Pedro Castillo incumplió anuncio: las implicancias de no haber derogado norma sobre inmovilización

No cumplió. El presidente Pedro Castillo esperó que termine el plazo de la inmovilización social obligatoria, ordenada durante la noche del último lunes en Lima y Callao, pese a que había anunciado su derogatoria durante la reunión que sostuvo con la Junta de Portavoces del Congreso.

“Corresponde en este momento, como Ejecutivo, dejar sin efecto la medida toda vez que eso pasa por rubricar lo que acabo de anunciar. En ese efecto, permito manifestar que queda con ustedes nuestro premier y ministros que van a permanecer dando respuestas”, dijo Castillo a los voceros de las bancadas antes de retirarse de la sede parlamentaria.

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La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le solicitó al presidente que este documento sea firmado digitalmente para que pueda permanecer en el recinto. Sin embargo, Castillo insistió en que debía retirarse para concretar esta supuesta publicación.

“Reitero, el anuncio tiene que concretarse a través de una rúbrica del despacho, y corresponde socializarla y trabajarla con la finalidad de anunciar al país oficialmente”, comentó el presidente antes de salir de la sala de sesiones. El dispositivo legal nunca fue publicado y, por el contrario, la movilización en el Centro de Lima se agudizó por la presencia de grupos violentos.

“Acabo de preguntar y me han dicho que todavía no ha sido publicada. Esperemos que cumpla y honre su palabra porque lo anunció dentro de la reunión y también cuando salió”, dijo Alva durante la noche, horas después de que el presidente anunció la derogación de la inmovilización también en el frontis del Congreso.

El congresista Diego Bazán (Avanza País) consideró que este anuncio no concretado fue una “tomadura de pelo más” de Pedro Castillo.

Aunque esta omisión no tiene ninguna consecuencia constitucional para el jefe de Estado, sí afectaciones políticas y éticas hacia su investidura. Constitucionalistas también comentaron a El Comercio que la medida, sí podría tener repercusiones en los ministros de Estado que la avalaron.

El dispositivo legal fue publicado el lunes 4 de abril y fue firmado por el presidente de la República, así como los ministros: Aníbal Torres (presidente del Consejo de Ministros), José Luis Gavidia (ministro de Defensa), Alfonso Chávarry (ministro del Interior) y Félix Chero (ministro de Justicia).

El constitucionalista Bruno Fernández de Córdova comentó que la norma publicada agotó su vigencia al tener una duración expresa. Además, había que tener en cuenta que cuando se publica una norma, esta entra en vigencia al día siguiente.

“Si ayer la publicaban, no iba a entrar en vigencia inmediatamente, sino recién hoy. Legalmente, no hay implicancias”, comentó. Sin embargo, esto no fue advertido por el jefe de Estado al momento de hacer su anuncio.

El abogado consideró que sí puede haber otro tipo de implicancias, como el político. “No solo hubo un anuncio en el Congreso, a mitad de la reunión se retiró con el objetivo de suscribirla, según él mismo indicó. El que no haya salido nada y se haya retirado con esa excusa es algo que a nivel político será valorado por las bancadas”, agregó Fernández de Córdova.

Recordó también que el artículo 128 de la Constitución “establece que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Este decreto fue ratificado. También son responsables por los actos violatorios de la Constitución que se acuerden en Consejo”.

En ese sentido, el constitucionalista Erick Urbina señaló que las consecuencias políticas están dirigidas a una censura de los ministros. “Una acusación a Torres. Puede ser acusado el Gabinete de manera directa. Eso podría terminar en una inhabilitación por el juicio político”, comentó.

En cuanto al presidente, Urbina señaló que Castillo “le ha mentido al Congreso y a los peruanos. Esto suma una causal más para una incapacidad: mentirle al Parlamento directamente. Es una falta ética”, agregó. Por ello, esto “lo deslegitima” ante el Parlamento y ciudadanía, “más aun en una situación de desconcierto”, cuestionó Urbina.

Al igual que lo señalado por Fernández de Córdova, añadió que el decreto que dispuso la inmovilización surtió sus efectos en el plazo previsto.

“Esto conlleva a una responsabilidad política y también constitucional por parte del Gabinete. Al presidente no se le puede acusar constitucionalmente porque quien asume la responsabilidad es el Gabinete. Jurídicamente el Parlamento [puede] censurar al Gabinete en su conjunto, al primer ministro, y al ser así se produce la crisis total del Consejo de Ministros. A la vez, pueden acusar constitucionalmente a los ministros”, reiteró.

Finalmente, el constitucionalista José Naupari consideró que lo anunciado por Castillo reflejó un “desconocimiento jurídico absoluto” por parte del jefe de Estado respecto al proceso de publicación de una norma de este tipo. “Más que mentira evidencia un desconocimiento jurídico absoluto. No se puede hacer de pura boca”, mencionó respecto al anuncio que hizo durante la reunión con el Congreso.

“El decreto no lo elabora Presidencia, sino el Consejo de Ministros. Ese decreto se acuerda en el Consejo, ¿se había acordado? Luego, si requería refrendo, ¿cómo se iba a hacer si el ministro y demás estaban en la reunión del Congreso? Más que mentir, diría que revela una ignorancia y falta de autocritica. Además, [estas normas] entran en vigencia al día siguiente de su publicación”, detalló Naupari.

Asimismo, comentó que se podría acusar constitucionalmente a quienes suscribieron el decreto, “pues era desproporcionado, no había asidero”. Considera que sí puede haber una consecuencia hacia quienes con su firma aprobaron la inmovilización social obligatoria.

“El no publicarlo no genera en sí mismo una responsabilidad porque a fin de cuentas iba a dejar de entrar en vigencia hoy. Pero por sacarlo sí podría ser interpelado o censurado un ministro, y si se quisiera se puede dar una denuncia constitucional por una infracción”, concluyó.

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