:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SJHJJDUKGFA7XFEIUIENIM3LM4.jpg)
El procurador anticorrupción Christian Salas rechazó que haya una motivación política en la detención preventiva por 14 meses dictada por el Poder Judicial contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.
“Los criterios que se han señalado son meramente jurídicos, basados en elementos objetivos de la investigación y, por lo tanto, queda claro descartar cualquier tema político”, enfatizó.
Según Salas, se esperaba que una autoridad elegida por voto popular pretenda victimizarse frente a las acusaciones de corrupción. Sin embargo, enfatizó que en este caso se ha actuado correctamente y dentro de los marcos legales.
Por ejemplo, indicó, la fiscalía cumplió con los tres requisitos exigidos por el código de procedimientos para solicitar la prisión preventiva de un funcionario, como son la vinculación clara con los delitos imputados, riesgo procesal y que la pena sea mayor de cuatro años.
Sobre el primer punto, indicó que hay testimonios de testigos, un cuaderno y hasta una grabación cuyo contenido probaría el benefició ilegal a favor de Santos por más de S/. 800.000 provenientes de las licitaciones en Cajamarca.
No obstante, el procurador recalcó que la prisión preventiva no afecta el derecho de Santos de presentarse como candidato a la reelección, pues la inhabilitación de un candidato procede, según la ley electoral, cuando existe sentencia firme.
Tras la decisión del Poder Judicial, Santos, uno de los principales opositores del proyecto minero Conga, permanece en la carceleta del Palacio de Justicia, a la espera de ser trasladado a un penal de Lima.
