Siete organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentaron una denuncia penal por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad en contra del renunciante mandatario Manuel Merino de Lama.
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A través de un pronunciamiento, se informó que la denuncia también comprende a los renunciantes jefe del Gabinete Ministerial, Ántero Flores-Aráoz, así como al ministro del Interior Gastón Rodríguez.
“Para el presente caso que las decisiones superiores de reprimir las movilizaciones ciudadanas con violencia extrema provienen de estas personas, por encontrarse ellas en el vértice superior de la estructura del Estado y del Poder Ejecutivo en particular, de quien depende la Policía Nacional del Perú”, se indica en la denuncia a la que accedió El Comercio.
Además, sobre Merino de Lama los denunciantes señalan que, en su calidad de presidente de la República en ejercicio “teniendo la posición de garante hacia los ciudadanos, no realizo ningún tipo de acción a fin de sancionar el uso de la violencia”.
“Por el contrario, no se pronunció al respecto dando aval tácito a este accionar”, manifiestan.
Además, se incluye al director general de la Policía Nacional Perú, Orlando Velasco, al jefe de la Región Policial de Lima, Jorge Luis Cayas Medina, “y contra todos los que resulten responsables”.
“Las acciones de la policía obedecen a un operativo planificado y ejecutado por los mandos policiales”, se lee en el documento, que narra los hechos cometidos del 11 de noviembre al último sábado 14.
La denuncia se da agravio de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, los dos jóvenes que fallecieron por el impacto de proyectiles en la protesta desarrollada el sábado en contra la administración de Merino de Lama, así como de quienes resultaron heridos.
El oficio fue enviado a través del correo electrónico de la mesa de partes virtual de la Fiscalía Coordinadora del subsistema de Derechos Humanos.
El secretario ejecutivo de la CNDHH, Jorge Bracamonte, dijo esperar que se realice una investigación independiente con el fin de sancionar a los responsables.
“Esta situación vulneró la vida y la integridad de jóvenes peruanos quienes en forma valiente salieron a ejercer su derecho a la protesta ciudadana, exigimos investigación contra los responsables del uso abusivo y arbitrario de la fuerza que ha enlutado al país”, expresó.
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