Altos cargos bajo la lupa: Viceministros y secretarios con baja experiencia para la función

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Algunas de esas designaciones podrían ser observadas con la adecuación a la Ley 31419, que entró en vigencia la semana pasada y exige mayores requisitos para la función. De acuerdo con la norma, los funcionarios en esos puestos del Ejecutivo deben contar con ocho años de experiencia general y cinco de experiencia específica en niveles directivos similares en el Estado o particular.

En diálogo con El Comercio, la especialista en Gestión Pública Mayen Ugarte destacó que aunque la norma anuncia un reglamento, el plazo perentorio de 30 días para su aplicación sí causaría la salida de quienes no cumplan con los nuevos requerimientos. “Es un piso mínimo que tendrá que aplicarse. Quienes no lo logren acreditar tendrían que salir del puesto vía resolución ministerial o suprema, según el cargo. Lo que el reglamento puede hacer es ajustar algunos criterios para interpretar ciertos puntos, pero este no puede ir más allá de lo que la norma ya dispone”, dijo.

Vacíos

Para el secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, la reciente regulación carece de claridad en cuanto a lo que se considera experiencia válida y computable para cada puesto. Por ejemplo, señala que habrá zonas grises con respecto a personas especializadas, divulgadoras o con trayectoria académica sin ejercicio sectorial real. “Es una cuestión que involucra un nivel de interpretación y que a la larga podría dar pie a que la aplicación sea muy estricta en algunos casos o sectores, y muy laxa en otros”, refirió Lanegra.

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El texto de la ley dispone un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo, a través de Servir, apruebe la reglamentación. Sobre este punto, el abogado laboralista Javier Dolorier resaltó que supone una contradicción. “El tema está en que quien tiene que aplicarse la ley a sí mismo es quien dicta el reglamento. Si bien Servir tiene una autoridad íntegra, el problema está en que depende de la PCM y será la PCM la que someterá a evaluación y aprobación ese reglamento”, explicó.

Otra de las exigencias que genera confusiones para los especialistas es la relacionada a la acreditación de experiencia específica en “puestos de similar nivel”. “Un viceministro, por ejemplo, no tiene otro cargo equivalente ni en el Estado ni en el sector privado. Por ejemplo, ¿un abogado consultor en materia ambiental podría ser viceministro de Ambiente? ¿Sería una acreditación equivalente?”, expresó Dolorier.

“A diferencia de la Ley Servir, que es para cargos meritocráticos y que aún no se implementa del todo, la nueva norma se enmarca en la idoneidad dentro de algunos cargos de confianza, aunque con un estándar mínimo. Lo ideal es que, cuando se busca a una persona de confianza, se coloque a alguien idóneo, pero eso no necesariamente ha ocurrido en todos los casos. En realidad, una reforma integral en el servicio civil es lo que hace falta y la norma reciente no sustituye esta necesidad”, enfatizó Iván Lanegra, de Transparencia.

Rotación extrema

En la actual administración, los viceministerios cambiaron de titular cada 11 días, en promedio. En las secretarías generales, el cálculo es de ocho días. Al igual que en los puestos ministeriales, la alta inestabilidad profundiza obstáculos para gestiones eficientes. “Eso tiene un efecto de parálisis muy grande porque hay un engranaje de tareas que se ve interrumpido. Los ministros no pueden firmar decisiones si es que sus técnicos de línea rotan de esa manera”, cuestionó Mayen Ugarte.

“Una de las reglas básicas de eficiencia en la gestión pública es que el nivel de experiencia y de talento se mantengan dentro de las entidades. Si una reforma o política pública debe perdurar en el tiempo, también es ideal que los perfiles de funcionarios encargados de articularla no se pierdan. Pero si es que se cambia cada mes o pocas semanas a altos funcionarios, y encima no tienen experiencia o tienen muy poca experiencia en el área donde se toman decisiones, eso genera un daño enorme a las políticas públicas y, en general, a la comunidad”, sostuvo el laboralista Javier Dolorier.

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