Una nueva prórroga para Doe Run [INFORME]

El pleno del Congreso de la República aprobó ayer por 108 votos a favor, 0 en contra y cinco abstenciones (4 de Acción Popular y 1 del Frente Amplio) la ampliación del plazo para las empresas que se encuentren en proceso de liquidación en marcha y que favorece a Doe Run, empresa que opera el complejo metalúrgico de La Oroya. 

Tras varias horas de debate, la Junta de Portavoces llevó al pleno un texto sustitutorio a los dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y por la bancada de Fuerza Popular (FP). El nuevo documento recogió las propuestas de distintas bancadas y es el que finalmente fue aprobado por mayoría.

Este texto dispone que las juntas de acreedores de empresas que actualmente se encuentran en liquidación en marcha puedan acordar una prórroga extraordinaria de un año para culminar el procedimiento.

Además, la norma establece que al término de dicho año, podrán solicitar al Ejecutivo una nueva ampliación del plazo de forma excepcional por un año adicional. El Ejecutivo, vía la publicación de un decreto supremo y previo informe de Indecopi, está facultado para conceder dicha prórroga de forma extraordinaria, siempre y cuando se señale expresamente la obligación de respetar las normas ambientales y laborales.

Cabe resaltar que mañana vence el plazo para que la junta de acreedores de Doe Run pueda acordar la ampliación del plazo para la liquidación en marcha de la empresa, por lo que diversos congresistas durante el debate señalaron que la norma tenía “nombre propio”.

—Consenso—

Luego de aprobado el proyecto, la legisladora oficialista Mercedes Aráoz agradeció el trabajo conjunto de todas las bancadas para dar una solución a esta problemática. “Esta solución no es para solo una empresa, sino para que un grupo de empresas pueda afrontar mejor su proceso de liquidación en marcha”, explicó.

Por otro lado, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, dijo que una norma de este tipo no puede conducir a una nueva prórroga. “Si en algo hemos coincidido es en que no pueden haber nuevas prórrogas. El problema está en un Estado débil que en vez de ponerse de lado de los derechos de la gente se ha puesto del lado de los inversionistas”, afirmó.

La parlamentaria fujimorista Úrsula Letona manifestó que la aprobación de este proyecto se debe a la voluntad de consenso de su partido y agregó que a partir de ahora se debe poner énfasis a la fiscalización.

“Hoy le damos al Ejecutivo la oportunidad de demostrarnos que tiene la capacidad y la voluntad política  de conducir esa solución que La Oroya y los trabajadores reclaman. Les damos la confianza para que demuestre que este decreto supremo no genere corrupción”, precisó.

Durante el debate, Peruanos por el Kambio criticó el proyecto del fujimorismo debido a que se oponía a que sea el Ejecutivo el que disponga, vía decreto supremo, la ampliación del plazo.

Por el contrario, la bancada de FP criticó el proyecto de ley del Ejecutivo al considerar que, el plazo de cuatro años que proponían, era “excesivo”.

—A contratiempo—

El vocero oficialista, Carlos Bruce, dijo en dialogo con este Diario que la norma aprobada por el pleno del Congreso se iba a publicar ayer en una separata especial del diario oficial “El Peruano” a efectos de que entre en vigencia hoy.

De este modo, la junta de acreedores de Doe Run podrá tomar una decisión antes del sábado. Hasta el cierre de este edición la separata aún no había sido publicada.

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