Un adelanto para Dina Boluarte: ¿qué movimientos hubo antes y tras el fallido golpe de Castillo? Crónica de Fernando Vivas

Betssy Chávez, en una entrevista a la carrera en “Hildebrandt en sus 13″ se ha dado por sorprendida; pero eso contradice el chat del gabinete, la versión que recogí de un ministro y un hecho que la fiscalía investigará: fue ella quien gestionó la logística del mensaje a espaldas del equipo de comunicaciones de la presidencia, como contamos desde el inicio. Lo ha confirmado, entrevistado por Juliana Oxenford, el gerente de prensa de TV Perú, Roberto Wong. Contó, además, que el mensaje se grabó en la PCM.

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Gustavo Bobbio ex de Defensa, Guillermo Bermejo y Raúl Noblecilla, quiénes por su radicalidad, se pensaría que podrían haber acompañado a Castillo en semejante decisión, han asegurado que están sorprendidos. Igual lo ha hecho el asesor Alberto Mendieta. Temprano en la mañana del miércoles, Walter Córdova Alemán, jefe del comando conjunto del Ejército, conversó con Castillo y luego renunció. En un inicio, se generó la narrativa de que el general no aceptó la propuesta del ex presidente de apoyar un golpe; pero la Unidad de Investigación ha dado un giro a ese relato que pretendía hacer pasar a Córdova por héroe de la democracia: El renunció por denuncias que había en su contra, y este quiso hacerlo ante el presidente. Allí, según repite Bobbio, no se conversó nada relacionado a un golpe. Tengamos en cuenta que recientemente, se ha publicado la Ley 31496 que impide que el poder político pueda pasar a retiro a los comandantes generales en sus dos primeros años. Si uno de ellos renuncia durante su mandato, será por motivos personales, incluyendo la vergüenza.

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Decisión policial

Hemos encontrado a otro ministro que sí habría participado, discretamente, en la trama. Según una fuente cercana al general Raúl Alfaro, comandante general de la PNP, instantes luego del mensaje a la nación, lo llamó el ministro del Interior, Willy Huerta. Huerta le pasó con Castillo que –para comprensible estupor del general- le pidió que intervenga el Poder Judicial y el Ministerio Público y que deje el camino libre hacia el Congreso, dando a entender que, de esa forma, el presidente llegaría con una movilización popular a disolverlo simbólicamente. No sabemos si Huerta le expresó su desacuerdo al presidente; pero he aquí un ministro que sí participó de alguna manera en el tinglado. La fiscalía ya recabó la versión de Alfaro y de otros policías que estaban enterados de la órden.

Alfaro, según el relato que me hicieron similar al recogido por otros colegas y la declaración filtrada del general, se negó a acatar la orden de Castillo, y apenas cortó se puso a la acción. Habló con los comandantes generales de las FFAA y tomó la decisión de detener a Castillo apelando al concepto de flagrancia. Si se esperó o no que se plasme la vacancia, es un dato que puede alimentar debates con el castillismo. Otra fuente, del Congreso, me contó que un personaje parlamentario pedía apuro con la sesión porque la PNP esperaba el desenlace para entrar en acción.

A sabiendas o no del estado de la vacancia, Alfaro dio la orden a su segundo, el general Vicente Álvarez para que se monte el operativo y para que lo represente en las coordinaciones con los comandantes generales de las FFAA. Sucede que Alfaro estaba con Covid aislado en su despacho de la comandancia, en el Ministerio del Interior. Incluso durmió allí los últimos días.

Surge otra vez la pregunta, ¿por qué diablos Castillo dio el mensaje si no tenía el respaldo de la fuerza? Se ha hablado ya de la pérdida de sentido de la realidad que provocan el acorralamiento y el miedo. Pero esa explicación es del todo insuficiente. En Castillo ardía -me lo han descrito muchas fuentes que los conocen, a su modo- una impotencia autoritaria. Se sentía vencido por sus debilidades, cada que pretendía tomar decisiones temerarias y firmes. Las tomó de vez en cuando, pero con imprecisiones que arruinaron su ejecución o con tal falta de convicción que lo obligaba a recular al poco tiempo; como tantas que veces que nombró ministros cuestionados. Era un autoritario impotente que, sin embargo, quizá como un último intento de imponer su voluntad se despidió con el supremo acto autoritario, un golpe de estado. Que no surtiera efecto, es otro cantar.

