— ¿Qué pasará con el examen nacional de medicina (ENAM) para acceder al Serums? Varias facultades de Medicina, incluyendo la Cayetano Heredia y San Marcos, han dicho que no se van a alinear, que no están de acuerdo con el examen que usted ha propuesto, pues el Minsa no garantiza los requisitos esenciales de calidad.
Que el examen ya ha sido convocado oficialmente y las inscripciones están en curso. Desde el 15 de agosto hasta el 24 de agosto, en menos de dos días van cerca de 2.500 inscritos y vamos en un ritmo de convocatoria más que suficiente. No vamos a retroceder.
— ¿Y por qué cree que facultades de Medicina tan prestigiosas están en contra?
En principio, tengo que aclarar que la calidad de un profesional, de un titulado, no depende del Ministerio de Salud. Depende de las facultades de Medicina. Cualquier universidad de prestigio, que ha formado bien a sus alumnos no tiene por qué preocuparse de un examen. Aquí el tema principal es el interés económico. Estas universidades, al declinar participar en el proceso del examen están demostrando que, en vez de defender la meritocracia, están defendiendo los intereses económicos de sus facultades. San Marcos y Cayetano son prácticamente las universidades que lideran esta entidad privada que es la Asociación de Facultades de Medicina. Con la medida que hemos tomado, dejarán de obtener tremendas utilidades; millones de soles al año; y obviamente se aferran con uñas y dientes. Lo que están haciendo es una pataleta porque les hemos quitado el negocio.
— ¿Cuántos millones ganaban al año las universidades por tomar este examen?
Son cerca de 4.500 alumnos en Medicina que salen al año. Si tú multiplicas por 250 que costaba el examen más un porcentaje de jalados que ellos mismos han dado, que es 70%, los cálculos bien prudentes que se pueden hacer, porque nadie tiene información oficial del manejo contable, fácilmente superan los S/4 millones al año. Sin contar las academias alrededor para que puedan aprobar el examen.
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— El doctor Elmer Huerta dice que usted es un ministro mañoso, que está boicoteando a los alumnos y ayudando, como operador político, a la UCV que es de César Acuña, líder de su partido.
El doctor Huerta y todos los médicos antiguos hemos hecho el Serums con un simple sorteo. La universidad nos evaluaba lo suficientemente bien antes de darnos el título y salíamos simplemente a escoger qué plazas nos tocaba a través del sorteo. ¿Podemos decir que los médicos antiguos éramos malos porque no dimos examen? En el 2008, viene un ministro y dice este examen particular que toman las facultades de Medicina va a servir como requisito para la distribución de las plazas en orden de mérito. El que saca más nota escoge, ya no era sorteo como antes, ahora el más estudioso escoge. Todos los profesionales recién egresados estaban obligados a dar este examen y tenían que buscar presupuesto como sea. Eso fue del 2008 al 2016.
— ¿Qué paso en el 2016?
Se sacó otra norma que decía: para escoger en orden de mérito las plazas, ahora es necesario aprobar. Si no apruebas, no haces Serums. Entonces, el negocio se multiplica, porque, ¡oh casualidad!, daban exámenes de recuperación y cada examen costaba cuatro veces más que el examen inicial. El examen normal llegó a costar hasta 250 soles y el examen de reprobado hasta 850. Era muy rentable jalar a los alumnos. Esta norma, que obliga a aprobar el examen, es inconstitucional porque hay una ley que dice que solamente son dos requisitos para ejercer: tener título profesional y tener colegiatura profesional. No hay un tercer requisito para ejercer. Pero a través de una norma menor, una resolución ministerial, se inventó un tercer requisito. Cuando tomo la decisión, comienzan a decir que era un atentado contra la meritocracia, que estábamos permitiendo que los jalados vayan a atender a las zonas más pobres, comenzaron a hacerme cargamontón. Nosotros hemos decidido invertir en tomarles un examen gratis, a estar capacitándolos después que llegan al Serums.
—¿Y si no pasan el examen, no harán Serums?
