En medio del escándalo en el Gobierno por las reuniones no registradas de funcionarios y empresarios en la vivienda vinculada al presidente Pedro Castillo en Breña, la primera ministra Mirtha Vásquez anunció la reactivación de la oficina de integridad de la Presidencia.
La presidenta del Consejo de Ministros se refirió a lo que fue la Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII) del Despacho Presidencial. Esta oficina fue establecida recién en marzo de este año, durante el gobierno de Francisco Sagasti, pero se desactivó a fines de agosto, ya en la gestión del propio Pedro Castillo.
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Especialistas consultados por El Comercio puntualizaron que instituciones como la Defensoría del Pueblo advirtieron en su momento sobre la desactivación de esta instancia, sobre la que no se dio mayor explicación. Además, coincidieron en que, de haber funcionado de manera óptima, la UFII pudo advertir sobre algunos de los cuestionamientos que se ven hoy.
Por otro lado, destacaron la necesidad de que la persona que sea designada al frente de esta oficina tenga idoneidad e independencia.
De la desactivación a la reactivación
El funcionamiento de la UFII se paralizó con el nuevo gobierno. Según dijo Mirtha Vásquez este miércoles, la oficina de integridad estaba inactiva desde julio. Sin embargo, la norma que hizo oficial de su desactivación tiene fecha del 27 de agosto, un mes después del inicio de la gestión de Pedro Castillo.
La resolución está firmada por Ysmael Rafael Mayuri Quispe, entonces subsecretario general del Despacho Presidencial, quien trabajaba directamente debajo de Bruno Pacheco. Allí se dispuso delegar las funciones de la UFII en la Oficina de Recursos Humanos de Palacio y se dejó sin efecto la resolución que la resolución que la conformó meses atrás.
El Ejecutivo no dio respuestas ni corrigió en ese momento la medida. Esto a pesar de que la Defensoría del Pueblo y Proética advirtieron sobre su impacto negativo y pidieron que se revierta. “No [hubo explicación] Nosotros, según el monitoreo que hemos hecho, no hemos encontrado ninguna respuesta”, comenta Samuel Rotta.
Resolución que desactivó la UFII de Presidencia
“Fue muy fácil para la nueva gestión desactivarla y decir que las funciones encargadas a esta oficina las iba a realizar la oficina de RRHH”, advierte el presidente de Proetica, Samuel Rotta. Esto se debe, apunta, a que la UFII no llegó a ser incluido oficialmente en la estructura orgánica del Despacho Presidencial, que se regula con su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
“Lo claro es que tampoco la función [de la UFII] la cumplió alguien”, dice Lanegra. “Tú podrías desaparecer la oficina, pero la función mantenerla activa. Es evidente que Recursos Humanos no lo hizo”, agrega.
La oficina estuvo desactivada durante el periodo en el que múltiples escándalos golpearon al gobierno, desde nombramientos cuestionados hasta visitas no registradas.
Entre estas las que se sostuvieron en las últimas semanas en la casa del jirón Sarratea, en el distrito limeño de Breña, que habitó Pedro Castillo durante su campaña presidencial y donde despachó en los primeros días de su gestión.
De haber funcionada adecuadamente, coinciden los especialistas, se pudieron haber evitado algunas situaciones que resultaron en cuestionamiento al Ejecutivo. “Los funcionarios que trabajan en integridad no solo asesoran al presidente o a la Secretaría General (...) advierten también, ponen en práctica medidas de prevención pare evitar inconductas de los funcionarios. Esa es la idea”, opinó José Elice, ex ministro del Interior.
“Ante la primera alerta que dio la Contraloría sobre los cambios, por ejemplo, en cómo debía ser el despacho presidencial fuera de Palacio, seguramente [la UFII] hubiera puesto eso como una situación de riesgo y hubiera impulsado políticas para corregir esa situación (…) Seguramente, no hubiéramos tenido esto que hemos visto hace poco. Eso hubiera sido un resultado inmediato”, indica Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia.
“Si hubiera seguido funcionando, y funcionando de forma óptima, debería haber habido una alerta más temprana de que se está incumpliendo con estas obligaciones de gestión de intereses”, opinó Rotta.
