Ministerio de Educación: ¿cuántos nexos políticos acumula el sector liderado por Rosendo Serna en sus instancias técnicas?

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Adicionalmente, el grupo señalado ingresó hace menos de cuatro meses, poco después de la llegada de Rosendo Serna como titular del sector. Entre los afiliados al partido del lápiz que hoy tienen cargos relacionados a esa cartera, están el director de Asistencia Integral y Monitoreo de la Secretaría Nacional de la Juventud, Julián Blas Tucto; el director de Formación Docente, Percy Chávez Lume; el presidente del Centro Vacacional Huampaní, César Eusebio Padilla; y la integrante del directorio de ese mismo centro recreativo Blanca Burga Jara.

En marzo de este año, rotó de puesto Roy Palacios Ávalos, dirigente de la Fenatep, organización cuya base aspira a convertirse en partido político bajo el nombre de Partido Magisterial y Popular. Antes de que Palacios fuera designado como director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), había ocupado el viceministerio de Gestión Institucional.

Dentro del Minedu también se encuentran como funcionarios con carné partidario Pablo Ferruzo Fernández y Wilder Bustamante Idrogo; ambos de Alianza para el Progreso. Ferruzo es director de Relaciones Intergubernamentales, mientras que Bustamante ocupa la dirección de Educación Física y Deporte. Pedro Carrera Ramos es otro militante del partido de César Acuña, y uno de los más recientes en sumarse al ministerio, con el puesto de director en Supervisión de Convenios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Por su parte, dos militantes de Acción Popular también laboran en puestos medios del sector: César Pino Vargas encabeza la dirección Técnico Normativa de Docentes, y Flor Llaury López es coordinadora de proyectos de Infraestructura Educativa de Escuelas Bicentenario. Finalmente, está Santiago García Montañez, afiliado a Somos Perú, quien desde febrero es jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica.

Volatilidad sectorial y preocupación sobre reformas

El ingreso de Roy Palacios como director de Pronabec recibió en su momento varias críticas. En principio, por sus nexos con la Fenate, de la que fue secretario general en Pasco. Dicha federación –reconocida como sindicato por el Ministerio de Trabajo desde agosto– tiene entre sus principales demandas el nombramiento automático de docentes sin pasar por la evaluación que impulsa la Ley de Reforma Magisterial.

En diálogo con El Comercio, el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, destacó que los lazos sindicales del presidente Castillo pueden generar tensión en el sector, que aún no ha visto consolidadas sus reformas. Como se recuerda, las reformas centrales del Minedu son la docente, la universitaria y la curricular. Todas obtuvieron marco legal en los últimos diez años.

“Tenemos que partir de una situación particular, y es que el presidente Castillo proviene del sector [de la educación]. No solo es maestro, sino que ha conformado un sindicato [la Fenatep]. Un sindicato que, ciertamente, ha estado –desde siempre; no solo desde ahora– en contra de algunas de estas reformas que se han estado instalando. Entonces, se hace más difícil que cualquier perfil de funcionario durante este gobierno pueda tener tanta autonomía porque hay una línea con respecto al tema sindical y también con respecto a las reformas. De esa manera, siempre se tendrá un nivel de tensión en el Ejecutivo porque los ministros u otros funcionarios van a estar de un lado o de otro o tratando de estar en el medio”, dijo.

En cuanto a la alta rotación de funcionarios en varios de los niveles del ministerio, Cuenca –quien fue titular entre el 2020 y el 2021– destacó que la sostenibilidad de las políticas sectoriales también corre por la de su personal en puestos ejecutivos y técnicos.

“Cuando yo entré al ministerio, por ejemplo, encontré parte de los mismos equipos trabajando desde el 2012 ó 2014. Solo en el último quinquenio, al 2021, la cartera Educación tuvo más de seis ministros, y los equipos [en mandos medios] no cambiaron en ese tiempo. Pero si hoy tenemos, además de una alta rotación de ministros, conflictos entre cuadros entrantes porque no se consideran las políticas ya trabajadas por años, el resultado puede ser la tormenta perfecta para que las reformas fracasen”, expresó el exministro.