No podríamos restringir, sería inconstitucional.
— Entonces, ¿para qué toman el examen?
Para el orden de mérito, para que escojan las mejores plazas. Saco la mejor nota y yo decido a dónde voy. Si soy de Cajamarca y hay plaza de Cajamarca, me voy junto a mi familia. Pero, si estoy en los últimos lugares escojo los que quedan. El único objetivo es romper el negocio.
— ¿Usted diría que los alumnos de la UCV son malos médicos?
No podría atreverme a decirlo porque no los he evaluado. Lo que yo te puedo decir es que si jalaban antes y si ha sido transparente, jalarán hoy. No hay forma que yo los pueda ayudar. Soy consciente de que he puesto el dedo en la pus y en el bolsillo de grupos de poder y van a saltar con todo a hacer su pataleta.
— Usted ha hablado del cártel de las medicinas. Ha dicho que varias farmacéuticas se ponían de acuerdo para venderle medicamentos al Minsa y que, incluso, se alinearon para que se declarara desierta la licitación.
Yo me ratifico en lo dicho. Hay una investigación en Indecopi que está en curso y que ha determinado que son 15 empresas que tienen este ‘modus operandi’, que se coludieron para concertar precios, para no presentarse en ciertos procesos de licitación, para impulsar o forzar a un supuesto desabastecimiento de medicamentos, para que luego el ministro de turno comprara de manera directa a costos más altos. Eso ha funcionado históricamente y gracias a Dios se está investigando.
— ¿Cuándo comenzó todo esto?
A partir del 2010 se comenzó a implementar la compra a gran escala, fue una idea brillante. Se propuso que a través de Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) se comprara a gran escala para ahorrar costos. La intención era comprar para todos los hospitales del país y que bajaran los costos. La intención fue buena, pero nunca funcionó por estas empresas que petardeaban el funcionamiento con prácticas maquiavélicas: forzaban desabastecimiento y contaron con operadores políticos, y periodistas que salían en los medios para crear una sensación de desabastecimiento brutal. La idea era arrinconar al ministro y que este, desesperado, dijera a los hospitales que salieran a comprar.
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— ¿Nunca funcionó la compra a gran escala?
No. Yo estoy revirtiendo eso y les duele. Poco a poco le estoy quitando presupuesto a los hospitales, porque además que compran caro han demostrado que no ejecutan rápido y demoran en la adquisición. Estoy dándole más presupuesto a Cenares. Para el otro año estamos dándole 700 millones de soles más. Esto no se hacía antes, por eso llegaba el año, no había medicina, el SIS repartía la plata a todos los hospitales y negocio redondo. Hoy estamos tratando de hacer la compra centralizada.
— ¿Nos está diciendo que 15 empresas se juntaron para negociar con la salud de los peruanos?
No lo estoy diciendo yo, es una investigación bien objetiva iniciada en Indecopi. Nosotros creemos que esto existe y por eso hemos denunciado. Lamentablemente, la normativa actual no nos permite excluirlos de los procesos. Mientras no estén con sentencia, inhabilitados, lamentablemente pueden participar. Por eso hemos hecho la denuncia al Ministerio Público.
— ¿Cuál ha sido el ‘modus operandi’ de estas farmacéuticas?
Forzaban desabastecimiento no presentándose a los procesos, poniéndose de acuerdo. Si el Minsa quiere comprar antibióticos, por ejemplo, uno: no se presentaban; dos: presentaban precios altos, mucho más altos. Como el ministerio había hecho estudios de mercado previo y los precios eran muy altos, se declara desierto. Entonces, comenzaba todo el trabajo de segunda línea que es mediático: opinólogos para asustar y arrinconar al ministro. Creando la sensación de que estamos desabastecidos, que los hospitales no tienen medicamentos, que la gente se está muriendo y que el ministro es el culpable, este va a disponer que le pasen presupuesto a todos los hospitales y los hospitales van a comprar en menor escala, por poquitos. Lo que podría comprar, por ejemplo, 1.000 medicamentos juntos, aquí le voy a dar para que compre 50, 50, 20, 100 cada hospital. Y eso a un precio triple, cuádruple, a veces más. Entonces, la ganancia está en que les compren por pocos, porque ganan mucho más.
