Héctor Becerril una vez más: un breve retorno a la escena política bajo investigación fiscal

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El Comercio publica nuevamente el informe elaborado tras la presentación de las denuncias constitucionales, que permiten entender mejor la situación legal y los cuestionamientos contra Becerril:

Tras la disolución del Congreso anterior y su anunciado alejamiento de la política, el nombre y las muchas veces altisonante voz de Héctor Becerril ya no solían escucharse en el escenario político peruano. Sin embargo, dos nuevas denuncias constitucionales en su contra presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ponen de relieve nuevamente al exlegislador de Fuerza Popular y su situación legal.

Una de las denuncias constitucionales se relaciona al caso ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción', que además ya había significado la presentación de otras denuncias constitucionales durante la gestión del Parlamento disuelto, pero que quedaron en la cola de espera para ser atendidas. Y es justamente la base del pedido de impedimento de salida del país.

Precisamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del actual Congreso declaró procedentes este viernes cuatro denuncias acumuladas ahora en un solo expediente. A la espera de que el grupo determine si admite las otras dos denuncias presentadas por Ávalos, Becerril será investigado por ahora por presuntamente haber cometido los delitos de cohecho pasivo propio, extorsión, organización criminal, concusión, colusión simple agravada, patrocinio ilegal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Asimismo, por la presunta infracción de cuatro artículos de la Constitución.

Con ello, empieza el proceso interno en el Congreso respecto de las denuncias ya admitidas, que implica la realización de audiencias para que el investigado emita sus descargos. Posteriormente, se deberá elaborar un informe y derivarlo a la Comisión Permanente. Si el documento plantea una acusación, se tendrá que sustentar ante el pleno del Legislativo.

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Durante su primer período como legislador (2011-2016), resaltó como duro opositor al gobierno de Ollanta Humala, mientras que en su segunda gestión (2016-2019) fue férreo defensor del accionar de su bancada en el Parlamento —rechazando que esta sea obstruccionista— y de la lideresa partidaria Keiko Fujimori, actualmente procesada por el Caso Odebrecht.

“En esta nueva etapa congresal, en mis entrevistas o en la forma como estamos actuando, estoy tratando dentro de mi perfil político de no adjetivar, de no llegar al insulto, de tener una imagen menos confrontacional […] Yo no tengo resentimiento, ni odios contra nadie […] Yo soy tolerante”, explicaba en una entrevista con este Diario en setiembre del 2016. El tiempo, sin embargo, permitió evidenciar que Becerril estuvo constantemente rodeado de controversias, puyazos, agravios, encubrimientos, cuestionamientos y denuncias que salen nuevamente a flote.

‘Los temerarios del crimen’

Una de las denuncias constitucionales de Ávalos ingresó el 6 de julio pasado al Congreso tiene que ver con la presunta organización criminal ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción’, que según la fiscalía habría comenzado sus actividades ilícitas desde enero del 2015, cuando se inició el período de David Cornejo Chinguel —sindicado cabecilla actualmente en prisión preventiva— como alcalde provincial de Chiclayo. Dicha red se habría dedicado a realizar cobros indebidos para la obtención de licencias municipales, así como otros actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, extorsión, malversación de fondos y otros hechos aún en investigación.

Sucede que, de acuerdo a la denuncia, Héctor Becerril sería el “brazo u operador político”, “hombre clave” o “sujeto indispensable” que realizó “gestiones” ante el Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y otras entidades a favor de accionar ilícito de ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción’.

Ello con el fin de “incluir obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el Presupuesto General de la República y además agilizar su transferencia a las arcas municipales, lo cual posteriormente le permitiría a la organización criminal cobrar los diezmos en cada una de las obras que se ejecutaban, que era el 10% del valor total, aproximadamente, y de esa manera lograron que la organización criminal pueda ser sostenible en el tiempo, ocasionando un grave perjuicio a los intereses del Estado”.

Incluso se señala que Becerril habría tenido participación directa en cuatro procesos de selección, relacionados a obras de una planta de transferencia de residuos sólidos y mejoramiento vial en distintas zonas de Chiclayo. Por ello, al exparlamentario se le imputan los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal, que contemplan penas de cárcel de entre 4 y 20 años.

A una de esas obras, la de la planta de residuos sólidos, se relacionan declaraciones de la empresaria Mirtha Gonzales Yep ante la fiscalía y también ante el dominical “Cuarto Poder”, que las hizo públicas en febrero del 2019. Ella dijo que Becerril recibió sobornos a cambio de intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo la licitación valorizada en unos S/ 11 millones. El entramado implica la compra de porcelanato y otros materiales valorizados en S/58.000 para remodelar la casa del excongresista en Trujillo.

La denuncia constitucional consigna los descargos de Becerril Rodríguez, quien niega las imputaciones, incluyendo haber solicitado a Gonzales Yep directa o indirectamente que haga alguna compra para él.

