Contraloría halla posible irregularidad en designación de procuradora general

La Contraloría advierte una “situación adversa” en el proceso seguido para designar a la actual procuradora general del Estado, María Caruajulca, que reemplazó a Daniel Soria. En consecuencia, recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) tomar las “acciones preventivas y correctivas que correspondan”.

De acuerdo con el informe con fecha de este lunes -al que accedió El Comercio- el hecho se refiere a que el Minjusdh y la Procuraduría General del Estado (PGE) no cumplieron con pedir la declaración jurada de Maria Caruajulca respecto a no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.

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En esta declaración, la entonces postulante a ser titular de la PGE debía declarar respecto a no tener procesos pendientes con el Estado, además de no faltar a la idoneidad en la defensa jurídica.

A esto se suma que, según se consigna en el informe, actualmente se viene investigando una denuncia contra Caruajulca por presunta “inacción en la defensa jurídica de la Municipalidad” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial” cuando se desempeñaba como procuradora municipal de San Juan de Lurigancho.

Como parte del citado informe de control, se indica que en agosto se le consultó a la Oficina General de Recursos Humanos del Minjusdh si se le consultó o indagó a María Caruajulca -entonces candidata a ser PGE- sobre si tenía procesos administrativos en curso como resultado de denuncias. La respuesta fue que “se indicó que la candidata en caso de ser designada debía presentar la declaración jurada de gozar pleno ejercicio de sus derechos civiles, de no tener procesos pendientes con el Estado, salvo procesos por derecho propio; así como, adjuntar una declaración jurada de idoneidad profesional”.

También se requirió el informe de evaluación que se hizo de la hoja de vida de Caruajulca y se verificó que allí también se indicó que recién debía presentar su declaración jurado en caso sea designada como procuradora general del Estado. La Oficina General de Recursos Humanos del Minjusdh también indicó que era la propia PGE -que llevó el proceso de selección de su titular- la que “debió solicitar esas declaraciones juradas”.

La respuesta de la gerencia general de la PGE, ante una posterior consulta del órgano de control sobre el mismo tema, fue que no contaban con la referida declaración jurada de Caruajulca. Así, el informe remarca que “tanto el MINJUSDH como la PGE, no le solicitaron a la señora María Aurora Caruajulca Quispe, presente sus declaraciones juradas”.

Al no contar con la declaración jurada de Caruajulca sobre proceso pendientes con el Estado, se solicitó un informe a la Oficna de Control de la PGE sobre casos es los que estaría involucrada. En respuesta, se informó que hay un caso que involucra a la actual procurador general del Estado en el que antes figuraba como denunciada, pero ahora se tiene que los denunciados están “por determinar”.

La denuncia fue hecha porque, presuntamente, Caruajulca no cumplió con acudir a una comisaría para ratificarse en una denuncia cuando era procuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y porque no habría interpuesto accionares legales contra una funcionaria por presunta falsificación de documentos. El plazo de prescripción de esa denuncia por el primer hecho es del 24 de noviembre del 2022, mientras que el segundo sería una infracción de “naturaleza permanente”.

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Así, el informe advierte que en ese expediente se “analizan hechos presuntamente irregulares” durante la gestión de Caruajulca Quispe como procuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, los cuales “vienen siendo evaluados por la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional”. Esta unidad depende funcional y administrativamente de la PGE, de la cual Caruajulca hoy es titular.

“La situación advertida, respecto a que en el proceso de designación de la Procuradora General del Estado, no se solicitó la Declaración Jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado y la existencia de hechos denunciados y tramitados [...] hacen posible que la labor de evaluación de esos hechos, sea afectada en su imparcialidad”, se considera en el informe.

Esto debido a que se trata de hechos en los que la actual procuradora general del Estado, de quien depende la unidad que evalúa este caso, era procurado municipal, “ocasionando a su vez el riesgo de afectar el principio de justicia y equidad; así como, de mantenerse relaciones laborales en conflicto con el cumplimiento de funciones a cargo de la Procuraduría General del Estado y de su Titular”.

Con todo esto, el informe de control concluye la existencia de una “situación adversa” en el proceso que llevó al nombramiento del actual procurado general del Estado. Esto “afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos” de su designación en el cargo.

“En el proceso de designación de la Procuradora General del Estado, no se solicitó la Declaración Jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado; así como, la existencia de hechos denunciados y tramitados en el Expediente N° 222-2021-OCF/UDESCF-FP a cargo de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional de la PGE, lo que hace posible que, la labor de evaluación de esos hechos sea afectada en su imparcialidad [...] ocasionando a su vez el riesgo de afectar el principio de justicia y equidad”, se advierte.

Ante esto, se recomendó informar de estos hechos al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que se “adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan”. También se le dio un plazo de cinco días hábiles al ministro para comunicar al Órgano de Control sobre las acciones a tomar a partir de los advertido en el informe.

El excontralor Fuad Khoury indicó a El Comercio que una situación adversa significa que “han encontrado una irregularidad”. Remarcó la PGE es un puesto delicado y que a partir del informe podría derivarse, al menos, una falta administrativa.

“Habría que ver por qué no hicieron su trabajo los de Recursos Humanos y el ministro en su conjunto. Ahí hay una falta que alcanza al ministro, porque es el Procurador General del Estado”, dijo. Añadió que se trata de “una situación grave” y que “cuando le piden al ministro que tome las acciones, se refieren a que la cambie”.

La abogada Mayen Ugarte, especialista en Gestión Pública, comentó que es importante establecer si esta omisión puede ser corregida o si constituye una causal de nulidad de nombramiento.

Además, dijo que del informe se desprende un desorden en cómo se llevó el expediente de la designación y qué la responsabilidad podría ir por ese lado.

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