“Debiera haber habido una información, una alerta sobre que ningún funcionario está facultado a atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional (…) Y si es que hay una reincidencia, podría activarse una denuncia y un procedimiento administrativo y, eventualmente, penal, según sea el caso”, añade.
Luego de días marcados por el escándalo de las visitas a la vivienda de Breña, que incluso han avivado la posibilidad de que se admita a debate en el Congreso una moción de vacancia presidencial, el Ejecutivo anunció la reactivación de la UFII.
Una persona idónea al frente
Lanegra considera que este regreso es positivo y que una de las primeras acciones debería ser incorporar esta oficina al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial para que no puede volver a ser desactivada fácilmente.
“Esta oficina, a partir de todo lo que hemos visto en los últimos días, tiene mucho trabajo. Es claro que hay varias situaciones de riesgo de integridad en el diseño actual del Despacho Presidencial. Entonces, su primera tarea es identificar esos riesgos y prevenirlos. Para esto, también es muy importante que la persona a cargo sea una que se especialista en el tema y que tenga una trayectoria impecable”, comenta el representante de Transparencia.
Rotta coincide: “Lo más importante ahorita es asegurar que esta oficina se incorpore al ROF, que no se pueda desactivar. Lo segundo es designar a quien va a llevar adelante el encargo de esta oficina, debe ser una persona súper capacitada”.
José Elice destacó la importancia de que la persona que se haga cargo de la UFII “no tenga ninguna observación”.
“Una persona que no tenga reproches, que no tenga antecedentes de actos cuestionados. Tiene que ser un ciudadano o ciudadana ejemplar y también que conozca el tema, porque también ya se ha tecnificado el tema de la ética y la moral pública”, remarcó.
Por su parte, el director de Proética, Samuel Rotta considera que el nuevo coordinador de la UFII debe ser alguien con experiencia en oficinas de integridad, preferentemente en el sector público, pero también puede provenir de espacios similares del sector privado. Además, debe ser una persona que entienda la trascendencia de su rol.
“Que tenga la decisión para poder plantarle cara no al presidente, pero sí a la máxima autoridad administrativa, que es el secretario general y, a través de este, al presidente de la República. Creo que esas tres características son importantes: conocimiento de las disposiciones, experiencia en entidades (…) y que tenga consciencia del rol que va a asumir y de la importancia”, señaló.
Además, consideró que “no debería tener ninguna vinculación con algún partido político, eso sería meter ruido innecesario”. De forma similar, Ivan Lanegra, de Transparencia, dijo que “lo ideal es que sea una persona independiente y Elice expresa que “hay muchas personas en diferentes ámbitos organizacionales que realmente conocen este tema”.
“La independencia es una característica bien importante para esta tarea. Ser independiente de cualquier tipo de interés particular”, explica Lanegra. También importante que “conozca el sistema de integridad. De repente, que haya trabajado en algo similar, eso es muy importante. Lo segundo, que tenga una trayectoria impecable. Tiene que ser una persona integra, sin ninguna duda”, exclamó.
Rotta consideró que “en vista de lo que está pasando, de este escándalo”, la UFII reactivada deberían impulsar una campaña interna para poder asegurar un adecuado registro de los actos de gestión de intereses.
“Hay una fuerte debilidad en ese rubro y que da pie para estas cosas. Ser muy exigentes en cómo se está cumpliendo esta obligación y dar directivas concretas, adecuadas al perfil de la institución para que se cumpla de manera óptima”, dijo.
José Elice apuntó que la UFII debería “desarrollar programas de prevención para evitar este tipo de conductas entre quienes trabajan alrededor del presidente”. Incluso, dice que si bien la idea no es que l la persona encargada le “diga al presidente qué tiene que hacer todos los días”, si podría -en caso le tengan confianza- “advertir sobre algunas actitudes que podrían interpretarse como contrarias a la moral y la ética pública”.
Rotta remarcó que esta oficina debería darle seguimiento al anuncio hecho por Mitha Vásquez a que ya no habrán más reuniones en el mencionado inmueble de Breña. “Va a pasar, porque e imposible que un presidente no se reúna fuera [de Palacio], pero hay que tener una directiva muy clara de cómo se procede en ese caso. Tenerla de una vez y empezar a cumplirla y supervisarla”, opinó.
