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Mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga a la suspendida fiscal Patricia Benavides y un sector del Congreso busca destituir a los miembros de dicha instancia, el Gobierno de Dina Boluarte convocará al Consejo para la reforma del Sistema de Justicia este 9 de enero.
“Nuevamente se va a activar el Consejo de Reforma de Justicia en el que vamos a analizar las políticas públicas en materia de justicia”, adelantó en RPP el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está conformado por el presidente de la República, el fiscal de la Nación, los titulares del Congreso, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia, así como el contralor y el defensor del Pueblo.
En RPP, Arana señaló que está convocando para tal fin a todos los titulares de los sectores vinculados a su sector, incluyendo al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, con quien dijo que conversó sobre los decretos emitidos por el Ejecutivo que le otorgan facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú.
El Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia busca impulsar reformas del sector, coordinar ejecución de políticas por parte de los integrantes de este sistema y también hace seguimiento a la ejecución e implementación del proceso de reforma.
Eduardo Arana, en otro momento, evitó opinar sobre el proyecto de ley presentado por Alianza Para el Progreso (APP) con Roberto Chiabra a la cabeza, en el cual se propone que sea el Congreso el encargado de destituir a jueces y fiscales, quitándole la atribución a la JNJ.
El ministro negó haber leído el proyecto de ley y haberse limitado a enterarse de su existencia a través de titulares.
“Yo no puedo opinar todavía sobre algo que no conozco. Si no conozco el proyecto de ley, mal haría yo en pronunciarme, más aún en mi calidad de ministro podría incluso comprometer la situación del Gobierno en un hecho que merece una atención y un particular análisis”, fue todo lo que respondió.
Arana precisó que la iniciativa de Chiabra será debatida en la Comisión de Constitución, donde en su momento se solicitará la opinión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
