Unidad de Investigación
El 22 de diciembre, la fiscalía anticorrupción llegó a los exteriores de Palacio de Gobierno por segunda vez para continuar con las diligencias por el Caso Petro-Perú y las presuntas irregularidades presentadas en una licitación a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. por 74 millones de dólares.
Eran las 12:40 pm. cuando los fiscales adjuntos del segundo despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, Luis Reynaldo Mina Abanto y Clarita Baca Laveriano, solicitaron ingresar a la oficina de la Secretaría del Despacho de la Presidencia de la República.
Esto nunca sucedió. El abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Juan Alfredo Sánchez Galloso, informó que en el interior se desarrollaba una diligencia del equipo de la fiscal Carla Zecenarro, quien se encuentra a cargo de la investigación que se sigue a Bruno Pacheco y Karelim López por la licitación del Puente Tarata.
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Fue así que trasladaron a los fiscales al tópico odontológico de Palacio de Gobierno, donde se desarrolló la diligencia por cerca de una hora. En la sesión, también se presentó el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas Palacios, pese a que el mandatario no está comprendido en la indagación.
—Sin respuesta—
Este Diario tuvo acceso al acta fiscal, compuesta por tres páginas, donde constan los pedidos del Ministerio Público que hasta el momento no han sido atendidos.
Se trata de cuatro puntos. En primer lugar, se solicitó el registro de visitas al despacho presidencial de octubre de este año. También se requirieron los datos completos del secretario “que haya laborado en la secretaría de la Presidencia de la República durante el mes de octubre de 2021″. Además, se solicitó conversar con el secretario para que se informe sobre el “procedimiento por el cual agenda las visitas o entrevistas” de aquellos que acuden al despacho presidencial. Por último, se pidieron los datos completos “de todo el personal que haya laborado en la secretaría de la Presidencia de la República durante el mes de octubre del 2021″.
Como respuesta, el asesor jurídico del Despacho Presidencial, Juan Sánchez, indicó que en la diligencia del 20 de diciembre ya se había entregado la información sobre el registro de visitas. Sin embargo, remarcó que se podía enviar nuevamente una copia, para lo cual, adujo, tenía que contactar a la Oficina de Tecnología de la Información del Despacho Presidencial.
Respecto a los demás puntos, señaló que la información sería solicitada a la Oficina de Recursos Humanos para que fuera entregada el mismo día al Ministerio Público.
Hasta el cierre de esta edición, de acuerdo con fuentes, la fiscalía no ha recibido ninguna documentación que responda a cualquiera de los pedidos señalados anteriormente.
En el documento, también consta la intervención del abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, quien indicó que el mandatario había ordenado que la documentación requerida por el Ministerio Público sea remitida “en el más breve plazo posible”.
Además, de acuerdo con el acta, el abogado Pachas informó que el jefe del Estado “ha solicitado a la fiscal Norah Córdova Alcántara, fecha y hora para que declare en este proceso y se esclarezcan los hechos y a la fecha no hay respuesta”.
De esta manera se desarrolló la diligencia que terminó a la 1:55 p.m. Como resultado, no se obtuvo ningún documento. Tras su salida de Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto Reynaldo Mina informó que no se habían brindado las facilidades necesarias.
“Este despacho se ha apersonado pidiendo que nos dejen entrar a la secretaría del presidente, pero no se nos ha dejado ingresar. Es más, se ha hecho la diligencia en el tópico. No se ha dado la documentación. Hemos pedido que hoy se envíe la documentación”, indicó.
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—Antecedentes—
No es la primera vez que Palacio de Gobierno no entrega información al Ministerio Público. El 20 de diciembre, el equipo del despacho de la fiscal Norah Córdova llegó a Palacio de Gobierno y tuvo que esperar por cerca de una hora. En aquella oportunidad, según consta en actas, el secretario general, Carlos Jaico, informó que el presidente Castillo no autorizaba el ingreso de los fiscales. Además, el personal del Ministerio Público cuestionó el ingreso “intempestivo” del abogado Pachas en esa sesión. Esto, debido a que contaba con la disposición fiscal sin que su patrocinado –el presidente– esté incluido en la pesquisa.
La defensa del mandatario ha insistido en desestimar lo que consta en actas. Por el contrario, señala que la información y las facilidades para el desarrollo de las diligencias fueron brindadas.
Este Diario intentó comunicarse con el abogado del jefe del Estado, pero no se obtuvo respuesta.
La investigación a cargo de la fiscal Córdova comprende al gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez; al gerente general de Heaven Petroleum Operators S.A., Samir Abudayeh; al integrante de la Junta Nacional de Palmicultores Gregorio Sáenz; y a la empresaria Karelim López, en calidad de cómplices por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.
Investigación
Las visitas a Palacio de Gobierno se dan como parte de la indagación preliminar desarrollada por el despacho que encabeza la fiscal Norah Córdova por el Caso Petro-Perú.
De acuerdo con la disposición fiscal, el plazo para desarrollar las diligencias preliminares es de 8 meses.
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