“Yo no gestiono obras, no es mi función, lo que […] hago es dentro de mi función de representación pedir citas para que los alcaldes y otras autoridades sean recibidos por los diferentes ministros o en este caso la presidenta de la Comisión de Presupuesto…”, dijo en su testimonio de 17 de agosto del 2019.

Asimismo, en diálogo con El Comercio el último viernes, negó haber tenido injerencia en obras en Chiclayo. “La imputación es que yo he intercedido para que las obras salgan en el presupuesto para el año fiscal 2017. […] Esas dos obras: la obra de la Avenida Nacionalismo y Fernando Belaunde Terry no salen en el presupuesto del 2017 como dicen, es falso. Salen por resolución del ministerio de Vivienda el 14 de marzo del 2017, dentro del programa Mejorando mi Barrio”, agregó sobre parte de las imputaciones.

En tanto, en una declaración del 3 de diciembre del 2018, Cornejo Chinguel afirmó ante la fiscalía que “Héctor Becerril estaba interesado que yo sea parte de la maquinaria activa de […] Fuerza Popular en Lambayeque […]”.

Propuesta e influencia

La segunda denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación menciona una reunión entre Héctor Becerril y el alcalde del distrito de Aucallama (Huaral), Pedro Salguero Dulanto en una fuente de soda en Los Olivos, en noviembre del 2016.

“Tomando la iniciativa e invocando influencias por el cargo ostentado”, asevera la fiscalía, Becerril “ofreció interceder en la gestión de asignación de recursos para el proyecto de obra ‘Mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Palpa, distrito de Aucallama-Huaral-Lima”.

Asimismo, “solicitó a cambio la cancelación de los S/284.565 que la Municipalidad de Aucallama adeudaba a la empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L., en la cual su hermano Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez se desempeñaba como gerente, por los instrumentos médicos adquiridos” por una anterior gestión en la comuna.

Así, la fiscalía le atribuye a Becerril el delito de tráfico de influencias con el agravante de ser funcionario del Estado, por lo que la pena de cárcel tipificada en este caso va de 4 a 8 años.

En su declaración ante la fiscalía, Salguero Dulanto contó los detalles de la citación y la reunión que afirma haber tenido con Becerril. Este, por su parte, en su declaración indagatoria, rechazó estar vinculado a la actividad comercial y administrativa de la citada empresa. Indicó no conocer ni haberse reunido con el exalcalde y negó que este haya sido convocado a una cita por su secretaria.

En tanto, en un escrito ante la fiscalía, rechazó todos los extremos de los hechos imputados. Sin embargo, para el Ministerio Público, sus argumentos “han sido rebatidos” y existen “indicios razonables y suficientes encontrados que han evidenciado la conducta ilícita de investigado Héctor Virgilio Becerril Rodríguez en el presente caso”.

En abril del 2018, el dominical “Panorama” reveló el testimonio de Salguero y Becerril negó conocerlo o haberse dialogado con él.

Ambas denuncias tendrán que ser derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debido a que Becerril aún le asiste la prerrogativa constitucional de la inmunidad parlamentaria. En dicha instancia, en primer término, se discutirá si son admitidas a trámite.

Para el excongresista fujimorista se trata de “patrañas” y “falacias” que responden a un “tema político”, según dijo a El Comercio hace unos días.

Tantas veces Becerril y Fuerza Popular

Si bien Héctor Becerril estuvo alejado de las lides políticas públicas tras su accidentado paso por el Parlamento y su anuncio —en abril del 2019— de retirarse de la política, aún mantiene su trinchera en Twitter, donde reparte comentarios y opiniones cargadas también de algunos calificativos contra la izquierda, el Gobierno y los que probablemente considera aún opositores o rivales, como para no perder la costumbre. A nivel de organización política, ya no pertenece oficialmente desde octubre del 2019 a las filas de Fuerza Popular, donde militó unos cinco años y llegó a ser secretario nacional de Organización.

Aún así, hay otros hechos por los que tiene pendiente responder. Por ejemplo, su presunta participación en la denominada organización criminal Los Wachiturros de Tumán, presuntamente encabezada por el empresario y exdirigente deportivo Edwin Oviedo. Por ello, la Fiscalía contra el Crimen Organizado inició una pesquisa preliminar contra el exparlamentario el año pasado.

Bajo la administración de Oviedo en la Empresa Agroindustrial Tumán, Becerril fue jefe de seguridad entre el 2006 y 2011. En el mismo período, fue nombrado en similar cargo en la azucarera Pomalca. De acuerdo a la fiscalía, el excongresista y su hermano Víctor tenían intereses comunes y por ello “cometían y ordenaban cometer atentados contra los opositores a sus intereses y a los intereses de líder de la organización criminal”. “Héctor Becerril [...] también habría sido beneficiado económicamente con el patrimonio ilícitamente apropiado de la empresa agroindustrial Tumán y Pomalca, y haber participado activamente al lado de su hermano Víctor Antonio Becerril en la organización criminal, para beneficiar al líder, a los mandos medios y a sus integrantes”, refería el documento del Ministerio Público.

