Tensiones y diferencias en aumento entre el nuevo Congreso y el Gobierno

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, no dejó pasar mucho tiempo y anunció, poco después, que no promulgarán el texto y lo devolverán al Parlamento con observaciones.

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“Creo que el Congreso, y lo digo con la mayor consideración, no está entendiendo la dimensión en la cual está comprometido el país, está siendo ajeno o se está distrayendo en temas escasamente constructivos como paliativos a esta crisis en la cual nos encontramos inmersos”, exclamó.

Una semana antes, el pleno del Congreso aprobó - por insistencia- la ley que suspende el cobro de peajes durante la pandemia, pese a que había sido criticada y observada por el el presidente Martín Vizcarra. Se espera el Ejecutivo presente una demanda ante el Tribunal Constitucional.

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Mientras que el más álgido enfrentamiento -y en varias etapas- se produjo por la norma que autoriza el retiro parcial de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una medida multipartidaria impulsada desde el Parlamento para aliviar las consecuencias económicas del coronavirus (COVID-19).

Antes de las polémicas normas aprobadas por el Congreso, Merino de Lama se reunió con Vizcarra el 18 de marzo para fijar una agenda común de trabajo, participó en las reuniones del Consejo de Estado e, incluso, el 10 de abril, viajó con el jefe de Estado y algunos ministros a Tumbes para evaluar la situación de dicha región.

Iniciales diferencias

Pero la emergencia por el coronavirus ha sido también el escenario para otros cuestionamientos al Ejecutivo desde el Legislativo, registrándose citados a los ministros e, incluso, pedidos de renuncia de altos funcionarios de confianza del presidente Vizcarra.

La primera diferencia se produjo luego de que la Mesa Directiva del Congreso publicara el 28 de marzo la Ley de Protección Policial. Esta señala que están exentos de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Asimismo, prohíbe se dicte el mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra dichos agentes en el citado escenario.

Dos días después, el presidente Vizcarra explicó que no promulgó la norma porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había realizado cuestionamientos al dictamen aprobado en julio del 2019 por la Comisión de Defensa del anterior Congreso.

Precisó que tampoco la observó, porque no había forma de devolver la autógrafa tras la disolución del Legislativo. “Estamos sujetos a un estado de derecho, donde la Constitución y las leyes priman. Y a efecto de ello, los derechos fundamentales son irrestrictos”, dijo por su parte el primer ministro Vicente Zeballos.

Si bien se dieron dichas posiciones desde el Ejecutivo, no se anunció ninguna medida concreta. En cambio, desde el propio Parlamento se han dado iniciativas para modificar y derogar la ley.

Otra controversia se dio en torno al control concurrente o simultáneo de la contraloría a las contrataciones públicas que se realicen en medio de la emergencia por el COVID-19.

El Ejecutivo incluyó esa propuesta en el punto 11 de su solicitud de delegación de facultades legislativas en el marco de emergencia. Sin embargo, el pleno del Congreso retiró dicho tema del texto final y aprobó el 26 de marzo pasado el requerimiento del gobierno solo con 10 ítems.

Desde la Mesa Directiva del Parlamento se señaló que el planteamiento sobre el control concurrente merecía un mayor análisis. Así, un día después, el Gobierno insistió con su iniciativa, pero esta vez mediante un proyecto de ley. La norma fue aprobada el 3 de abril y promulgada por el Ejecutivo luego de cuatro días.

Un nuevo choque, esta vez más personalizado, se dio luego de que Manuel Merino de Lama presentara el 16 de abril un proyecto de ley para que de cara al proceso electoral del 2021 no se apliquen las elecciones primarias, sino comicios internos en los partidos políticos, contemplando un marco normativo que no considera la alternancia en las listas de candidatos.

La propuesta legislativa del presidente del Congreso valió una airada crítica del mandatario Martín Vizcarra, quien cuestionó a quienes “aprovechándose de la emergencia sanitaria quieren retroceder” en acuerdos ya tomados, lo que calificó de innecesario e inaceptable. “No consideramos válido que se quiera retroceder en conceptos, como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número y alternancia”, agregó.

