Henry Shimabukuro, de financista de la campaña de Boluarte a asesor en la sombra de Castillo: perfil e historial

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Shimabukuro, de 45 años, es el dueño de la empresa constructora Kuroshima Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Su nombre saltó a la palestra por primera vez en el 2016, cuando denunció que fue presuntamente estafado por Hiro y Kenji Fujimori, hermanos de la tres veces candidata a la Presidencia de la República Keiko Fujimori.

En aquel año, el joven empresario señaló que fue contratado para edificar un almacén de la empresa Alinsa, propiedad de los Fujimori, en Villa El Salvador, pero que le quedaron debiendo cerca de 300 mil dólares.

Debido a esa mala experiencia, se convirtió en férreo opositor de los Fujimori. Así lo detalló en diálogo con este Diario.

Shimabukuro volvió ser noticia en abril de 2022, cuando El Comercio dio a conocer que diciembre de 2021, pocos meses después del triunfo de Castillo, visitó 14 veces en Palacio al entonces mandatario.

Según información obtenida por este Diario, el 21 de diciembre de ese año el entonces subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, solicitó al titular de la DINI que designara a alguien de esa institución para que cumpliese funciones de enlace con la sede de la Presidencia de la República.

“Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados y en el marco de lo establecido en el […] Decreto Legislativo 1141, se solicita se sirva disponer el destaque de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia al Despacho Presidencial”, se lee en el Oficio 000389-2021-DP/SG.

Fue así que Shimabukuro fue designado en esa función, al menos de manera oficial, de acuerdo con un memorando suscrito también por Camacho, que envió como respuesta a un pedido de información presentado por este Diario.

Sin embargo, en noviembre de 2022, la Contraloría General de la República detectó que su contrato como asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) era irregular.

“Punto final” reveló que Shimabukuro inició funciones en la DINI en diciembre del 2021 y que informes de la contraloría determinaron que su contratación fue irregular, pues el acta no contaba con la firma ni el sello oficial. Además, no figuraba como anexo el documento de la poligrafista.

En ese entonces, Camacho señaló que dicho documento vino de la DINI, con la firma de José Luis Fernández Latorre (ex titular de la DINI) y es así que con ese documento se solicitó el pase temporal de Shimabukuro.

Dicho dominical también dio a conocer que Shimabukuro disponía de un pase de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de Palacio y un estacionamiento, pero que cuando la contraloría solicitó información a recursos humanos, estas oficinas señalaron que no tenían registro alguno sobre sus actividades ni habían autorizado nada a su nombre.

Todas las dependencias de Palacio aseguraron al órgano de control que, la presencia de Shimabukuro se debió a la gestión que hizo Camacho y que no tenían información al sobre sus actividades ni su contratación.

Camacho negó al programa dominical que la contratación de Shimabukuro respondiera a un pedido de Castillo Terrones. Pese a las observaciones de la contraloría, el empresario continuó laborando en la DINI y sostenía reuniones con el jefe de Estado.

En diálogo con El Comercio, Shimabukuro confirmó que Beder Camacho lo llamó para que sea colaborador en la DINI. No obstante, aseguró que fue Castillo quien pidió que sea nombrado en el cargo en la agencia de inteligencia.

Señaló, además, que el entonces presidente pidió que se instale en la oficina de la DINI que recién se había creado en la sede del Ejecutivo.

“En ese tiempo estaban instalando una oficina de la DINI en Palacio, no es que crearon la oficina para mí”, detalló.

Shimabukuro admitió que fue nombrado en dicho cargo pese a no tener experiencia en ese sector ; sin embargo, arguyó que fue considerado por la gestión de Castillo gracias a su amplia experiencia como empresario. También indicó que el expresidente no confiaba en su círculo cercano y le pidió que le cuente “quién o quiénes cometían actos de corrupción”.

“Si llamaba a alguien del partido o de su familia se iban a dar cuenta. Él quería saber quién estaba cometiendo actos de corrupción para que le informe directamente a él”, expresó.

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Aunque en Palacio indicaban que era colaborador de la DINI, en la práctica Shimabukuro ejercía como asesor de Castillo Terrones.