La verdad primero

“Lo ideal sería que la fiscalía sacrifique un expediente”, me confesaba su deseo íntimo uno de los hombres que más ha bregado por la vacancia. De esa forma, serían de dominio público muchas pruebas que la fiscalía tiene en manos, según el razonamiento de mi amigo vacador. “¡Pero sucedió!, por cuenta propia de [José Luis ] Fernández Latorre”, agregó, sin ocultar su algarabía por la cantata del ex jefe de la DINI.

En realidad, ya había sucedido por cuenta de la empresaria constructora Sada Goray quien, entre el sábado y el domingo pasado, brindó varias entrevistas confesando que entregó a Salatiel Marrufo, mano derecha del ex ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, más de S/. 4 millones en varias partes. Que Goray posara de extorsionada en lugar de coimera y dijera que Marrufo le comentó que parte del dinero iba para el presidente, sin poder dar mayores detalles al respecto, enfriaron el impacto del testimonio. Pero el martes en la noche, el caso Goray recuperó protagonismo, superando al ex jefe de la DINI. Se filtró la declaración de Marrufo como antesala de su presentación en la Comisión de Fiscalización en la mañana del miércoles. Marrufo fue el telonero de la sesión de vacancia. ¿Por qué lo hizo? Apostar a estar en mejores migas con un nuevo gobierno, puede ser una respuesta obvia. Redención es una palabra muy grande para estos personajes.

Volvamos al caso del ex jefe de la DINI. Su oficina estaba en Palacio y, al parecer, era un relegado. Henry Shimabukuru, que se lo impusieron en una suerte de falsa planilla, tenía más ascendiente que él sobre el ex presidente. ¿Fernández fue espontáneo, creíble, limpio en lo que reveló? No tengo una respuesta exacta a eso. Fernández llegó al puesto porque a Castillo se lo presentó Richard Rojas, su ex jefe de campaña y dirigente de Perú Libre con quien trabó una gran amistad en las dos vueltas. Con esa carta de introducción muchos en Palacio asumieron que la DINI velaría a la vez por los intereses de Castillo y de Cerrón.

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Por esa razón o por otra, Fernández no fue parte del llamado ‘gabinete en la sombra’. Tenía, eso sí, llegada directa a Castillo y conversaba mucho con Beder Camacho. De ahí que ambos han hecho visible que sus estrategias de defensa comulgan. La vorágine de sus crisis hicieron olvidar a Castillo de si su hombre de inteligencia le era útil o leal. Henry Shimabukuro era su ‘inteligencia’ y eso le bastaba. Pero en marzo se propuso sacar a José. Una fuente me contó que ya tenía lista la resolución nombrando a Wilson Barrantes, pero no quiso, en esa coyuntura, ser provocador poniendo a un radical como Barrantes. Fernández Latorre se quedó a ver el derrumbe del entorno, por ratos en cámara lenta, por otros de sopetón, hasta que le llegó la llamada de la justicia. Allanaron su casa el 25 de noviembre y lo detuvieron acusándolo, entre otras cosas, de ayudar al presidente a ‘sustraerse’ de la Justicia. Estuvo 7 días tras las rejas. El 26 apareció en El Peruano la resolución, firmada por Castillo y la premier Betssy Chávez, que daba por concluida su labor en la DINI. ¿Hubiera cantado si la fiscalía no lo apretaba y mantenía el puesto? Probablemente no, pero me contaron que policías del Equipo Especial que lidera Harvey Colchado, amigos de armas, lo ayudaron a decidirse.

He desarrollado este caso porque nos muestra al poder mordiéndose la cola y tropezando con la misma piedra. Un presidente y entorno que intentan pillar los fondos reservados de su servicio de inteligencia (antes SIN hoy DINI), un funcionario relegado ante intrusos favoritos (recuerden que Montesinos no era el jefe del SIN sino el gris Julio Salazar Monroe) y una lealtad que se quiebra por el maltrato. De todo lo que dijo Fernández, esta frase sobre Castillo es elocuente: “estoy 7 días preso y ni siquiera pregunta cómo está su jefe de inteligencia”. Un poder sin rumbo y sin ideología, es como una organización criminal sin lealtades. El mismo quejido del ex jefe de la DINI lo puede estar haciendo hoy Pedro Castillo pensando en esos ministros ingratos que saltaron del barco.

