Una medida cautelar, un apagón y un viaje, por Fernando Vivas

La designación de Javier González-Olaechea como canciller, es un evidente guiño [de Dina Boluarte] a esa mayoría congresal de derecha a la que le debe gobernabilidad y millas.

Si hubo algo que incomodó a Dina más que tener que cortar la cabeza de su canciller Ana Cecilia Gervasi y dejar solo a su ministro del Interior, Vicente Romero, enfrentando el callejón oscuro del Congreso; fue que la prensa se meta con su hermano Nicanor. Ah, no. Bastante le ha costado mantenerlo a raya (formalmente no más) de la cosa pública: cero planilla, cero CAS, cero viajes, cero acompañamiento en eventos oficiales. Como si los Boluarte Zegarra aplicaran una regla de conducta impuesta por un juez. Nicanor está proscrito en Palacio. Pero en su casa, “puede recibir a quien se le pegue la gana”, dijo Dina el lunes pasado con firmeza digna de mejores causas (dar mensajes contra delincuentes y corruptos o meterse en el lío del Congreso con la JNJ, por ejemplo).

La indignación de Dina prosiguió: “ese medio de comunicación [América TV] se atrevió a comparar a este gobierno de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento”. La osadía fue una investigación documentada a una presunta red de influencias en torno a Nicanor Boluarte que habría conseguido obras por S/.20 millones para el pequeño distrito de Nanchoc de alrededor de 1400 habitantes y recordar algunos lugares comunes: región Cajamarca, reuniones en una casa consanguínea al poder (ayer Sarratea en Breña, hoy pasaje Daniel Alomía en San Borja), obras para un pequeño distrito. Si la investigación que ya abrió el Ministerio Público por colusión y tráfico de influencias agarra carne, Nicanor vendría a ser una suerte de Yennifer Paredes y el alcalde Nixon Hoyos, una suerte de Nenil Medina, el ex alcalde de Anguía.

La cabeza de la ex canciller Gervasi no solo sirvió para intentar limpiar el camino de ida de la presidenta a la cumbre de la APEC en San Francisco. También sirvió para quitar el foco sobre Nicanor. Y su reemplazo, Javier González-Olaechea, hombre de derecha que llegó a defender la tesis del fraude electoral en el 2021 y sostuvo la propuesta de retirarnos del Pacto de San José y de romper relaciones con Bolivia, fue un evidente guiño a esa mayoría congresal de derecha a la que Dina le debe gobernabilidad y millas.

La Junta Nacional de Justicia enervó tanto a la mayoría congresal, que la medida cautelar otorgada el martes, ordenando suspender el proceso contra ella; fue recibida con rebeldía. Alejandro Soto, el presidente del Congreso, se apresuró en decir que no acatarían la orden judicial, lo que fue corroborado por la Junta de Portavoces. Fue una pose que duró hasta la mañana siguiente y, en parte, como me lo contó un testigo; surgió de la súbita indignación cuando vieron que la JNJ emitió un comunicado dando a entender que no acudirían a la sesión del miércoles. Amenazar con no acatar la cautelar fue algo tan infantil e inútil así como apagar la luz del estadio de Matute tras el triunfo de Universitario.

El Congreso tiene mucho en contra: el PJ, el Ejecutivo que no quiere que este lío escale, a la opinión pública harta de broncas ajenas a los problemas nacionales, a las dirigencias partidarias que ven estos trances con mayor frialdad y a muchos hombres de derecho y de derecha, que les dijeron que las decisiones judiciales se respetan. No quedaba otra más que apelar al propio PJ, como, en efecto, anunció Soto que había hecho. Patricia Chirinos, autora de la moción que empezó todo esto y referente de lo que algunos congresistas me han referido como el ‘síndrome correr detrás de Patricia’ (se gestó desde que lanzó la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo en el 2021); no podía quedarse con los brazos cruzados. Denunció por prevaricato a los tres jueces de la sala que dio la medida cautelar y tuvo una rápida respuesta del Ministerio Público, que les abrió investigación. Paciencia para los polarizados, hasta que se decidan cautelares y fondo.

Tuvo que sacrificar bastante Dina para asegurar su viaje a la cumbre de la APEC en San Francisco. Cambió a la ex canciller Gervasi por Javier González Olaechea, un canciller político (no diplomático de carrera) al gusto de la mayoría congresal; y dejó solo –sin un mensaje de respaldo- al ministro Vicente Romero, afrontar una moción de censura. Tampoco quiso meterse en el lío entre el Congreso y la JNJ. Con menos de 10 votos de diferencia, obtuvo el permiso de viaje tan ansiado.

Vuelven a congelarse los planes de reconciliación de la presidenta con las regiones que más la desaprueban y, ahora lo harán más, tras el nuevo viaje. La crisis de inseguridad no tendrá una respuesta contundente hasta que se asiente Romero o su reemplazo. Los reveses de la economía no tienen, en compensación, alguna inauguración, destrabe, buena pro o reforma que mostrar en portadas. De todos modos, el ministro Álex Contreras, al lado de Otárola, apareció el jueves lanzando el Plan Unidos, con ampliación de créditos para el programa Impuso MiPyme (de S/. 5 mil millones S/.15 mil millones), entre otras medidas de un paquete para paliar la recesión. No quedó claro si se ha enterrado al programa Con Punche Perú o se le ha dado nueva vida. Más que un shock de inversiones, necesitamos un shock de orden y confianza.