Sobre este tema, Becerril rechazó los cargos e indicó en su momento a este Diario que el haber trabajado en las empresas de Oviedo no implicaba participar en una presunta organización criminal. Atribuyó la pesquisa a móviles políticos y una animadversión contra él de parte del fiscal Juan Carrasco.

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso quedaron también pendientes otras denuncias constitucionales en torno al Caso ‘Los temerarios del crimen’. En marzo del 2019, el grupo entonces presidido por César Segura (Fuerza Popular) desestimó —con el voto mayoritario de la bancada fujimorista— priorizar dichos casos.

Este viernes, sin embargo, la subcomisión del actual Parlamento admitió a trámite cuatro denuncias constitucionales acumuladas en un expediente, que se relacionan al caso.

Pero Becerril ya se ha salvado de otras denuncias constitucionales. En octubre del 2018, la Comisión Permanente archivó definitivamente una denuncia contra el exparlamentario por supuestamente intentar influir en las elecciones del otrora Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017. Ello se decidió con 16 votos de Fuerza Popular y uno de Mauricio Mulder, entonces representante del Apra.

Lo que hizo la Permanente fue ratificar una decisión que ya había tomado la subcomisión: rechazar el informe elaborado por César Vásquez (APP), que recomendaba que Becerril sea suspendido de su cargo como congresista e inhabilitado hasta por cinco años, y que además recomendaba que el Ministerio Público investigue al exlegislador por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En esa instancia previa, la subcomisión desestimó el informe con 7 votos en contra (6 del fujimorismo y uno del aprista Javier Velásquez Quesquén), 5 a favor y 1 abstención.

Un mes antes, el 23 de setiembre del 2018, el tema fue abordado en el chat La Botica, de la entonces cúpula de Fuerza Popular. Ahí, Becerril compartió una nota periodística que daba cuenta de la recomendación del informe final de la denuncia constitucional en su contra. En las conversaciones a las que tuvo acceso este Diario, se aprecia la molestia de sus colegas sobre la recomendación del documento.

Pero la trama del CNM, que involucra a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto trae más. En agosto del 2018, el portal IDL-Reporteros reveló una conversación telefónica del 7 de mayo del 2018 entre Becerril y el sindicado cabecilla de dicha red, el exjuez supremo César Hinostroza, hoy en un proceso de extradición.

“Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…”, se le escucha decir al juez en parte de la conversación. “Sí. Y quedamos para el viernes, ¿ya?”, responde Becerril.

En junio de ese año, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía Hinostroza, admitió a trámite un recurso de casación que interpuso Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, contra una investigación por los aportes a su campaña presidencial.

“No conversé con el Dr. [César] Hinostroza sobre ningún tema partidario. No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez”, dijo posteriormente Becerril negando alguna irregularidad.

Hinostroza, en tanto, fue también materia de conversación en el chat La Botica, donde Becerril tenía participación activa. La madrugada del 28 de setiembre del 2018, los entonces legisladores fujimoristas comentaron sobre el blindaje al exjuez supremo en la Comisión Permanente, donde con el voto de la entonces mayoría se resolvió destituirlo, inhabilitarlo y acusarlo por tres delitos, mas no el de pertenencia a una organización criminal.

Además, conversaron también sobre la posición a asumir horas después en el debate en la Comisión de Constitución sobre la bicameralidad y la no reelección de congresistas, promovidas por el gobierno de Martín Vizcarra a través de un referéndum que se realizó en diciembre del 2018.

Becerril preguntó cuál sería la línea de la bancada, aunque él ya tenía una posición definida: “…Terminar con la bicameralidad y la no reelección y a otra cosa. Y que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum”.

Mientras el exdirigente de Fuerza Popular expresaba esos deseos por entonces, hoy dice estar listo para acudir al Parlamento cuando sea citado y desvirtuar las imputaciones que le hace la Fiscal de la Nación en las dos nuevas denuncias constitucionales en su contra. ¿Hacia dónde irán tales pesquisas y la situación legal de Becerril? El tiempo lo dirá.

El, sin embargo, parece tener confianza. La semana pasada, en diálogo con El Comercio, sentenció con seguridad: “Tengo toda la fortaleza de que mis pruebas son tan contundentes que creo que el Congreso de la República va a escucharme, va a valorar lo que yo sostengo y creo que esas denuncias no van a pasar del Congreso. Yo tengo fe y confianza en el Congreso”.

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