Archiven eso

Esto sí lo predecimos varias crónicas atrás: Que Dina sería salvada con votos de las bancadas de centro, que no querrían deshacerse de una alternativa distinta a la mesa directiva del Congreso. En primer lugar, fue la representante de una de esas bancadas, Rosío Torres, quien propuso a Édgar Reymundo para que elabore el informe del caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Rosío, entonces presidenta de la SAC, es de APP y Édgar es de Cambio Democrático (ex JPP), lo que permitía adivinar que exculparía a Dina. Las congresistas de derecha pusieron el grito en el cielo e insinuaron que Rosío era una topa. Norma Yarrow, autora de la acusación, estaba arrebatada. Rosío dio a entender a sus airados aliados que fue un descuido (replicando a las críticas que le hicieron públicamente, luego dijo que ofreció hacer el informe a otros que se negaron). Se planteó una reconsideración de la votación pero según el reglamento de la SAC, las reconsideraciones requieren más votos y Reymundo fue ratificado.

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Se sabía, casi con certeza, que el informe sería exculpatorio. No hubo mayor escándalo cuando este, por fin, lo evacuó. Los fujimoristas y otros congresistas del bloque vacador, incluyendo a la nueva presidenta de la SAC, Lady Camones, votaron en contra del informe; pero sabían que perderían. Incluso, Norma Yarrow de Avanza País, autora de la acusación, se excusó de votar por esa misma razón. Dina fue pues, salvada, pero, ojo, según me aclaran fuentes administrativas del Congreso, el caso no está definitivamente archivado. Aunque sería extraordinario e iría contra la tradición, la Comisión Permanente podría decidir no archivar definitivamente el caso y pedir un nuevo informe. Por angas o por mangas, si la relación entre poderes se vuelve a tensar, la nueva oposición podría jalar esa pita.

Dina, sal de tu casa

Boluarte estaba preparada para lo que podría pasar si el miércoles vacaban a Castillo; pero le dedicó el esfuerzo que uno dedica a los asuntos inciertos. No pensó que tendría que correr al Congreso. Vio el mensaje en vivo y quedó pasmada como todos. Su equipo le dijo que, por razones de seguridad, dejara su casa y se fuera donde un familiar. La acompañó en todo momento, su colaborador Willy Contreras. Volvió a su casa cuando la llamó un asesor del presidente del Congreso, José Williams. Se puso el traje amarillo que ya había usado en la cumbre de APEC. No sé si hubo alguna cábala –'flor de retama, amarillito, amarillando’- al respecto.

Según mis fuentes congresales, llegó apurada al Congreso y ensayó con José Williams la puesta de la banda presidencial. El oficial mayor, José Cevasco, dirigió el ensayo. Trajo el corto discurso –no hubo tiempo para más- que le escribió el embajador Manuel Rodríguez Cuadros y un par de colaboradores de su entorno. Antes de su discurso propio, tenía que leer un texto para la juramentación, que so le dio el Congreso y al que ella hizo algunos ajustes, incluyendo precisar que cumpliría su mandato –ojo con esto- hasta el 2026. Antes de la vacancia conversé sobre ese tema con fuentes del entorno de Boluarte, y encontré que eran realistas respecto a que habría mucha presión popular para el adelanto de elecciones, pero no deponían el sueño de quedarse hasta el 2026. De modo que no se sorprendan de que jurara de esa forma y dos días después, ante el reclamo popular, dijera que “si la situación lo amerita” está de acuerdo con el adelanto. Cuando les pedí a mis fuentes especular sobre una fecha tentativa, me dijeron que una toma de mando el próximo 28 de julio del 2023 como pide el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución es demasiado pronto, que mejor sería que las elecciones fuesen entre octubre y 9 de diciembre y que la asunción se hiciese el 1 de enero del 2024.

No solo el adelanto atribula a la nueva presidenta. La presencia de Castillo victimizándose en la Diroes es una piedra en el zapato y ella lo preferiría lejos, en México. Pero no puede pasar por encima de la justicia. Por eso, decidió decir que lo iría a visitar a la prisión. No quiere perder ese caudal de representación que hoy disputan Guido Bellido, algunos perulibristas y excolaboradores de Castillo. Además, está mosqueada por el impacto que causó el hecho de que las primeras bancadas en visitarla fueron las de derecha, provocando que otras, como Perú Libre y Podemos, se negaran a asistir. Una fuente me contó que el orden se debió al caos palaciego, donde todavía no ha hecho los fichajes claves. La juramentación del gabinete ha sido su primer respiro en la montaña rusa en la que subió el miércoles 7.