Coracora, capital del departamento ayacuchano de Parinacochas, fue la plaza donde surgió la primera controversia del gabinete Mirtha Vásquez que tiene a la presidenta del Consejo de Ministros como principal blanco de las críticas.
El último viernes, Vásquez firmó allí un acta con autoridades y dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. En el documento, se acordó crear una comisión para negociar los términos del cierre de las unidades mineras de la cuenca Apomayo, Breapampa, Pallacanta e Inmaculada. La firma vino con otro compromiso.
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“Quiero anunciar que, respecto a las cuatro mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, dijo la primera ministra ante la ciudadanía reunida ese día en la plaza de toros Virgen de las Nieves.
El acuerdo de la PCM y las declaraciones de Mirtha Vásquez generaron el rechazo de los gremios empresariales, como la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería. Las críticas también llegaron desde la oposición en el Congreso, donde se le ha citado para este miércoles ante la Comisión de Energía y Minas y donde algunas bancadas no descartan una interpelación.
La suma de cuestionamientos a la primera ministra llega tras semanas sucesivas de controversias que involucraron a miembros del gabinete, algunos de los cuales renunciaron como Walter Ayala (Defensa) y Luis Barranzuela (Interior), mientras que otros están cerca de ser interpelados, como Juan Silva (Transportes) y Carlos Gallardo (Educación).
Sin embargo, hasta ahora las polémicas no habían alcanzado directamente a Vásquez, quien, en su momento, incluso pidió explicaciones vía oficios a algunos de los ministros cuestionados. Más bien, la premier logró el voto de confianza del Congreso con el apoyo de bancadas ‘moderadas’ como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, pero sin la facción ‘cerronista’ de una bancada oficialista dividida.
Analistas consultados por El Comercio consideraron que esta polémica por el posible cierre de minas devela nuevos problemas de comunicación en el Ejecutivo, donde se alternan discursos de invitación a la inversión privada con otros de tono más radical, y acentúan las dudas sobre qué es lo que realmente quiere el Gobierno.
También señalan que el principal frente de críticas a Mirtha Vásquez será externo, proveniente de la oposición e incluso del sector moderado; pero que también podría servirle para encontrar apoyo desde sectores de izquierda en un oficialismo marcado en las últimas semanas por la división, así como un eventual apoyo de sectores populares en un contexto de caída de aprobación en las encuestas.
De la moderación a la contradicción
Para el polítólogo Gonzalo Banda, la polémica suscitada en los últimos días coloca a Mirtha Vásquez “en una situación de debilidad bastante llamativa”.
Según declaró a El Comercio, la primera ministra logró cierta estabilidad, en parte, porque que convenció de que “no era una persona que iba a lanzar estos mensajes provocadores como lo había hecho, en su momento, el señor [Guido] Bellido” y de que no iba a tener mensajes de confrontación que le abrieran nuevas brechas el Gobierno.
“La fortaleza política de la premier reside precisamente en esa capacidad de diálogo con distintos actores sociales relevantes: empresariales, sociales, gremiales. Si tiene estas declaraciones, más allá de lo que haya querido decir, que tienen unos efectos que se visibilizan rápidamente en consecuencias económicas, pues la estabilidad política de los moderados que ganó en algún momento se precariza rápidamente, se queda sin ese colchón necesario”, comentó Banda.
Mabel Huertas, periodista y analista política, sostuvo que “había una expectativa positiva de Mirtha Vásquez, porque en comparación con Guido Bellido, se le veía una política más moderada, menos confrontacional”.
Sin embargo, indicó que esto fue un cambio solo en las formas “porque en el fondo, es lo mismo. No terminamos de aceptar que este es un gobierno de izquierda y que estas cosas pueden suceder”.
El politólogo Omar Awapara remarcó a este Diario que “desde que se hizo el anuncio, lo que queda es la sensación de un nuevo problema de comunicación. No sé si esperaban una reacción así, casi unánime del sector empresarial”.
“Una cosa es lo que han dicho, que ya vimos la reacción de los gremios, y la otra es mantener la idea que ella misma [Vásquez] ha dicho, que es ‘bienvenido’ la inversión. Creo que el mensaje es contradictorio”, exclamó.
