Ricardo Valdés: “El Movadef y el Conare están teniendo una actuación gravitante en la política del país” | ENTREVISTA

— Ha generado controversia la designación de José Luis Fernández Latorre como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia [DINI]. Ha sido investigado en varias ocasiones y acumula 30 sanciones disciplinarias en la PNP.

Primero, hay que entender la dimensión del cargo y las responsabilidades que tiene que asumir quien lo ocupe. Este cargo implica la coordinación de todos los sistemas de inteligencia del Perú, que incluye al sector Defensa, al sector Interior, a la Cancillería, etc. Y también implica poder ofrecer información absolutamente reservada a la alta dirección del país: presidente, primer ministro, etc., con la finalidad de proteger los intereses del Perú. Entonces, la persona que ocupe el cargo tiene que tener un conocimiento integral de lo que son las relaciones internacionales e internas, de planificación estratégica, tener dominio de los sistemas de información. Eso supone años de experiencia o preparación. Adicionalmente, por la confidencialidad de la información que se maneja y porque la posición permite intervenir de manera legal ciertos teléfonos para obtener información, se requiere de una persona que, además de los conocimientos y la experiencia, tenga calidad ética y moral. Esto último tan importante como lo otro. ¿Qué me dicen el currículum, la hoja de vida y las sanciones del señor Fernández? Que no reúne la experiencia, que no tiene el conocimiento. Y las 30 sanciones impuestas dan mucho que hablar sobre su capacidad ética y moral. En conclusión, no reúne para nada los requisitos que ese cargo debe tener. Si el presidente de la República insiste en mantenerlo en esta posición, es porque podría estar queriendo sacar algún tipo de provecho.

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— Fernández ha dicho que se trata de sanciones que no tienen relevancia...

Discrepo totalmente. Las sanciones tienen absoluta relevancia para ocupar un cargo como la DINI, porque me dicen cuánto respeta esta persona las normas y los procedimientos. Si yo veo que tiene un conjunto de 30 sanciones, así sean simples, veo el perfil de una persona que tiene poco aprecio por las normas. Además, son indicios de que la persona es muy flexible con la legalidad. Si una persona va quebrantando las normas institucionales de la PNP, debo suponer que cuando ocupe un cargo de importancia, que implica un manejo de la confidencialidad y de la ética, lo más probable es que eso no se llegue a cumplir. Eso es elemental en cualquier proceso de selección de personal.

— No es el primer cambio en la PNP que se cuestiona. La semana pasada César Cervantes dejó de ser el comandante general. ¿Era una movida esperable con el cambio de gobierno o le hace bulla?

Quisiera distinguir dos cosas. Una cosa son los cambios políticos administrativos, en los que tienes que evaluar si el cambio se ajusta a las prerrogativas del presidente de la República. En ese sentido, [el cambio de comandante general] no me hace ruido, porque el presidente tiene la prerrogativa de elegir un nuevo comandante general de la Policía. ¿Dónde es que me hace ruido? En el contexto político en el que se hace. Lo que me dice el contexto es que existe una tendencia por parte del Ejecutivo de obtener información de primera mano con respecto a situaciones que involucran al alto poder político del país. Por ejemplo, las reuniones que tiene el ministro del Interior [Juan Carrasco] con el congresista Waldemar Cerrón, el hecho de que haya llamado los jefes de la Diviac [División de Investigación de delitos de Alta Complejidad] y la Dircote [Dirección Contra el Terrorismo] para pedir información sobre las investigaciones [contra miembros de Perú Libre y funcionarios del gobierno]; el hecho de que se haya intervenido la Dircote, etc. En este momento, hay cuatro unidades de la policía que son incomodas para el gobierno: la Diviac, la Dircote, la División Lavado de Activos e Inspectorría. Entonces, en ese contexto, el cambio del comandante general, del inspector y del comandante dan que pensar.

— Una vez más, se han difundido publicaciones pasadas del premier Guido Bellido en redes sociales relacionadas Sendero Luminoso y Abimael Guzmán.

Podemos tener una lectura de corto plazo o una de largo plazo. En la de corto plazo, lo que veo es un conjunto de publicaciones inadecuadas que, de alguna manera, establecen un perfil de la persona que está ocupando el cargo de primer ministro. Una persona que tiene simpatías hacia el principal problema de criminalidad y afrenta a los Derechos Humanos que ha tenido el Perú es incompatible con el cargo de primer ministro. No puedes tener como primer ministro a una persona que no guarda ningún tipo de recato al manifestar su simpatía por Sendero Luminoso. Pero una lectura de largo plazo me preocupa muchísimo más.