Un dato que sirve contraste a la volatilidad es el vacío de puestos clave dentro del Minedu. Cuando Roy Palacios renunció al viceministerio de Gestión Institucional, el ministro actual Rosendo Serna no cubrió el puesto con otro funcionario. Desde marzo, la vacante de Palacios viene siendo encargada a Walter Hernández Alcántara, quien ya desempeñaba funciones como viceministro de Gestión Pedagógica dos meses antes. Cabe señalar, además, que Hernández no acredita experiencia en gestión pública fuera de sus años como profesor universitario.

La especialista en políticas educativas y cofundadora de MásEducaciónPe, Carla Gamberini, dijo a El Comercio que el caso de Hernández es preocupante, debido a que ambos viceministerios no pueden sostenerse con una sola persona. Explicó que estos despachos requieren perfiles y competencias distintas.

“Yo diría que es hasta irresponsable dejar a una misma persona a cargo de estos dos viceministerios; no solo por la carga que esto implica, sino porque normalmente demandan diferentes competencias. Por un lado, se necesita un liderazgo desde el punto de vista pedagógico, con conocimiento de gestión, y por el otro se necesita dominio en estrategias de planificación, con conocimiento más inclinado a temas presupuestales. Aunque una persona pueda tener ese conjunto de habilidades y entendimientos, no es posible partirse con eficiencia en dos para ambos despachos”, explicó.

Funcionarios de Perú Libre con denuncias

De los cuatro funcionarios provenientes de Perú Libre que indicamos al inicio, tres llevan sanciones o denuncias en sus hojas de vida. Julián Blas, director dentro de la Secretaría Nacional de la Juventud del Minedu, fue sancionado en enero del 2021 por agravio psicológico contra seis estudiantes del colegio Fernando Carbajal Segura, de Aguaytía, Ucayali. De acuerdo con la Resolución Nº 202-2021 del Tribunal de Servicio Civil, que declara infundada su apelación, Blas Tucto admitió haber “arrugado los trabajos presentados por los alumnos” y que “se dejó llevar por la falta de respeto y seriedad” de estos.

En el alegato de los menores, se señala que el maestro no habría tolerado la presentación de la tarea en hojas de cuaderno y que arrugó lo recibido para después echarlo al tacho de basura. El caso ocurrió en marzo del 2019. Luego de un proceso iniciado por la UGEL Padre Abad, se sancionó al docente Blas con un cese temporal por 31 días y sin goce de remuneraciones. Asimismo, la sala de Servir declaró luego agotada la vía administrativa “al encontrarse acreditada la falta imputada”.

De otro lado, los militantes Percy Chávez –ahora director de Formación Docente– y César Eusebio –ahora presidente del Centro Vacacional Huampaní, adscrito al Minedu– registran denuncias penales. Chávez Lume, quien fuera asesor del despacho del congresista Abel Reyes (Perú Libre), fue denunciado en octubre del 2021 por violencia física y psicológica contra su pareja.

En el caso de Eusebio Padilla, Perú 21 informó en el 2012 que este fue denunciado dos años antes por presunta estafa. El último 16 de junio, el directorio de Huampaní, liderado por Eusebio, designó a Juan Vargas Ramos, también militante de Perú Libre, como jefe de asesoría legal del centro estatal de esparcimiento.

Para la especialista en políticas educativas, Carla Gamberini, si bien la afiliación política no es una característica negativa en sí misma, esta no debería ser el factor que más pese al momento de designar a funcionarios. En ese sentido, sostiene que la experiencia y la ética son criterios clave en selecciones para cargos de confianza. “Esperemos que no esté dándose una especie de politización de los cargos dentro del sector, pero lo más preocupante es que veamos a personas cuestionadas ocupándolos. Aunque no sean casos judicializados con sentencia firme, debería ser inaceptable que personas con historial de agresión a estudiantes y familiar, estén ejerciendo funciones”, comentó.