El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, remarcó que el Gobierno no contribuirá a que el mecanismo de la colaboración eficaz se vea perjudicado, esto tras el proyecto aprobado en el Congreso de la República.
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“Lo que sí les puedo decir y garantizar es que el sector está en la línea de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, de ninguna manera nosotros vamos a facilitar o contribuir a que este instrumento tan importante, que es la colaboración eficaz, se vea perjudicado, además es la línea que también ha indicado la presidenta (Dina Boluarte) de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado”, manifestó el integrante del Gabinete Ministerial tras su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Además, Maurate indicó que entre el miércoles y jueves de la próxima semana el área técnica del Minjusdh entregará el análisis de la norma, para luego ser debatido en el Consejo de Ministros y remitido, después de tres o cuatro días, a la presidenta Dina Boluarte.
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“Eso ha llegado recién al sector, ya lo tenemos, estamos trabajando, las áreas técnicas, seguramente, en la próxima semana, que será miércoles o jueves, a más tardar, nos entregarán los informes, nosotros luego lo evaluaremos en el gabinete y tomaremos dos o tres días, quizás, para poder entregar el informe a la presidenta de la República”, manifestó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos saludó las opiniones del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado sobre el proyecto de ley de la colaboración eficaz.
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La norma aprobada, el pasado 22 de junio, limita la colaboración eficaz, según advierten especialistas y diversas autoridades. El proyecto señala que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses. Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.
Además, establece que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.
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El pleno del Parlamento también aprobó exonerar el proyecto de segunda votación. Con esa decisión, la autógrafa de ley queda en manos del Poder Ejecutivo.
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