Hay que mirar el conjunto de actores ligados con Sendero Luminoso que están relacionándose con el gobierno. No se puede mirar estas simpatías de Bellido de manera aislada. Hay que verlas, por ejemplo, en conjunto con la visita que ha hecho Tito Rojas, miembro de Conare y fundador del Movadef, a PCM. O con la presencia del ministro de Trabajo Íber Maraví, cuyos vínculos con Sendero Luminoso están altamente documentados. Esta constelación de eventos me hace pensar que Abimael Guzmán, a través del Conare, ha logrado lo que no logró en el año 2011, cuando quiso inscribirse en la vida política. En estos momentos, en la práctica, el Movadef y el Conare están teniendo una actuación gravitante en la política del país. Es decir, han logrado entrar por la puerta falsa para estar involucrados en las altas decisiones del gobierno del Perú. Y eso sí me parece tremendamente preocupante.

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— Sobre esto, el presidente de la comisión encargada de evaluar a los candidatos al Tribunal Constitucional, José María Balcázar, de Perú Libre, ha dicho que “ya no existe el terrorismo en el mundo y acá en el Perú tampoco”.

Es como pretender que en el mundo ya no existe el narcotráfico y en el Perú tampoco. Me parece una postura negacionista de la historia. Existe el terrorismo en muchas partes del mundo, y en el Perú es una situación que se sigue produciendo, porque la tenemos en el Vraem.

— Carlos Basombrío ha dicho que, de tanto “terruqueo” por parte de la extrema derecha, la gente ya no cree cuando realmente hay evidencia de cercanía con el terrorismo. Una especie de “Pedro y el lobo”. ¿Cuál diría que es la relación entre el gobierno y Sendero Luminoso?

La primera evidencia de la relación con el Movadef es el presidente de la República. Pedro Castillo surge en el año 2017 como presidente del comité de lucha contra la reforma educativa. Surge como presidente de Conare, íntimamente relacionado con el Movadef. Ese es un dato que el propio Basombrío expuso ante el Congreso de la República. Luego del presidente está el primer ministro, con todas las simpatías que ha mostrado por Sendero Luminoso. Le sigue el secretario general del partido Perú Libre [Vladimir Cerrón], que tiene serias acusaciones no solamente de corrupción, sino de relaciones con el terrorismo. Está también el ministro del Trabajo, que aparece en atestados policiales [como autor de atentados terroristas]. Por otro lado, hay una serie de otros elementos que me hacen pensar lo que afiné hace un momento: que, de una manera u otra, Movadef ha conseguido en el 2021 lo que no consiguió en el 2011, es decir, tener participación en la vida política del país.

Coincido con Basombrío en que llamar comunistas o terroristas a diestra y siniestra, sin capacidad de distinguir matices, ha sido tremendamente negativo. Meter en el mismo saco a gente que es de izquierda pero que es demócrata y a gente totalitaria ha polarizado la discusión y no ha permitido un espacio hacia el centro que permita un mayor equilibrio en la vida política del Perú.

— ¿Qué le dice que Íber Maraví continúe en el gabinete ministerial?

Para mí, esa es una declaración de parte del presidente de la República de las simpatías hacia aquello que Maraví representa: la alianza de un conjunto de fuerzas que estuvieron relacionadas con el totalitarismo más oscuro de la década de los 90. Y, también, es una declaración de parte del presidente de sus simpatías hacia la gente que lo acompañó en la huelga magisterial del 2017 y en la creación del Fenate.

— ¿Cómo ve el futuro traslado de Abimael Guzmán a un penal del INPE? ¿Le preocupa?

Sí. Esa es una de las cosas que ha estado impulsando Movadef desde un principio. Entonces, si tienen que ponerse de acuerdo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia para renovar el convenio, podrían perfectamente sentarse en una mesa y establecer un proceso razonable para crear una prisión de altísima seguridad, que es la que se requiere no solamente para los miembros de Sendero Luminoso, sino para otros presos muy peligrosos, como Víctor Polay o el serbio [Zoran Jaksic], que están en la base Naval.

— Y como Vladimiro Montesinos.

Y como Montesinos. Entonces, si no los quieren tener en la Base Naval, tienen que darse el tiempo suficiente para construir un penal de alta seguridad. Y eso depende del Ejecutivo. Si no lo quiere hacer el Ejecutivo, es porque no lo quiere hacer el presidente.

— Usted ha criticado duramente al fujimorismo por “abrirle las puertas del Parlamento a los huelguistas”, en referencia a la huelga magisterial del 2017, encabezada por Pedro Castillo. ¿Cuál cree que es la responsabilidad de Fuerza Popular en la legitimación de Castillo como figura política?

Lamentablemente, Fuerza Popular tuvo una pésima actuación de la mano de Keiko Fujimori y me parece que son los responsables de la debacle democrática que se originó en el año 2017. Fueron ellos los que le abrieron la puerta a Castillo y fueron los que impulsaron su liderazgo a los niveles que hoy vemos, niveles que permitieron que sea el candidato de Cerrón [a la presidencia]. A su vez, el fujimorismo tuvo muchísimo que ver con la polarización en la que, lamentablemente, nos vimos todos envueltos. Esta actitud política por parte del fujimorismo en los años 2016, 2017 y 2018 es la que nos ha llevado la situación en la que nos encontramos.

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