Gonzalo Alegría: ¿puede ser retirado o renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima?

Alegría reconoció el miércoles pasado en entrevista con el programa “VIII mandamiento” que su hijo lo denunció por violencia psicológica, pero negó haberla ejercido.

Además, insistió en que es falso el documento que relata presuntas agresiones sexuales y descartó renunciar a su candidatura.

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Fuentes de JP dijeron a El Comercio que el caso está en investigación para una determinación “célere y justa”. El último martes, intentaron deslindar del candidato al señalar en un comunicado que Alegría “se limita a desarrollar su campaña específicamente electoral”. Figura como afiliado desde el 5 de enero de este año.

Expertos en procesos electorales comentaron a El Comercio que la postulación de Alegría continuará debido a que los plazos para una renuncia o retiro de candidatura precluyeron.

De acuerdo con el cronograma electoral, la fecha límite fue el 3 de agosto.

José Tello, asociado del Instituto Peruano de Derecho Electoral, dijo que, a estas alturas del proceso electoral, la única causal de exclusión de acuerdo con la ley electoral es por una sentencia en primera instancia por un delito doloso, o por condena firme por un delito doloso con pena efectiva.

Es decir, así el partido o el candidato anuncien algún retiro de candidatura esto no podría ser llevado a cabo. “No tiene ningún efecto legal. Los retiros de candidaturas o renuncias son hasta 60 días antes de la elección y ese plazo ya precluyó”, detalló Tello.

Asimismo, comentó que al tratarse de una denuncia y no una sentencia el candidato Alegría no estaba obligado a declararla en su hoja de vida.

El abogado Jorge Jáuregui agregó que el sentido de la referida norma electoral “no ampara [la denuncia] para poder impulsar una exclusión o una forma de retiro de la candidatura”.

En el mismo sentido de lo señalado por Tello, Jáuregui incidió en que “el plazo para presentar [las renuncias] ya expiró. Entonces, si se presentan retiros o renuncias, no tienen un efecto jurídico y directo”.

La congresista Ruth Luque, de la bancada de JP, se había pronunciado el último martes a favor de que la candidatura de Alegría sea retirada.

“Para nada [me pienso retirar de la campaña]. Las mentiras no pueden hacer que la gente decente claudique”

Gonzalo Alegría, el miércoles 21 de setiembre en Canal N

El miércoles, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció respecto a la denuncia contra el candidato de JP. “Teniendo en cuenta el contexto electoral en el que nos encontramos, mostramos profunda preocupación por los hechos denunciados” y solicitaron que las autoridades competentes investiguen conforme a sus atribuciones.

La Defensoría del Pueblo señaló en Twitter que en la Comisaría de Orrantia (San Isidro) les informaron que la denuncia contra Alegría fue “enviada a la fiscalía en su oportunidad”. Ante ello, la institución pidió al Ministerio Público “informar sobre los motivos por los que se archivó [el caso]”.

De otro lado, la bancada de JP exigió al Ministerio Público una investigación célere tras las serias acusaciones.

La denuncia contra el candidato Gonzalo Alegría y todos los actuados que se hayan obtenido deben ser remitidos al Ministerio Público para evaluar el inicio de una investigación de oficio, comentaron penalistas consultados por El Comercio.

Nativa reveló el miércoles que Gonzalo Alegría habría presentado al Poder Judicial, entre abril y mayo de este año, escritos en los que señalaba que la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar resolvió, el 11 de julio del 2021, no formalizar la investigación preparatoria en su contra. El Comercio consultó al Ministerio Público si, efectivamente, se dispuso no formalizar una investigación. Sin embargo, no recibimos respuesta.

El penalista Andy Carrión comentó que la Policía Nacional debe precisar si cumplió con su obligación de enviar los actuados, entre ellos la declaración del agraviado, a la fiscalía competente. “Si no existe, deberían enviarlos a la fiscalía, que se abra la investigación y luego tomar la declaración y recabar otros indicios”.

Agregó que el hecho que el agraviado haya salido del país eso no impide seguir con el caso. “Lo primero que se tuvo que haber hecho es abrir investigación”, insistió.

Además, el exprocurador Antonio Maldonado indicó que “si el Ministerio Público decidió no formalizar una investigación hay que analizarlo, pues los elementos de juicio son objetivos y serios como para que se decida archivarlo. Si eso ocurrió estaríamos ante una inconducta”.

De otro lado, que esta instancia está obligada a actuar de oficio. “Estamos hablando de delitos perseguibles de oficio. El MP tiene el deber de responder”, dijo.

Finalmente, la penalista Romy Chang dijo que la fiscalía “está en la obligación de abrir investigaciones de oficio para ver si existió o no el delito. En este caso, si no hubo ninguna denuncia que llegara a la fiscalía, se debe abrir una investigación de oficio”.