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La flamante ministra de la Mujer, Carmen Omonte, es accionista de la concesión minera Cemento Amazónico S.A.C., en su natal Huánuco, a pesar de que la Ley General de Minería se lo prohíbe.
Según informó “Panorama”, el título de la concesión fue otorgado en mayo del 2012, es decir, 10 meses después de que Omonte jurara como congresista de la República. Asimismo, la compañía minera de la dirigente de Perú Posible fue constituida dos meses después.
La empresa Cemento Amazónico S.A.C., detalla Registros Públicos, se dedica a la exploración, extracción y comercialización de materia prima caliza. También tiene como objetivo el procesamiento y distribución de cemento y similares
Ante las quejas de la población contra la referida compañía, el congresista de Gana Perú Josué Gutiérrez llegó hasta el caserío Ricardo Palma, en el distrito de Luyando (Huánuco). Tras su inspección, el nacionalista elaboró un informe lapidario contra Omonte, en el que señala que pese a sus restricciones legales, su colega tomó posesión de un predio que le pertenece al Estado.
La Ley General de Minería no solo establece que la peruposibilista está prohibida de ejercer alguna actividad minera, sino también su esposo Luis Dyer Ampudia. Sin embargo, este es otro de los accionistas de la empresa Cemento Amazónico S.A.C.
Otro de los socios de la compañía es el ex ministro de Energía y Minas Glodomiro Sánchez,
TAMBIÉN PRESENTÓ PROYECTOS
Y eso no es todo, la legisladora ha presentado tres proyectos de ley relacionados con el rubro de su empresa.
En octubre del 2012, Omonte firmó una iniciativa para que los estudios de impacto ambiental sean evaluados y certificados por el Ministerio del Ambiente.
El segundo lo presentó el 13 de febrero del 2013 y plantea que los saldos anuales del canon sean distribuidos en los distritos más pobres. Además, en mayo de ese año apoyó un proyecto de ley para la creación del sobre canon minero.
LOS DESCARGOS DE OMONTE
Por su parte, la ministra de la Mujer dijo que sus abogados le indicaron, tras analizar el caso, que “no existe incompatibilidad” en que ella sea accionista de la empresa Cemento Amazónico S.A.C. y funcionaria de alto nivel del Estado.
"Los abogados son los que han analizado. No existe incompatibilidad. Y yo he confiado en ese informe. Y, finalmente, tengo que aceptar la asesoría de los abogados", refirió.
"El espíritu de la ley va esencialmente en contra de permitir que se aproveche el poder que en un momento se pueda tener como cargo público para hacerse de beneficios", acotó.
