Ana Bazo Reisman

Desde las irregulares reuniones en la casa de pasaje Sarratea hasta los presuntos visos de corrupción que públicamente denunciara el ahora exministro , el presidente y su entorno de gestión han protagonizado, en un solo año, un total de 237 situaciones polémicas y escándalos. Esto implica que, cada 36 horas en promedio, el Ejecutivo fue centro de un nuevo cuestionamiento.

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Del total de casos, 77 respondieron a la evolución de investigaciones fiscales o del Congreso, mientras que 31 se originaron de denuncias expuestas por los medios de comunicación. En paralelo, con base en denuncias e informes de la Contraloría, la administración Castillo ha sumado 138 nombramientos cuestionados entre los distintos ministerios. De este número de funcionarios, 41 se mantienen en sus puestos hasta hoy, pese a la advertida falta de idoneidad o experiencia.

Un gobierno orientado a la supervivencia

En diálogo con El Comercio, la politóloga Paula Távara estimó que, en estos 365 días de continuas crisis y designaciones fallidas, el Ejecutivo ha demostrado carencias de aprendizaje y falta de claridad sobre la orientación de sus propias políticas. Además, destacó que la cantidad de nombramientos por mero ‘cuoteo’ político o amical han evidenciado una mayor dinámica de supervivencia que de preocupación por la Administración Pública.

“Para aprender hay que tener una efectiva voluntad de aprendizaje, de escuchar a aquellos que saben, de rodearse de los mejores asesores posibles, que ayuden en esa toma de decisiones y en ese aprendizaje. Y además hay que tener algunas claridades programáticas, ideológicas, discursivas, sobre lo que se quiere hacer. Lo que hay es desinterés por hacer una gestión pública de calidad. Las formas políticas y la cualificación no están presentes”, comentó Távara.

Las cifras del primer año de Pedro Castillo| #ECData #VideosEC
El Suplemento de la Unidad de Datos muestra un panorama completo de los primeros 12 meses del gobierno, que incluyen polémicas, designaciones cuestionadas, cambios de funcionarios, promesas cumplidas e incumplidas, proyectos de ley, entre otros.

El politólogo Paolo Sosa señaló que, con el paso de los meses, el gobierno del presidente Pedro Castillo se ha limitado cada vez más a la supervivencia, dada la cantidad de vínculos con supuestos actos ilícitos. Cabe recordar que el mandatario es sujeto de cuatro investigaciones emprendidas por la Fiscalía de la Nación por los casos Puente Tarata (presunta mafia en el MTC que involucra también a sus sobrinos y al exministro Juan Silva, entre otros), Ascensos militares y policiales, Encubrimiento de prófugos (a raíz de la remoción del ministro Mariano González), y PetroPerú (por las compras de biodisel que habrían beneficiado a la empresa Heaven Petroleum Operators). Adicionalmente, Castillo y su esposa, Lilia Paredes, tienen una investigación fiscal por el presunto plagio de su tesis de maestría.

“Es evidente que el gobierno está dedicado absolutamente a la supervivencia. Ya no solamente en función de su pelea con el Congreso y con la oposición, sino también con estos frentes legales que se han abierto [por presunta corrupción] y que involucran a distintos actores del Ejecutivo e incluso a familiares del presidente. Creo que a eso ha devenido el gobierno en los últimos meses. Las promesas más importantes de la campaña se han ido dejando de lado y todas las actividades, acciones y estrategias del gobierno han estado orientadas a torear a la oposición pero, sobre todo, controlar estos frentes legales”, dijo Sosa.

Hostilidad con la prensa

En este tiempo, el mandatario ha continuado evasivo y confrontacional con la prensa, al punto de brindar declaraciones por un total menor de una hora y media en todo un año. Sus entrevistas con medios locales suman solo cuatro, además de la única que diera a una cadena internacional, como CNN. Su período más largo de silencio fue de 110 días y, en el interín de los destapes periodísticos, arremetió con críticas e imputaciones a la prensa durante actividades oficiales.

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Para Paula Távara, el discurso de la ‘persecución mediática’ ha tomado un punto de desgaste frente a la acumulación de escándalos. “Con los Consejo de Ministros descentralizados o con algunas promesas o incluso diciendo que [sectores de la prensa o de la política] ‘no dejan trabajar’, se puede mantener un electorado duro. Pero eso no dura cinco años. La excusa del maltrato de la clase política o de los medios se va agotando cuando los errores son cada vez mayores y claramente del gobierno”, expresó.

Sosa coincide en que la actitud reacia del presidente a rendir explicaciones le resta los atributos de cercanía con la población que alguna vez tuvo en campaña. “El principal problema no es que haya dado pocas entrevistas, sino que, en general, [Castillo] no es un presidente muy transparente. Su defensa es que los medios no lo han tratado muy bien como candidato, pero ya no es candidato. Podría dar entrevistas a medios ‘menos críticos’ –que existen– pero tampoco lo hace. O también podría optar en dar conferencias diarias, que eso sería más aceptable que el rechazo sistemático a comunicar. Pero [el hermetismo] empieza a costar caro en tanto la gente siente que las cosas no van bien y el presidente no da explicaciones”, sostuvo.

El especialista destacó los resultados de la encuesta que publicara el Instituto de Estudios Peruanos en junio último, donde el 66% de los ciudadanos consultados señala que su percepción sobre el presidente es el de una persona “poco o nada honesta”. En agosto, al arranque del gobierno, la misma percepción alcanzaba el 43%. En similar diferencia, un 73% considera que el mandatario inspira poca o nula confianza, frente al 53% que en agosto consideraba lo mismo.

(Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec)
(Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec)

‘Salidas’ poco claras

En el transcurso de este año, el presidente Castillo ha afrontado dos pedidos de vacancia por parte del Congreso. En ambos intentos, el sector opositor no llegó a los 87 votos para aprobar la medida. En el Legislativo también han circulado exhortaciones a la renuncia del mandatario, planteamientos de suspensión o inhabilitación y recomendaciones de acusación constitucional. El expresidente Francisco Sagasti, por su parte, promueve una iniciativa de ley que permita . Esto, como parte de un colectivo de instituciones civiles.

Sin embargo, aún no se llega a salidas claras e institucionalmente saludables frente a la permanente crisis política. En tanto, el Ejecutivo sigue acumulado escándalos sin ánimos de enmienda y el Congreso tampoco escapa de cuestionamientos y una alta desaprobación. “Tanto Ejecutivo como Legislativo están centrados en buena cuenta en su propia supervivencia y en su propia garantía de espacios y cuotas de poder. Y si por ello tienen que convivir con el otro, lo van a hacer”, opinó la politóloga Paula Távara.

Por el lado de la ciudadanía, el politólogo Paolo Sosa explicó que, si bien el gobierno “ha hecho activamente los méritos para que se planteen ese tipo de escenarios”, las movilizaciones sociales continúan muy fragmentadas.

“Esto tiene que ver, en gran medida, con que no hay un actor político u organizaciones o colectivos que sean capaces de movilizar o de estructurar la movilización general y llevar estas reacciones fragmentadas hacia una agenda común. Pero también tiene que ver un poco con la polarización: mucha gente puede estar en desacuerdo con el gobierno, pero a la vez puede asumir que salir a protestar pidiendo directamente la vacancia o nuevas elecciones es visto como una colaboración con un sector que tampoco los representa”, dijo.

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