entre autoridades que afecta a la población”, dijo el presidente el sábado desde Tacna.
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