Premier @MirtyVas: Quiero anunciar que respecto a las 4 mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible. pic.twitter.com/xSay4o1lqf
— Consejo de Ministros (@pcmperu) November 19, 2021
La postura del Ejecutivo frente a este tema sumó un nuevo factor cuando el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, declaró este domingo a Latina que las mineras por cerrar sí podían solicitar prórrogas para seguir operando.
“Vamos a reunirnos con ellos, acompañarlos en su plan de cierre de minas. Si nos demuestran que están por presentar o han presentado para que esto sea prorrogado, nosotros en el marco de la ley lo vamos a cumplir”, afirmó.
“Esto no es definitivo. La fotografía hoy es que está establecido un plan de cierre de minas. Si tienen algún tipo de solicitud de prórroga lo deben hacer a las entidades competentes (…) En ningún momento se ha dicho que se le va a cerrar la puerta”, dijo el viceministro.
Para Gonzalo Banda, estas declaraciones representan “una especie de contradicción” con lo dicho por Vásquez.
Ante esto, Mabel Huertas advirtió que sigue resultando sorpresiva “la descoordinación que hay, la falta de unificación de criterios o de un único discurso dentro del Ejecutivo”.
“Sale el viceministro de Minas a decir que ‘pueden ampliar, no hay problema, pueden solicitar ampliación’. Uno se pregunta: ¿esta es una acción coordinada? ¿hay un diálogo dentro del gabinete? Claramente, no lo hay”, sentenció.
Por su parte, Awapara atribuyó esta contradicción a un choque entre “la conducción de un problema más político-social” (relacionado a los reclamos de las comunidades ayacuchanas) y los “requerimientos legales y ambientales o técnicos” para la ampliación o el cierre de una mina.
“No queda claro cuál es el verdadero objetivo en el Gobierno. Creo que ha causado una conmoción muy parecida a lo que fue lo de la masificación del gas de Camisea. Se vuelve un tema semántico donde se revela la orientación ideológica del gobierno, pero que carece del musculo y la voluntad para poder llevarlo hasta donde quisiera llevarlo”, subrayó.
Para el politólogo, las respuestas dadas hasta el momento por Mirtha Vásquez y la PCM no han logrado disminuir las críticas porque “lo que ha firmado [Vásquez] no está alineado con los compromisos legales del Estado”. “Se ha metido en un problema que va a tener que explicar con mayor claridad y que de alguna manera, le ha quitado ese crédito, ese espacio que había construido, que parecía ofrecer cierta seguridad a un sector de la ciudadanía”, añadió.
“Es una cuestión bien paradójica. Ha pasado mucho en este gobierno. Hay declaraciones que luego son enmendadas, corregidas o reinterpretadas (…) Es un síntoma de lo precaria que es la coordinación política al interior del Ejecutivo”, alertó Gonzalo Banda.
“El mensaje político aquí es bastante equívoco. Por un lado, las declaraciones de la primera ministra, [por otro] unas aclaraciones que contradicen del viceministro; y en el medio, un gobierno que al parecer no tiene claridad de cómo llevar esto (…) Me quedo preocupado por el hecho de que, lamentablemente, no hay claridad en este momento de qué es lo que finalmente han decidido”, expresó.
Frente interno y frente externo
¿Tuvieron entonces algún objetivo político las declaraciones de la primera ministra? Huertas cree que Mirtha Vásquez “lo que ha hecho es confirmar cuál es su posición respecto a los sectores que la desaprueban, los sectores A/B” y que “probablemente con esta acción, ella reafirme su posición en los espacios de izquierda que sí la apoyan”.
Banda comenta que la jefa de la PCM “seguramente se va a ganar las simpatías de los sectores más radicales y tal vez de algunas de las comunidades rurales, especialmente de las zonas de influencia minera; pero a un costo político que puede ser muy alto en la opinión pública”.
“Creo que la premier tal vez ha buscado esos sectores que en algún momento siguieron a Castillo, pero no sabemos hasta qué punto van a volver a reconciliarse con él y si va a perder la confianza del otro sector [el moderado]. En el Perú, las condiciones son tan precarias que no me resulta claro si esto es solo una estrategia o si ya se trata de una agenda política (…) Recordemos que el Gobierno depende en su estabilidad, en el Congreso, fundamentalmente de los sectores moderados”.
