Pedro Castillo: Los nombramientos en puestos claves ligados a Perú Libre y Vladimir Cerrón

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Este tipo de nombramientos habían sido más frecuentes en los primeros meses del gobierno. Un informe de El Comercio publicado en noviembre indicó que en los primeros 100 días de la actual gestión, hubo 764 nombramientos en altos cargos en ministerios, oficinas adscritas y otros organismos y que, de ese total, sumado a otros puestos menores en planilla, 24 correspondieron a personas vinculadas al partido oficialista.

El 1 de febrero, cuando Héctor Valer juró como primer ministro lo hizo junto a Wilber Supo como ministro del Ambiente y Katy Ugarte como ministra de la Mujer. El primero es un joven militante y excandidato al Congreso de Perú Libre, con un título de bachiller en geografía y sin mayor experiencia laboral en el sector. La segunda es una congresista de la facción magisterial que había dicho estar en contra del enfoque de género y que fue rechazada por organizaciones feministas.

Ambos duraron apenas una semana en sus puestos y renunciaron junto al gabinete Héctor Valer.

Sin embargo, la llegada del gabinete Aníbal Torres trajo consigo tres ministros más ligados a Perú Libre. Los dos primeros son Hernán Condori en Salud (Minsa) y Carlos Palacios en Energía y Minas (Minem). Son militantes de Perú Libre y exfuncionarios del gobierno regional de Junín cuyas designaciones no tardaron en ser celebradas por el propio Vladimir Cerrón.

El tercero es Óscar Zea, de la facción magisterial de la bancada de Perú Libre, quien asumó como tituar de Desarrollo Agrario (Midagri). Como Katy Ugarte, su compañera en el grupo parlamentario oficialista, no está afiliada al partido.

Días después, Carlos Palacios nombró como secretario general del Minem a Loly Wider Herrera Lavado, un abogado allegado a Vladimir Cerrón quien representó a su madre, Bertha Rojas, en un proceso por difamación; y como jefe del gabinete de asesores de su cartera a David Fernando Caballero, dueño de una radio afín a Perú Libre y a Pedro Castillo y excoordinador parlamentario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Walter Ayala.

Jorge Chávez Cresta, quien era viceministro de Minas, renunció al cargo tras conocer de estos nombramientos, que atribuye a una consigna política, y advirtió sobre un “copamiento” del sector también a nivel administrativo. “Se están llevado algunos cambios en la parte administrativa y se coloca a personas cuyo único logro es pertenecer al partido”, dijo a El Comercio.

En el Ministerio de Salud, los cuestionamientos al ministro Condori ha ido desde una investigación por presunta corrupción hasta sus apariciones videos donde publicita un producto pseudocientífico conocido como “agua arracimada”. En medio de las críticas, el titular del Minsa nombró el fin de semana a William Córdova Pardo como Ejecutivo Adjunto de su despacho.

Se trata de un médico veterinario que también está afiliado a Perú Libre y que también trabajó en el gobierno regional de Junín. Como el ministro, además, es cercano a Vladimir Cerrón, con quien tiene fotos. No figura como vacunado en el padrón del Minsa, según él porque —de acuerdo a lo que declaró a Perú 21— se inmunizó en el extranjero.

En el caso de Condori, el ministro más cuestionado del actual gabinete, tanto Pedro Castillo como Vladimir Cerrón y la bancada de Perú Libre han defendido su designación. “Hay que dejarlo trabajar. Como todo peruano, también debemos dar oportunidades a saber cómo aflora su conocimiento. Acá hay un cargamontón”, dijo este lunes en RPP Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista.

Proyecto para mejorar la idoneidad

En este contexto, el Gobierno publicó este martes una ley que establece requisitos mínimos que deben cumplir altos funcionarios como viceministros y secretarios generales de ministerios. Además, establece que, en caso quienes ocupen actualmente esos cargos no cumplan en esos requisitos, en un plazo de 30 días quedarán impedidos de ejercer.

Se trata de la ley 31419, la cual busca “establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función”. Fue inicialmente una propuesta de la Contraloría que pasó por las comisiones de Constitución y Descentralización del Congreso y fue aprobada por el pleno el pasado 13 de enero.

