La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que rechaza todo tipo de violencia “venga de dónde venga”.
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Fue al ser consultada sobre la denuncia por violencia familiar presentada en el 2016 contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.
“Como mujer yo voy a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga la tenemos que rechazar. Sin embargo, creo que este es un nuevo gabinete, no voy a dar mayor respuesta de ello, estamos actuando inmediatamente hoy por el sismo que ha ocurrido en la zona (de Amazonas)”, expresó.
“Reitero, como mujer no se debe aceptar ningún tipo de violencia”, añadió la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social en declaraciones a TV Perú.
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De acuerdo con una resolución judicial de febrero del 2017, ambas manifestaron, en una denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia física, que el 21 de octubre del 2016 fueron agredidas por Héctor Valer en el interior de su domicilio.
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La jueza Roxana Palacios indicó en su resolución que existe un certificado médico legal practicado a Montoya al día siguiente de la denuncia, del cual “fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.
Para la magistrada, esto determinó la existencia de “indicios suficientes” para dictar medidas de protección a Montoya. Sin embargo, consideró que no podía hacer lo mismo con su hija debido a que “no obra instrumental alguna que nos permitan determinar si efectivamente, la citada persona se encuentra afectada físicamente con los hechos de violencia que se denuncian”.
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Por estos motivos, la jueza dictó medidas de protección a favor de Montoya, entre las que estuvieron la prohibición a Valer Pinto de “cualquier conducta que constituya violencia o acoso en agravio” de ella, bajo la advertencia de ser denunciado por desobediencia o resistencia a la autoridad en caso de que incumpliera.
También se dispuso oficiar a la policía para que disponga personal que brinde “protección oportuna y eficaz” a la denunciante.
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