Raúl Noblecilla y Ronald Atencio son defensores legales del congresista Guillermo Bermejo. (Foto: GEC)
Raúl Noblecilla y Ronald Atencio son defensores legales del congresista Guillermo Bermejo. (Foto: GEC)
/ Ronald Atencio / Facebook
Redacción EC

El abrió una investigación preliminar en contra de los abogados y por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado.

La disposición hecha por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima detalla que el plazo de las indagaciones se realizarán en un plazo de 120 días.

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La Fiscalía señala que ambos abogados habrían incurrido en lo tipificado en el artículo 385 del Código Penal. Por tal, recordó que ambos prestaron servicio legal en el despacho congresal del parlamentario Guillermo Bermejo (Perú Democrático), teniendo la condición de funcionarios públicos.

Además, menciona que, previamente, Atencio ejerció la defensa del mencionado legislador en el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado.

Investigación contra Raúl Noblecilla y Ronald Atencio
Investigación contra Raúl Noblecilla y Ronald Atencio

Denuncias contra Patricia Benavides

Raúl Noblecilla y Ronald Atencio han presentado una denuncia en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

Asimismo, ambos abogado decidieron interponer una denuncia penal contra Benavides Vargas por el presunto delito de prevaricato tras la presentación de la denuncia constitucional al presidente Pedro Castillo.

En nuestra condición de ciudadanos y abogados Raúl Martín Noblecilla Olaechea y Ronald Atencio Sotomayor (…) acudimos a su Despacho con la finalidad de interponer denuncia penal contra Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, por la comisión del delito de prevaricato, ilícito penal previsto en el artículo 418 del Código Penal y sancionado con una pena máxima de cinco años”, señala la acusación.

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