“Tenemos pruebas fehacientes [contra Castillo], no solo son dichos”

— La Comisión de Fiscalización ha intentado interrogar al presidente Castillo desde inicios de marzo. Tras casi cuatro meses, ha aceptado recibirlos. ¿Cómo interpretan esta decisión?

Sí, efectivamente, ha sido en tres ocasiones que hemos solicitado la declaración del presidente Castillo, lo hemos citado en tres oportunidades. Me parece que él ha estado midiendo [la situación], ha hecho cálculos. Hay que recordar que Aníbal Torres, cuando fue ministro de Justicia, dialogó con Bruno Pacheco a altas horas de la noche en San Borja para interceder, podría entenderse, en la investigación que nosotros estamos realizando en la Comisión de Fiscalización. Ahora es importante tener la declaración de Castillo, él mismo siempre hace referencia al pueblo, el país necesita saber cuál es su versión frente a todas estas denuncias sobre presuntos actos de corrupción que, lamentablemente, manchan la investidura del presidente.

[…] Y dada la investidura del presidente, nosotros podríamos perfectamente acudir a Palacio de Gobierno para que responda a las interrogantes que los congresistas tenemos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos del debido proceso.

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— ¿Por qué el presidente Castillo pasó de testigo a investigado? ¿Hasta dónde puede llegar el Congreso, teniendo en cuenta que el artículo 117 de la Constitución, impide acusar al mandatario?

Bueno, lo cierto es que hemos tomado en cuenta la actitud del presidente, como la de no aceptar en reiteradas oportunidades el pedido de la Comisión de Fiscalización [para declarar], y eso aunado a suficientes elementos de convicción [con los que contamos]. Es decir, las sospechas, [tenemos] pruebas fehacientes que conllevan a la comisión de delitos, a presuntos actos de corrupción donde el presidente sería el cabecilla de una organización criminal que tenía a ministros y al ex secretario general de la Presidencial y a sus sobrinos como brazos articuladores. En consecuencia, no solamente son dichos.

Por eso es que nosotros hemos variado la condición jurídica del presidente. ¿Para qué? En el hipotético caso que podrían existir responsabilidades penales y también constitucionales. Nosotros vamos a emitir un informe final, este debería ser aceptado en la comisión y luego elevado al pleno para que una vez debatido, este documento tenga dos vías: una contempla que sea remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para posibles responsabilidad [por infracción a la Carta Magna] y la otra al Ministerio Pública para que continúen con las investigaciones [en la vía penal].

— Usted ha adelantado que tienen suficientes elementos para creer que el jefe de Estado está involucrado en hechos ilícitos en la licitación del Puente Tarata III. ¿Cuáles son?

Son las declaraciones de los investigados, de los testigos, tenemos audios, el levantamiento del secreto a las comunicaciones, tenemos abundante información que hemos cotejado y cruzado. También hemos obtenido contratos y los chats entre Zamir Villaverde y Juan Silva, donde concertaban actos ilícitos en el MTC y en el sector Vivienda. Ellos han hablado sobre montos de dinero que eran repartidos, incluso al presidente.

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— ¿Han logrado contrastar las declaraciones de Karelim López y de Zamir Villaverde?

Una de las primeras declaraciones que hemos obtenido en la Comisión de Fiscalización ha sido la de Karelim López, ella nos ha brindado abundante información, y la hemos podido cotejar, inclusive [este testimonio] entra en contradicción con lo dicho por Fray Vásquez Castillo, Bruno Pacheco y empresarios que han acudido [al Congreso]. Las versiones de estas personas no eran creíbles, todo se ha podido corroborar con audios, y con los chats de los investigados. Y este testimonio [de López] ha servido para que el Ministerio Público pueda tomar acciones…

— Insisto, ¿la Comisión de Fiscalización ha corroborado lo que declaró López y Villaverde con documentos u otras pruebas?

Bueno, las declaraciones de Karelim López nos dan más indicios de sospechas graves, porque, de acuerdo al levantamiento del secreto de las comunicaciones [de los implicados], es que estamos cotejando este testimonio. Ya en el informe final, el país entero va a tomar conocimiento a qué conclusiones, recomendaciones vamos a llegar.