Vizcarra también aseveró que las mujeres son “ninguneadas en el aspecto político” actualmente, al no haber, por ejemplo, ninguna como gobernadora regional. ¿Y los cambios que propusimos y que fueron aceptados ahora dejarlos de lado?”, se preguntó.

Tensión en aumento

Es en las últimas semanas en donde ha subido la temperatura de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Por ejemplo, la situación de las cárceles del país frente al coronavirus generó que la bancada de Acción Popular solicite la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar (quien luego salió del cargo).

“No (daré un paso al costado), aunque mi cargo siempre está a disposición. Es un honor que el presidente me haya designado ministro, y yo ejerzo mis funciones al máximo, yo no abandono mis responsabilidades, menos en una pandemia, sería irresponsable hacerlo. (...) Y obviamente, [los pedidos] de los congresistas son democráticos, lo que puedo decir es que mi cargo siempre está a disposición del señor presidente, yo pongo mi mejor esfuerzo y no abandonó mis responsabilidades en medio de una pandemia”, exclamó hace dos días en una entrevista con El Comercio.

Asimismo, a Alianza para el Progreso (APP) no le satisfizo la presentación de Fiorella Mollinelli, presidenta ejecutiva de Essalud, durante la sesión virtual conjunta de las comisiones de Fiscalización, Salud y de seguimiento al COVID-19.

Un tuit de la bancada señaló hace casi dos semanas que el presidente del segundo grupo, Omar Merino, exige la renuncia de la funcionaria “por no haber respondido a los serios cuestionamientos sobre el manejo inadecuado de la crisis sanitaria por el COVID-19”. Luego, otro mensaje sostuvo que se trata de un pedido en pleno del grupo parlamentario.

El día de la presentación de Mollinelli, también hicieron lo propio el ministro de Salud, Víctor Zamora, y el primer ministro Vicente Zeballos. Durante la sesión, este fue consultado por la bancada del Frente Amplio respecto a si se evaluaban cambios en Essalud.

“Todos los cargos de confianza están sujetos a lo que diga el presidente de la República. Todos los que tenemos estos cargos los honramos con responsabilidad y compromiso. Todos los ministros y los altos mandos estamos sujetos a una permanente evaluación”, respondió el jefe de Gabinete, mientras a su lado se encontraba Mollinelli con los brazos cruzados.

Las fricciones por el retiro de fondos de las AFP

La diferencia más sustancial se dio en torno a la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP con un topo de S/12.900, consensuada en el Parlamento tras la presentación de distintos proyectos a fines de marzo e inicios de abril. El pleno la aprobó el 3 de abril y el Ejecutivo tenía hasta el 29 del mismo mes para observarla o promulgarla.

Sin embargo, el gobierno de Vizcarra no se pronunció y dejó el terreno libre para que sea el propio Congreso el que promulgue la norma, como ocurrió en un acto público transmitido por el canal del Parlamento.

Antes de la aprobación del dictamen en el pleno, el presidente Martín Vizcarra había cuestionado la medida señalando que generará distorsiones en el sistema financiero que no se pueden permitir en una época de crisis como la que se vive actualmente. En ese sentido, el pasado 1 de abril adelantó su intención de promover una reforma integral del sistema de pensiones, “pero no a través de la liberación de fondos”.

El Gobierno, en respuesta, presentó un proyecto de ley para que se cree una comisión mixta que en un plazo de 6 meses remita un anteproyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, la Comisión de Economía archivó la iniciativa, generando también el reclamo del primer ministro.

Defiende papel del Congreso

Pese a los constantes choques, el presidente del Congreso, Manuel Merino, defendió este jueves la actuación del Parlamento y señaló que están demostrando disposición y responsabilidad para legislar, fiscalizar y representar.

En este contexto, respaldó la decisión de la Comisión de Economía de archivar el proyecto del Ejecutivo para crear un grupo mixto que vea al reforma del sistema de pensiones. Dijo que hubieran preferido que el gobierno presente una propuesta que “realmente recoja la reforma del sistema público y privado”.

“Enviaron al Parlamento un proyecto de una nueva comisión y ayer la Comisión de Economía hizo un dictamen que archivó este proyecto. (...) No podemos estar con cosas a medias que nos puedan lesionar y nos puedan dividir", exclamó.