Por su parte, Awapara dice que, “en el frente interno (en el oficialismo), creo que sale fortalecida. Lo que habría que ver es cómo queda en el frente externo”. El analista apunta que la primera ministra se “está enfrentando a un sector que tradicionalmente se opone a esta coalición de gobierno, que sería más el sector empresarial o el sector de derecha”.
El frente interno del oficialismo hizo evidentes sus diferencias en la votación divida de la bancada de Perú Libre frente al voto de confianza a Mirtha Vásquez el pasado 4 de noviembre. En las semanas posteriores, versiones periodísticas apuntaron hacia una incomodidad de la primera ministra con otros integrantes del gabinete.
En este contexto, Awapara señala que la polémica por el eventual cierre de minas podría resultar en dos escenarios para la jefa de la PCM.
Uno es que “logre aglutinar las fuerzas que componen esta coalición de gobierno en torno a ese tema, que es una posibilidad porque es una agenda presente en gran parte de la izquierda”. El otro es que “se abra un flanco frente a fuerzas que discrepan y que pueden haber visto un espacio que se abre a la presidenta del Consejo de Ministros y que la vuelve un poco más débil en esta pugna constante dentro de la coalición”.
“Es un punto que está en común, en la agenda de varios de estos grupos [de izquierda]. Podría ayudar a formar una especie de espíritu de cuerpo en torno a una demanda que consideran legítima y que de alguna manera distingue a un gobierno de izquierda de otros gobiernos (…) Sería algo, en el frente interno, interesante en el sentido de cómo puede reagrupar esas fuerzas, pero se abre un flanco externo bastante fuerte. Creo que esta es una de las medidas más radicales que más ha preocupado a mucha gente. Además, en un contexto de moción de vacancia”.
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Banda cree que el efecto en el oficialismo podría ser similar al rechazo a la vacancia presidencial, donde las facciones más radicales y más moderadas del oficialismo se han mostrado unidas. “En el tema minero, los vasos comunicantes entre la izquierda moderada y la izquierda radical se van a volver a recomponer si el Gobierno sigue con esta estrategia. La pregunta es: ¿Qué pierde el Gobierno? Talvez su interlocución con esos sectores moderados en la opinión pública”, dijo.
Por su parte, Huertas apunta que la actuación de Vásquez podría ser “un gesto” que caiga bien dentro del oficialismo, pero que “una golondrina no hace al verano”. “Es solamente un gesto, pero no veo que más allá de eso que haya una unificación del gabinete, teniendo en cuenta que acá hay intereses más allá de solamente el aspecto ideológico: hay intereses sindicales, gremiales”, dice a El Comercio.
La analista recordó que Vásquez había tenido una confrontación por escrito con el ministro de Energía y Minas, quien es considerado cercano a la facción ‘cerronista’ de Perú Libre, mediante un oficio en el que le pedía explicaciones por su ausencia en una comisión.
Huertas añade que, al pronunciarse a favor de la no ampliación de las minas, la ministra tuvo “una intervención en un ámbito que no es el suyo, sino que le correspondía al Ministerio de Energía y Minas bajo aspectos técnicos”. “Claramente, está entrando a un terreno que no le corresponde y no sabemos qué tan cómodo se sienta el ministro con ello (…) Ha hecho una promesa frente a los comuneros, frente a la población. Ha sido una decisión más política que responde a demandas de ciertas comunidades”, comenta.
Lo que vendrá
En caso la polémica por este caso crezca al punto de que el Congreso pase a ser un factor que determine la continuidad de la primera ministra, Omar Awapara comenta que “lo más interesante va a ser el factor AP y APP”. “Allí entra el factor de cómo votan los congresistas de regiones donde ganó Castillo. Ahí se vuelve el tema regional, ver qué tan poderoso es este mensaje en regiones donde hay minería, si eso influye en el voto, en el criterio de los congresistas de APP, AP o incluso de Avanza País o Renovación Popular que vienen de esas regiones”.