El texto señala que los requisitos para ser viceministro son tener formación superior completa, ocho años de experiencia general y cinco de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los ocho años de experiencia general.

Actualmente, tanto el Minsa de Hernán Condori como el Minem de Carlos Palacios tienen viceministerios vacantes tras recientes renuncias y, con esta ley, las personas que nombren deberán cumplir estas condiciones.

Los mismos requisitos se establecen para el puesto de secretario general de un ministerio y para los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos del Ejecutivo. Entre estos está el mencionado Loly Wider Herrera, sobre quien deberá verificarse si cumple con lo establecido para que siga en el puesto.

Plazo de 30 días

La ley también dispone que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) debe aprobar el reglamento de la ley en los próximos 90 días y se establece una disposición transitoria de “adecuación de servidores en funciones a la presente ley”.

“Para permanecer en el cargo, los servidores en funciones deben adecuarse a los requisitos establecidos en la presente ley, en un plazo máximo de treinta días calendario a partir de su vigencia”, establece la ley. Vencido ese plazo sin haberse cumplido con la adecuación, los funcionarios quedan “impedidos de seguir ejerciendo el cargo, bajo responsabilidad funcional”.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, comentó a El Comercio que, por un lado, la ley servirá para aplicarse a funcionarios nuevos, quienes a partir de ahora deben cumplir los requisitos, mientras que la mencionada disposición transitoria servirá para que los actuales funcionarios se adapten a la ley.

“Les dan 30 días calendarios para adecuarse. Evidentemente, solo aquello que es materialmente posible cumplir en 30 días. De no serlo, sencillamente tendrán que dejar su posición. Va a ser bajo responsabilidad del funcionario que está a su cargo, del que lo designa”, explicó.

Alejandro Navarrete, laboralista del Estudio Navarrete Maldonado, señaló que la ley no establece una suspensión de su vigencia, por lo que se entiende que comienza regir desde el día siguiente de su publicación. Con esto, el plazo de 30 días se cuenta desde este miércoles.

Añadió que sería responsabilidad de Servir o de la Contraloría, según sus competencias, verificar que los funcionarios cumplan estos nuevos requisitos.

Alberto Retamozo, abogado especialista en contrataciones, estimó que habrá varios funcionarios que deberán dejar sus actuales puestos en el sector público como consecuencia de esta ley y advirtió que “no se puede desarmar la administración pública tan rápido”.

A su criterio, la ley debió haber entrado en vigencia recién luego de publicado su reglamento para que aquellos funcionarios que saben que se irán por no cumplir con los nuevos requisitos puedan hacer una transferencia ordenada. “Personal calificado en la administración pública es difícil [de encontrar] (...) Con altas calificaciones como piden acá, es complicado, pero ojalá que lo encuentren”, comentó.

Ley mejorable

Iván Lanegra agregó que, un contexto marcado por un “claro abuso de la responsabilidad que se le da a los funcionarios” al designar a personas sin considerar si son idóneas, esta ley puede ser “un freno para los casos más arbitrarios”.

Mayen Ugarte, abogada especialista en gestión pública, consideró que los requisitos establecidos son razonables. “Están pidiendo, por lo menos, experiencia en la materia”, indicó. “Nunca habíamos necesitado algo así porque había un entendimiento general de que tú buscas a las personas que tienen los conocimientos y las habilidades (...) La necesidad de poner una regulación como esta nos habla de una precarización muy grande”, opinó.

Para Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, la ley es “un avance” que debería extenderse a trabajadores del Congreso y a los asesores contratados bajo el sistema de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). De lo contrario, consideró que quienes no cumplen los requisitos podrían “acomodarse en otras modalidades de trabajo y van a ser quienes gobiernen en la sombra”.

“La lógica es preservar la meritocracia para el acceso a cargos en el sector público, en ese sentido está bien”, opinó Guiselle Romero, profesora de Gestión Pública de la Universidad Católica. Sin embargo, también advirtió que “la experiencia directiva en el sector privado no necesariamente sirve para el sector público”.

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