Primero tregua, luego cuestión de confianza. Una crónica de Fernando Vivas

Justo antes de viajar, el viernes 16 en la mañana, acompañado de 6 ministros, Castillo se reunió con el flamante presidente del Congreso, José Williams. El día antes, el ministro de Transporte, Geiner Alvarado, había sido censurado con 94 votos, 7 más de los requeridos para la vacancia. Tremendo aguijón en la maleta del viajero. Esa misma tarde el Congreso votó su permiso de viaje a Nueva York, y se le concedió. Es posible que, de no mediar la visita, se lo hubieran negado. Para el cortoplacismo imperante en Palacio, ese resultado hizo que el encuentro fuera un éxito. A su regreso, el martes 20, difundió una amable carta de felicitación por el bicentenario del Congreso. Concentrados en las elecciones subnacionales, los partidos del bloque opositor no le prestaron atención a la censura a Willy Huerta y este se salvó con votos y abstenciones de los aliados encubiertos (‘niños’ y Podemos). Un pequeño suspiro de alivio en Palacio. Pero hay un grupo que no está tan atento a estas escaramuzas en el Congreso, ni a los diarios ni a la TV. Había estado trabajando en una solución radical. ¿Y si antes que vaquen al presidente del pueblo hacemos que él cierre el Congreso?

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Dos veces, la 2da reforma

Cuando Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta, reparó en que no tenía ni siquiera un programa de gobierno. El ‘ideario’ –así llamado- de Perú Libre (PL) no calificaba como tal. En las semanas siguientes, un grupo de profesionales que a duras penas convocó PL, junto al Nuevo Perú de Verónika Mendoza, armaron el Plan Bicentenario sin Corrupción, que recoge mucho del plan de Mendoza más los aportes de los convocados. El capítulo agrario, por ejemplo, se hizo con los aportes de Andrés Alencastre, ministro de Agricultura hasta hace poco; y los argumentos que había desarrollado Eduardo Zegarra en Nuevo Perú. El nombre de ‘segunda reforma agraria’ se usó como un juego de palabras, pues el plan no hablaba de temas de propiedad, como en la reforma de Juan Velasco, sino, básicamente, de mercado y asistencia técnica.

Ni Alencastre ni Zegarra, con quienes he conversado cuando el primero fue ministro y cuando el segundo fue jefe del gabinete de asesores del ministro Víctor Maita, me dejaron entrever propósitos ulteriores al asunto agrario. Pero según fuentes palaciegas, ahora sí los hay. El congresista Hamlet Echevarría, de Perú Democrático, la bancada oficialista de Guillermo Bermejo y Betssy Chávez, presentó el 27 de junio el proyecto de ley que Promueve la Tecnificación e Industrialización del Agro Peruano como Pilares de la Segunda Reforma Agraria. El articulado, muy ambicioso, habla de todo: educación, salud, conexión vial, “derecho a la tierra, territorio y el derecho al agua por encima de cualquier otro derecho económico, entre otros”.

Complementando esos fraseos declarativos, hay artículos en los que no queda claro si se está planteando una reforma radical en materia de propiedad privada y colectiva, de consultas vinculantes y otros ítems polémicos. Sin embargo, lo que llama la atención no es la grandilocuencia del texto, afín a muchos proyectos de bancadas radicales o reformistas y encomiable en sus propósitos de hacer asequibles mercado y tecnología a pequeños productores; sino que, según fuentes que han seguido la pista de este proceso, entre sus promotores se comentó una segunda intención. ¿Cuál? Dar rienda suelta a los aspectos conflictivos del proyecto, para convertirlo en un lineamiento de política pública sobre la que el gobierno plantee una cuestión de confianza ante el Congreso; la primera de dos que si son negadas, lo facultarían a disolver a su bestia negra.

Echeverría no contesta mi mensaje. Pero ni él ni alguien de su despacho son autores del proyecto. En los anexos se explica que este surge de la Plataforma Nacional del Agro Peruano (Planagro), formado por dirigentes de organizaciones de raigambre campesina. En realidad, esta iniciativa se ha dado en un marco mayor, el de la Asamblea Nacional de los Pueblos, entelequia que reúne a varios gremios populares desde 1987 y que tiene una vida muy ocasional. Hace unos meses se reactivó gracias a que gremios amigos del gobierno, como la Cunarc (Central Única nacional de Rondas Campesinas) y la Fenmucarinap (la federación de mujeres campesinas que dirige Lourdes Huanca), sirvieron de enlace con el castillismo. Esto último queda claro en un twit de Patria Roja del 14 de mayo, en el que el partido comunica que se retira de una reunión de la ANP por la instrumentalización que de ella pretendía hacer Castillo.

Volvamos al proyecto. Para que este sirva al propósito confrontador debía dejar de ser iniciativa de un congresista, pues no se puede plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto del mismo Congreso. Tenía que convertirse en un proyecto del Ejecutivo. Según mis fuentes, eso es precisamente lo que se está haciendo, con el Ministerio de Agricultura, en especial con el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar, Rómulo Antúnez. Antúnez fue fichado en marzo gracias al entonces ministro Óscar Zea, de quien había sido asesor en su despacho congresal. Zea, como recordarán, era congresista del grupo de maestros castillistas dentro de Perú Libre. Fue la cuota ministerial de los maestros, que se apartaron de él cuando se ventilaron las denuncias de que había sido absuelto de dos asesinatos, con sentencias que dejaban cabos sueltos. Cuando dejó el ministerio, los maestros no lo recibieron en su recién formado Bloque Magisterial y Zea pasó a la bancada de Podemos.

Mientras fue ministro, hasta el 22 de mayo, Zea promovió la discusión del proyecto de Planagro. La prueba es que el principal ideólogo del plan, Luis Alberto Bravo Villarán tiene varias visitas a Antúnez, cuando este despachaba con Zea en el Congreso. Luego en el Midagri lo seguía visitando siendo viceministro. El proyecto siguió trabajándose, ya como iniciativa del gobierno, por un grupo en el que participaron, con diverso conocimiento del sector, Antolín Huáscar de la CNA (Confederación Nacional Agraria), César Guarniz (gerente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego), Lourdes Huanca y Marino Flores, el líder rondero que puso el pecho por Pedro Castillo en varias entrevistas.

El entusiasmo, según me cuentan, fue de más a menos. Nadie podría asegurar que el proyecto llegue a ser presentado por el Midagri con tal publicidad y ánimo polémico que se generen las condiciones para que el primer ministro plantee una cuestión de confianza sobre la política agraria del gobierno. La nueva ministra Jenny Ocampo, recién estará haciéndose cargo de esta agenda singular. Lo más probable es que aborte el intento, como abortó en un consejo de ministros durante la gestión de Mirtha Vásquez, la idea de discutir la posibilidad de que el afán de promover una asamblea constituyente, llegara hasta la cuestión de confianza (esto lo conté en la crónica “El gabinete Valer y ‘los bibertos’”). También abortó, y no por fatiga del Ejecutivo, sino por cálculo congresal para ahorrarse la bala de plata, la visita pechadora de Aníbal Torres el 18 de agosto. Más de una fuente me aseguró que esa vez Castillo, Torres y el grupo de los voceros fueron con ánimo confrontador con la idea de que el Congreso censurara a Torres, luego pondrían otro primer ministro pechador y ¡zas!, disolución constitucional. El Congreso no pisó el palito como probablemente no lo haría ante una cuestión de confianza sobre política agraria. La aparente tregua no es solo una manera de guardar las armas letales para más tarde, sino de ocultar las verdaderas intenciones.