— El Ministerio Público sindica a Castillo Terrones como cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en el MTC. ¿En el Parlamento manejan una hipótesis similar?

De acuerdo a las declaraciones hechas por los testigos y por los investigados, incluso aquellos que hoy están prófugos, y más los audios que hemos escuchado, es evidente que [al hablar de Castillo] estaríamos ante el cabecilla de una organización criminal, que tenía brazo articuladores, que cumplían funciones específicas. Todo conlleva a que estas órdenes habrían salido de Palacio de Gobierno. El presidente tiene que responder por qué no le sorprendió que sus sobrinos y otros personajes cercanos a él, tuvieran camionetas y vivieran en lujos departamentos. El señor Castillo no ha respondido a estas observaciones y críticas que le han hecho en los medios de comunicación.

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— ¿Y cuál fue el rol de Los Niños de Acción Popular en esta presunta red? ¿Estos parlamentarios deben ser desaforados?

Bueno, ahí nosotros hemos solicitado que la Comisión de Ética inicie las acciones pertinentes, puesto que van a tener que velar o corroborar el comportamiento ético de estos congresistas. Nosotros vamos a emitir un informe final en las próximas fechas, podría ser entre el 28 y 29 de este mes, donde tendríamos que dar una opinión respecto a posibles actos ilícitos de estos parlamentarios. El tiempo de investigación ya se nos vence, yo creo que la Comisión de Ética, perfectamente, debería continuar con esa línea de la investigación [respecto a Los Niños].

— ¿Y para usted, Los Niños deben ser desaforados?

[La denuncia contra ellos] tiene que seguir el debido proceso parlamentario. La Comisión de Ética tiene que ser muy inteligente en el desarrollo de sus funciones para que luego de realizar una exhaustiva investigación sobre el comportamiento antiético de estos congresistas, puedan derivar el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

— Otra línea de investigación de la Comisión de Fiscalización es la de las reuniones clandestinas de Castillo Terrones en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. ¿Han podido determinar quiénes fueron a ver al presidente ahí? ¿Puede brindar los nombres?

En la Comisión de Fiscalización se ha podido dar, por ejemplo, con que la otra dama que acudía a la casa del pasaje Sarratea era la viceministra de Políticas y Evaluación Social [María Tarazona Alvino], y también se ha podido verificar como ingresaban otros empresarios que después han ganado licitaciones. Además, ingresó el exministro Carrasco. Entonces, han sido importantes estas imágenes [difundidas por Cuarto Poder]. Tenemos la identificación de las personas que han acudido a la casa de Breña y será materia de las interrogantes que le haremos al presidente, él debe responder si los conoce o no.

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— Y respecto a los ascensos en las FF.AA. y la Policía Nacional, ¿a qué pre conclusiones ha arribado su grupo investigador?

Yo ahora no puedo decir a qué conclusiones hemos llegado, pero sí hemos obtenido bastante información. Por ejemplo, el número de celular que Castillo utilizó para comunicarse con el general Vizcarra. Ese mismo número también le sirvió al presidente para comunicarse con Karelim López. Es más, Bruno Pacheco se comunica con el comandante general de las Fuerzas Armadas para solicitarle por chats, ahí [se reveló] el interés [del gobierno] de ascender a determinados miembros de las Fuerzas Armadas. Reitero existen muchos elementos, pruebas contundentes que llevarían a la posibilidad de que el presidente Castillo intercedió en estos ascensos.

— En resumen, ¿cuáles son los principales hallazgos de la Comisión de Fiscalización? ¿Y qué tipo de responsabilidad tiene el presidente Castillo?

No podría ahora adelantar las presuntas responsabilidades del presidente, sería adelantar opinión. Lo que sí puedo decir es que el señor Castillo tiene la obligación de declarar ante la comisión, felizmente eso ya está decidido, luego de mucho tiempo de espera. Necesitamos saber la conducta real del presidente de la República. En ese sentido, le puedo afirmar que se han obtenido pruebas contundentes, han venido a declarar varios personajes involucrados en estos presuntos actos de corrupción. Yo le puedo asegurar que vamos a emitir un informe muy responsable, sin ningún sesgo político, sin ningún interés particular.

— ¿El informe final será debatido antes de que concluya esta legislatura?