— ¿El negocio era ir hospital por hospital, pitufear?
Así es. Ellos se ponían de acuerdo. Eso es lo que está investigando Indecopi y eso es lo que yo quiero que investigue la fiscalía. Ojalá se aclaren estas sospechas.
— ¿Y cuánto subía el precio hospital por hospital?
Dependiendo. Hospitales que estaban cerca de Lima y compraban cantidades grandes, quizás tres veces más. Pero si vas a un hospital lejos de provincias, cuatro y cinco veces más. Yo creo que estas mafias nunca dejaron a Cenares desarrollarse. Y lo digo con todas sus letras: son mafias que deben investigarse. Y no solamente me doy cuenta de la gravedad de la denuncia, sino también del riesgo al que me estoy exponiendo por enfrentarme a tremendos poderes económicos. En política no hay casualidades y que de un momento a otro me hagan tanto cargamontón es porque estamos pisando callos poderosos.
“Estamos lejos de cuestionamientos por corrupción de otros gobiernos”
—El congresista Málaga ha interpuesto una denuncia constitucional por el uso de pruebas rápidas durante la pandemia y acusa por homicidio doloso a Martín Vizcarra y al exministro de Salud Víctor Zamora. ¿Cuál es su opinión?
El congresista Málaga, además de tener las facultades para hacer este tipo de denuncias, es un investigador respetado en el medio; tiene la autoridad técnica y moral para hablar del tema y defenderlo en el escenario parlamentario. Nosotros seguramente seremos consultados en su momento, pero yo he sido bien claro en la ONU: fuimos el país que tuvo mayor mortalidad por COVID-19 en el mundo y eso se debió a un pésimo manejo de la pandemia. En esto tiene mucho que ver la compra de las pruebas rápidas.
—¿Entonces sí se cometió homicidio doloso? ¿Se pudo haber evitado tantas muertes si se hubiera priorizado las pruebas moleculares en lugar de las rápidas que arrojaban falsos negativos?
Esta vez voy a abstenerme de decir lo que pienso para que no se politice o se pueda adelantar opinión. Seguramente solicitarán al ministerio opinión técnica legal y no quisiera viciar el proceso. Hay que esperar que se investigue.
—¿Zamora y Vizcarra tienen que ser inhabilitados por 10 años de cualquier cargo público?
Es una decisión política que el Congreso debe tomar y, en mi condición de ministro de Estado, no me corresponde pronunciarme.
—¿Sigue pensando que las denuncias sobre Dina Boluarte y los Rolex eran un caso doméstico?
Hemos estado acostumbrados a tener presidentes que han estado involucrados en coimas millonarias por grandes obras, y sin tener que desmerecer la investigación que se debe seguir para cualquier caso, por más pequeño que sea, estamos muy lejos de los cuestionamientos de corrupción que han ocurrido en otros gobiernos. A eso me refería. Yo confío finalmente en que la presidenta de la República pueda dar todas las respuestas y colaborar con la fiscalía para que haga bien su trabajo. Ahora bien, comparemos: un policía le rompe la puerta a una presidenta para ver si encuentra un reloj; tenemos laboratorios que se llevan miles de millones al año y demoran en abrir las investigaciones. Raro, ¿no?
—¿Me está diciendo que frente a la denuncia de Indecopi, del club de los medicamentos, no hemos visto a nadie rompiendo puertas?
Exactamente. Hay una desproporción tremenda y muy interesante de analizar. Las diferencias cuando se investiga a políticos y cuando se investiga a mafiosos. ¿Acaso la gente de Odebrecht y Graña Montero están presos? Los políticos sí lo están. Si seguimos con esta tendencia de que al empresario lo premiamos y al político lo encerramos, seguramente tendremos las cárceles llenas de políticos, pero nunca se acabará la corrupción, porque el corruptor sigue premiado.