Unión civil: ¿Y ahora qué?, por Enrique Pasquel

André Piva es un reputado arquitecto de Río de Janeiro. Carlos Tufvesson es un famoso diseñador de modas de la misma ciudad. En el 2011, André y Carlos llevaron a los tribunales la cuestión de si los notarios brasileños están obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En el 2013 lograron que el Consejo Nacional de Justicia sentenciara a su favor y legalizara así los matrimonios igualitarios en todo Brasil. Meses después, se casaron en una pequeña ceremonia privada, luego de haber estado juntos por 17 años.

Ese, por supuesto, no fue el primer caso en que los tribunales de un país abrieron las puertas a la igualdad de derechos de las parejas antes que el Congreso. En Israel las cortes han otorgado progresivamente derechos a las parejas del mismo sexo desde 1994. En Sudáfrica ocurrió lo mismo desde 1998 (incluyendo, en el 2002, un fallo que reconoció la posibilidad de adoptar), hasta que en el 2006 el Congreso, llevado por las decisiones judiciales, reconoció la legalidad de las uniones gay. En 1999, la Corte Suprema canadiense aceptó que los convivientes del mismo sexo tenían iguales derechos que los de sexos opuestos. Luego, entre el 2002 y el 2005, cortes en casi todas las provincias de Canadá legalizaron el matrimonio igualitario, llevando a que en el 2005 lo aprobase el Parlamento. Y un camino similar se ha venido siguiendo en naciones como Colombia, Austria, Eslovenia, Polonia, Alemania, Grecia, Italia, entre otras.

La vía de las cortes es una que deberían mirar los impulsores de la unión civil en el Perú. Podrían empezar como en algún país en el que el primer caso donde se reconocieron derechos fue el de una pareja gay que se casó en el extranjero y que buscó que se valide su unión en sede nacional. Y, de ahí, conforme se vayan obteniendo victorias, podrían apostar por causas más ambiciosas que permitan obtener derechos mayores.
La de las cortes, por supuesto, tampoco es una ruta tan fácil. Muchos jueces tienen una tendencia conservadora. Y hoy en el Tribunal Constitucional (teniendo en cuenta su pensamiento) probablemente solo los magistrados Espinosa, Ledesma y quizá Ramos serían favorables a considerar que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las heterosexuales. Pero podría haber una mayor apertura en el caso de ciertos beneficios patrimoniales y cada caso ganado volvería a la sociedad más tolerante a cualquier posterior reconocimiento de derechos.

Las encuestas, de hecho, muestran que hay ciertos derechos frente a los que la oposición es menor y que por lo mismo resultan batallas más sencillas de ganar. Por ejemplo, según la medición de El Comercio-Ipsos, mientras casi 60% de los peruanos están en contra de la unión civil, menos del 50% están en desacuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan acceso al seguro o a la pensión de su conviviente.
Aparentemente, en el Perú los derechos de la  población LGTB  tendrán que alcanzarse peldaño por peldaño y no de golpe. No es lo justo, sin duda. Pero la política, nos guste o no, es el arte de lo posible.