Para el analista, un mensaje como el que tuvo Mirtha Vásquez “le puede ser favorable incluso en un escenario así”. “No necesariamente esta reacción que hemos visto del sector empresarial y que en Lima ha sido más contundente, sea igual de poderoso fuera de Lima”, comenta. Al respecto, representantes de bancadas de oposición dijeron este lunes a El Comercio que no descartan una interpelación a la primera ministra en caso sus explicaciones sobre este tema no sean satisfactorias.
Mabel Huertas coincide en que Mirtha Vásquez seguirá recibiendo críticas por este tema. “Va a tener que soportar el embate”, comenta. Sin embargo, considera que su permanencia al frente de la PCM depende más de lo que pase en la interna en el Poder Ejecutivo.
“Yo creo que la estadía depende más de lo interno que de lo externo. Más depende de la lucha interna que hay dentro del gabinete y de los cabes y zancadillas que le pueda poner el mismo presidente y los otros ministros, que de lo que la oposición pueda determinar”, comenta. En este punto, un factor a tener en cuenta es el respaldo que le dé Pedro Castillo a Mirtha Vásquez en relación con el tema de las minas.
“No sé si esta sea una decisión unilateral, en la que no haya participado el presidente Pedro Castillo. Podría decir que sí, pero es bien difícil leer a un Ejecutivo tan desarticulado”, comenta Huertas. “No sé si [actuó] con el consentimiento del presidente, pero no subestimemos sus actividades políticas. Ella no es nueva, sabe perfectamente que cada acción que tiene, tiene unas consecuencias”.
Awapara respondió que “este es un tema en el que no sé qué tan presente ha estado [Castillo]. No ha tenido el protagonismo que tuvo el gas, parece estar más del lado de la agenda de Mirtha Vásquez que de Castillo. Habría que ver si hay una alineación ahí, si fue una política que surge en un consejo de ministros, con aprobación del presidente. Habría que saber un poco más”.
Al respecto, el presidente Pedro Castillo dijo este lunes durante una actividad en Arequipa que “desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades, deben darse sin contaminar las cuencas de agua, sin contaminar los ríos. Tiene que haber un compromiso social y ambiental”.
A su paso por Arequipa, el presidente @PedroCastilloTe, se comprometió en promover inversiones privadas, como la minería, respetando el marco legal y la estabilidad jurídica. Aseguró que en su Gobierno no han existido decisiones unilaterales, ni arbitrarias al margen de la Ley.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 22, 2021
“No ha existido ni existirán decisiones unilaterales, arbitrarias ni al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales, y las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos”, indicó durante un discurso en Arequipa.
Tras este anuncio, Vásquez se reunió por la noche con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). “El diálogo ha sido, desde nuestro punto de vista, bastante fructífero, y va a continuar. Esperemos que en los próximos días podamos anunciar algunas medidas que vamos avanzando en este caso”, dijo Vásquez tras el encuentro.
“Por nuestra parte, hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica y las inversiones privadas, y de no caer en ningún tipo de unilateralidades porque eso está descartado”, comentó.
Analizando la situación del Gobierno más allá de esta polémica, Gonzalo Banda advierte del riesgo de que anuncios como el hecho por Vásquez en Ayacucho puedan replicarse en otras zonas con conflictos mineros. “Lo otro que va a pasar, seguramente, es que cuando tú llevas las negociaciones políticas de esta manera, puedes activar estímulos para que en otros lugares donde hay protesta minera se negocie bajo estas mismas condiciones”, comenta.
“¿Tiene el Gobierno el derecho a hacer una reforma, una reingeniería de la inversión minera? Sí ¿Tiene la legitimidad para plantearlo? También, porque es un gobierno de izquierda que ha sido elegido. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera tan desprolija que le está costando a todos en el camino (…) Acá tienen todos que digerir y calmarse un poco, porque el Gobierno todavía no entra en una situación de estabilidad y se está abriendo otro punto de conflicto”.
Finalmente, Banda apunta que las críticas a Vásquez por este tema podrían tener efectos negativos en otros objetivos del Gobierno como la reforma tributaria para la que buscan que el Congreso les dé facultades legislativas. “Hay tanto ruido político que, en la máxima ambición del Ejecutivo, que era este paquete de reformas, los congresistas de oposición no tienen ningún estímulo en pasar”, consideró.
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