En medio de estas polémicas, está pendiente que el Gabinete de Vicente Zeballos se presente ante el pleno del Congreso a fin de obtener la confianza respecto a lo actuado durante el interregno y la política general del Gobierno. Según informó Manuel Merino de Lama, titular del Parlamento, este jueves, el acto se podría dar entre el 20 y 26 de mayo.

Balance

Cuando el Congreso aprobó, por insistencia, la ley sobre el retiro de las AFP, el politólogo Arturo Maldonado dijo que el Ejecutivo no había quedado “tan mal parado” al no haber observado ni promulgado la ley, considerando además que ha dado medidas para el retiro de parte de los fondos dejando que el Congreso actúe por su cuenta.

“Si hubiera observado la norma, hubiera quedado como del lado de las AFP en un mundo en blanco y negro, y eso es lo que Vizcarra quería evitar. Y además, tienen el argumento como que han mandado un proyecto para una reforma, que si bien es bastante vago, es una iniciativa”, manifestó.

Con ello coincidió el también politólogo Juan de la Puente, quien refirió que el Gobierno actuó bajo un juego táctico que, sin embargo, esconde un error estratégico. Lo ideal, sostuvo, hubiera sido que el Ejecutivo plantee no un proyecto de ley “muy básico” para la reforma del sistema de pensiones, sino que avance una propuesta y defina líneas claras de la misma para llegar a un acuerdo con el Parlamento a fin de que el objetivo se logre lo más pronto posible.

“De las tres opciones que tenía el presidente –promulgarla, observarla o guardar silencio– probablemente ha escogido la menos confrontacional. Porque la promulgación de la ley hubiese implicado un enfrentamiento al sector empresarial. La observación hubiera puesto al Congreso en batalla. En cambio, el silencio presidencial no enemista abiertamente al Congreso con el presidente ni a las AFP con el Gobierno. Eso como juego táctico”, comentó.

Maldonado también apuntó que en el Congreso se están tratando de repartir los créditos a favor de la promulgación de la ley. “Pero si algo malo pasa, según los pronósticos de algunos economistas, entonces ahí llega el momento de repartir culpas. Algunos congresistas o bancadas se querrán poner de lado y el Ejecutivo quedará al margen porque no avaló este proyecto”, advirtió.

De la Puente discrepó con este punto, pues consideró que hay economistas que también sostienen que la ley no genera un riesgo al sistema económico ni a las propias AFP.

“El silencio presidencial probablemente para el futuro le permite al presidente o al gobierno tener un margen de maniobra en la discusión de la reforma. El principal perdedor en esto son las AFP, que han perdido en su capacidad de influencia ante el presidente y han perdido ante el Congreso por la promulgación de la ley”, añadió.

Perspectivas

En tanto, Maldonado afirmó que desde un inicio no se ha forjado una buena relación entre el Ejecutivo y el Congreso y estimó que el tema de las AFP “es un punto alto, pero no va a ser el único”.

En esa línea, avizoró un ánimo “belicoso” a medida que se acerquen las elecciones del 2021.

“Lo que le queda a Vizcarra es tratar de minimizar los daños que ciertos proyectos de ley populistas puedan surgir desde el Congreso. Y en el Congreso algún momento surgirán algunas voces más claras, con más sensatez, que traten de disputarle el discurso a populistas, como Daniel Urresti”, arguyó.

De la Puente refirió que ambos poderes del Estado han estado “toreándose” y evitando una confrontación, que a su juicio, podría incrementarse en las próximas semanas en base a temas políticos, regionales y referidos a prestación de servicios.

Recordó, por ejemplo, que está pendiente la presentación del Gabinete de Vicente Zeballos ante el pleno.

“El destino de las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo se jugará en torno a dos temas. La capacidad del Gobierno para culminar la cuarentena y una reapertura de la economía. En segundo lugar, un mejor control de los aspectos centrales de la pandemia: camas, fallecidos, atención en cuidados intensivos, casos, manejo de pruebas”, expresó. De cara a ese escenario, dijo advertir discursos contrarios que dan para respuestas coherentes y maduras, pero también para posiciones populistas.