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Viceministro tiene más investigaciones en fiscalía de Tumbes - 2

El viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, , no solo es investigado por el proyecto de “Mejoramiento de los programas nutricionales de la municipalidad de Tumbes”, por el que la fiscalía pide nueve años de cárcel, sino también por otros dos casos más, según informó la Procuraduría Pública Anticorrupción de esta región a El Comercio.  

Otro de los casos donde está involucrado Juan Carlos Gonzáles Hidalgo y también la prófuga ex alcaldesa Marjorie Jiménez Gonzales es por el presunto delito de colusión en supuestas irregularidades en la construcción de pistas y veredas en las calles del asentamiento humano "El Edén de Pampa Grande", en la provincia de Tumbes. 

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Tumbes, el viceministro se habría coludido con funcionarios municipales para favorecer al gerente Edwin Richard Castro Jiménez, de la empresa Construcciones RCJ EIRL. Según la investigación, Gonzáles Hidalgo habría aprobado una adenda a favor de la contratista en mayo 2013. Además, habría dado el visto bueno a una liquidación a favor de la contratista. 

“La constructora presenta su carta diciendo que le tienen que pagar, en total S/744 mil, pero la liquidadora de obra dice que solo se debe pagar S/720 mil. Al final le pagaron S/740 mil 268. Además, Gonzáles aprobó una ampliación de plazo”, comentó el procurador público Anticorrupción de Tumbes, Adriano Aguilar, a este Diario. 

Por este caso, la fiscalía ha pedido 6 años de cárcel efectiva para el viceministro por el presunto delito de colusión como cómplice primario, y una reparación civil de S/1 millón 700 mil. El proceso se encuentra en control de acusación y según el procurador Aguilar “hay varios indicios y elementos de convicción que probarían los delitos”.  

— La tercera denuncia —
El último caso es por la presunta omisión de actos funcionales por parte de Gonzáles Hidalgo, cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina de Administración de la comuna tumbesina. En ese entonces, la ex alcaldesa de Tumbes Marjorie Jiménez había sido vacada y asumió Juan Sánchez Villena

Precisamente, Sánchez Villena licitó varias obras sin que existiera presupuesto en las arcas municipales. “Por ese motivo la municipalidad se endeudó. Y Gonzáles Hidalgo, como jefe de Administración, no advirtió esa situación ni la previno”, indicó el procurador Aguilar.

Este caso se formalizó en julio de 2015, y actualmente está en la etapa de investigación preparatoria. Están incluidos varios ex funcionarios municipales acusados de malversación de fondos. Una pericia contable confirmó un perjuicio económico de más de S/1 millón.

Este Diario intentó comunicarse directamente con el viceministro para consultarle por estas investigaciones, pero no tuvimos éxito. 

Juan Carlos Gonzáles Hidalgo dijo el lunes que no renunciará su cargo tras conocerse solo la primera denuncia fiscal por colusión agravada y que el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, conocía sobre este caso. 

Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista, es uno de los congresistas que, tras conocerse que la fiscalía pidió nueve años de cárcel para Gonzáles Hidalgo, ha pedido que el viceministro deje su cargo. De lo contrario, promoverá una interpelación al ministro Hernández. 

"Ministro de Agricultura, si no renuncia a viceministro acusado por fiscal promoveremos interpelación y posterior censura. ¿Y la Comisión [Presidencial] de Integridad?", escribió en su cuenta de Twitter

— Otro funcionario investigado —
El 6 de octubre de este año Lenin Ávila Silva fue designado por el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, como el director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT) pese a que actualmente es investigado por el presunto delito de colusión en agravio del municipio distrital de Aguas Verdes, donde se desempeñó como jefe de la Oficina de Obras. 

De acuerdo con el Ministerio Público de Tumbes, Ávila y 15 ex funcionarios (incluido el ex alcalde distrital Tomás Arizola Olaya) se habrían coludido para pagar más de S/50 mil por servicios de limpieza que nunca se ejecutaron.

El municipio de Aguas Verdes habría pagado cuatro servicios de limpieza y desbroce en mayo de 2013 a la empresa Servicios Generales Dalambert & Danai EIRL.

Los servicios se debían realizar en la infraestructura vial playa Sur, en el Puente Piedritas, en el río Zarumilla, y en el distrito de Cuchareta Baja. Sin embargo, cuando los fiscales fueron a constatar a esas zonas evidenciaron que no se había realizado ningún servicio de limpieza ni desbroce. 

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