¿Qué es la Unidad de Integridad?
Como parte de la Política de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, la Presidencia el Consejo de Ministros impulsó en los últimos años la creación de oficinas de integridad al interior de instituciones del Estado.
“Desde hace uno años se marcó la tendencia, no solo en el Perú, de crear oficinas que trabajen el tema ético y también integridad (...) Después apareció el tema de la integridad, que es un paso adelante más en el tema de la ética y la moral pública. Tiene que ver con que los funcionarios actúen con empatía, con transparencia, respetando a los demás y según un patrón moral claro, que les permite distinguir entre el bien y el mal”, explica José Elice, exministro y exsecretario de Presidencia.
Estas oficinas están lideradas por un oficial de integridad, que “se hace responsable de implementar las políticas en esta materia dentro de la institución en la cual trabaja, es algo así como un ente de apoyo interno de estas instituciones”, según dijo a El Comercio Iván Lanegra, secretario general de la organización Transparencia.
En julio del 2019, la PCM dispuso los lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública. Recién en marzo del 2021, el Despacho Presidencial ordenó componer su Unidad Funcional de Integridad Institucional.
Samuel Rotta, director de Proetica, agrupó en tres bloques las funciones de estas oficinas: “Uno, impulsar o llevar adelante lo que es el mapeo de riesgos de corrupción en la entidad y desarrollar un plan de minimización y de previsión. Dos: acoger, procesar y canalizar denuncias vinculadas a infracciones a la ética pública o corrupción. Tres: ejecutar o supervisar la implementación de las medidas que tiene que ver con la prevención de los conflictos de intereses”, dijo.
Disposición de la PCM sobre oficinas de integridad
Lanegra comenta que la persona al frente de esta oficina “tiene tres tareas básicas: definir cuál es la mejor manera de la institución para prevenir riesgos a la integridad pública; hacer una suerte de diagnóstico de dichos riesgos, qué problemas de riesgos a la integridad pueden haber dentro de la institución; y desarrollar un programa de implementación de mejoras”.
De acuerdo con la web oficial de la UFII, su función es “implementar la función de integridad en el Despacho Presidencial, velando por su adecuado cumplimiento en el marco de la normatividad vigente”.
Agregan que la función de integridad consiste en “la implementación del modelo de integridad establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Ello tiene que ver con el desarrollo de mecanismos e instrumentos para la promoción de la integridad, así como la interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública”.
Específicamente, señalan estas como sus principales funciones:
Funciones de la UFII |
---|
Apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción |
Proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento. |
Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes estratégicos de la Entidad. |
Coordinar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno. |
Coordinar e implementar el desarrollo de actividades de capacitación en materia de ética pública, transparencia y acceso a la información pública, gestión de intereses, conflicto de intereses y otras materias vinculadas con la integridad y lucha contra la corrupción. |
Recibir, evaluar, derivar, realizar el seguimiento y sistematización de denuncias sobre actos de corrupción, asegurando la reserva de la información cuando corresponda. |
Otorgar las medidas de protección al denunciante o testigos cuando corresponda. |
Orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre dudas, dilemas éticos, situaciones de conflicto de interés, así como sobre los canales de denuncias y medidas de protección existentes en la Entidad. |
El gobierno de Francisco Sagasti, mediante una resolución con fecha del 19 de marzo, dispuso la conformación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional como dependiente de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial y con un coordinador o coordinadora a cago. Allí también se nombró a Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo en el puesto, en adición a sus funciones como directora de la Oficina de Recursos Humanos.
Directiva de la UFII sobre regalos y cortesías en el Despacho Presidencial
El 20 de mayo de ese mismo año, se designó como nueva coordinadora de la UFII a Merlita Melina Burgos Quiñones. Semanas después, el 16 de junio, la oficina publicó su primera normativa, dedicada al “Tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial.
Su segunda directiva es de fecha del 1 de julio y trata sobre “Disposiciones y procedimientos para la atención de denuncias por actos de corrupción en el Despacho Presidencial”.
Directiva de la UFII sobre denuncia por corrupción en el Despacho Presidencial
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