Claro que tiene que ser así, por eso el informe final lo vamos a presentar el 29 de este mes, una vez aprobado en la Comisión de Fiscalización, el documento se remite al pleno, donde yo lo sustentaré. Si llega a ser respaldado [en el hemiciclo], se remitirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que evalúan las posibles infracciones constitucionales y también será enviado al Ministerio Público para las posibles responsabilidades penales […] Este informe será serio, responsable, para que no se vea postergado, como ha pasado anteriormente con otras comisiones que solamente han servido para el morbo político.

— ¿Cuál es el grado de responsabilidad del ministro Senmache en la fuga de Juan Silva?

Hay una responsabilidad administrativa y política, el ministro acudió a la Comisión de Fiscalización y no fue nada diligente, al contrario, intentó inducir al error al Congreso, porque él decía que no había órdenes, que no había informes para que la Policía Nacional pueda actuar diligentemente. Pero hay tres informes que ha emitido el Ministerio Público, a través del cual, ponen en conocimiento de la comisión de que sí hubo comunicación fluida con la Dirección de Inteligencia y la Dirección Anticorrupción [de la Policía] para el control de la video vigilancia. No hubo ningún informe [entre el 27 de mayo y 2 de junio], ahí hay una responsabilidad de parte de estos generales y, obviamente, el ministro tiene responsabilidad política.

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— Fuerza Popular impulsa una moción de censura contra el titular del Interior. ¿Tienen los votos para destituirlo?

Por lo que he podido tomar conocimiento, sí se tienen los votos necesarios para la censura del ministro.

— En los últimos meses, el Congreso ha aprobado la contrarreforma de la Sunedu y ha blindado al ex contralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y a Manuel Merino. ¿Qué tipo de autocrítica puede realizar? ¿El Parlamento no es parte de la crisis también?

Bueno, esos han sido informes de plenos pasados, ¿no? Ahora se tendría que valorar si existieran algunos otros elementos de convicción, otros medios probatorios que aparezcan y que noten responsabilidades de las personas que usted hace mención. Yo empecé a investigar con este nuevo Congreso…

— Estos blindajes se han dado hace poco, ha sido este Congreso: blindó a Alarcón y decidió no inhabilitar a Chávarry…

En el Congreso hemos levantado el antejuicio [a Chávarry] y hemos remitido todo ello al Ministerio Público para que inicie las investigaciones…

— ¿Qué tipo de autocrítica puede realizar en base a las acciones del Congreso? ¿O no hay autocrítica?

Por supuesto que debemos hacer un mea culpa. Por ejemplo, [un sector de] congresistas ha estado avalando las conductas irregulares de este gobierno, no se ha logrado obtener los votos cuando hemos solicitado la vacancia. En el Congreso tenemos que tomar acciones responsables para que este gobierno no continúe perpetrando irregularidades en los diferentes ministerios. Los congresistas tenemos la posibilidad de enmendar estos errores y darle garantías a la ciudadanía de que no vamos a tolerar actos de corrupción. Hay congresistas que lamentablemente están protegiendo al gobierno, algunos parlamentarios han estado jugando en pared con el Ejecutivo y eso salpica a toda la institucionalidad del Congreso.

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— La oposición en el Congreso intentó vacar dos veces al presidente Castillo sin éxito. ¿Cuál es la salida a la crisis? ¿Deben darse nuevas elecciones generales?

La salida de la crisis pasa por dos temas puntuales: que el presidente Castillo renuncie por el bien del país, a la crisis política, se viene una crisis económica, ya la estamos viviendo. Lo otro sería que en el Congreso definamos posturas democráticas a favor del bienestar de todos los peruanos y avalemos una vacancia presidencial, justamente por los actos de corrupción de este gobierno.

— ¿Para usted, no deben darse nuevas elecciones generales?

Bueno, ya estaríamos llegando al extremo de una crisis política, porque se le está pidiendo primero al presidente que renuncie y después que los congresistas asumamos nuestra responsabilidad para no proteger [a un mandatario acusado de] actos de corrupción. Yo creo que sería caótico llamar a elecciones generales, que no sería saludable para el país, pero es lo que les daría oxígeno a todos los peruanos.