El empresario dijo a El Comercio que conoció a Castillo finalizando la segunda vuelta electoral, pero los detalles que da son confunsos. Narró que se encontraba almorzando en el Club Departamental Apurímac cuando miembros del equipo de campaña (de los que afirmó no recordar los nombres) del entonces candidato de Perú Libre lo invitaron a viajar con él a regiones del sur del país.

Según arguyó, en ese viaje, estrechó por primera vez las manos con Castillo y conversaron sobre temas protocolares. También afirmó que, al enterarse de ello, Boluarte se incomodó y le pidió que regresara. No obstante, la tesis del Ministerio Público contradice su versión. De acuerdo a la fiscalía, Shimabukuro fue contratado como asesor de la DINI gracias al vínculo que sostuvo en campaña con Dina Boluarte.

El Ministerio Público lo incluyó en las pesquisas por el Caso ‘Gabinete en la sombra’ junto a Castillo Terrones y otros funcionarios de esa gestión.

Según la Fiscalía, Shimabukuro habría coordinado reuniones clandestinas con Castillo y ‘El Español’” para la designación de los directores la DINI y de la Digimin. Además, según la fiscalía, habría cumplido la función de integrar un equipo de inteligencia paralela o “grupo de contra”, que pretendía dedicarse a atentar y desacreditar a las fiscales Patricia Benavides y Marita Barreto; así como al coronel Harvey Colchado y otros personajes considerados por Castillo como sus opositores.

De acuerdo con la fiscalía, el equipo de inteligencia paralela también pretendía neutralizar cualquier información que pueda comprometer a Castillo, así como entorpecer las acciones legales que enfrenta el ahora ex presidente.

En noviembre de 2022, un agente especial de la fiscalía señaló que él despachó con frecuencia con la primera dama, Lilia Paredes, en Palacio de Gobierno.

Según el agente especial identificado con el código AE01-2022, Shimabukuro ingresaba constantemente a Palacio de Gobierno para entregar al presidente Pedro Castillo reportes de la DINI“y también despachaba casi todos los días con la primera dama, Lilia Paredes”.

El relato del agente especial, según la fiscalía, continuó así: “Pero [Shimabukuro] no tenía documento alguno que avale su ingreso [a Palacio], por lo que Beder Camacho sugirió que se le formule un documento que justifique su ingreso. Por eso, el director de la DINI [José Luis Fernández Latorre] lo designa colaborador”.

Shimabukuro también es investigado por el Caso Petro-Perú. Por dicha pesquisa, el ex colaborador de la DINI fue detenido en noviembre del año pasado. Finalmente fue liberado.

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Otra controversia

En octubre, “Correo” reveló que Shimabukuro viajó 25 veces en aeronaves del Estado, 24 de esas ocasiones junto al entonces presidente Castillo. Los viajes se realizaron en marzo, junio, julio y agosto con destinos a Ayacucho, Huaraz, Trujillo, Cajamarca, Piura, Jauja, Arequipa, Tarapoto, Chiclayo y Chimbote. Debido a ello, fue citado de grado o fuerza por la Comisión de Defensa del Congreso.

En enero pasado, “Cuarto poder” informó que Shimabukuro visitó a Castillo en el penal de Barbadillo, donde este cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre.

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El domingo 19 de marzo, “Cuarto Poder” difundió el testimonio de la profesora Maritza Sánchez Perales, exasistenta de Dina Boluarte cuando era candidata a la vicepresidencia. Ella afirmó que el empresario Henry Shimabukuro cubrió los gastos de la hoy presidenta de la República durante la campaña electoral del 2021.

Según Sánchez, el vínculo entre la ahora jefa de Estado y Shimabukuro se habría iniciado a fines de abril del 2021, en la segunda vuelta electoral, con una visita del empresario al Club Apurímac.

En la reunión, el hoy investigado exasesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le habría expresado a Boluarte su “deseo de apoyar” en la campaña presidencial. Tras el encuentro, Shimabukuro habría empezado a cubrir todos los gastos logísticos de la entonces postulante a la vicepresidencia por un valor aproximado de 800 mil soles, según Maritza Sánchez.

Shimabukuro habría pagado, por ejemplo, los estrados para los mítines, que podían costar cerca de 80 mil soles. También los pasajes de avión y los carros en los que la actual presidenta se movilizaba. Incluso habría llegado a cubrir algunos gastos administrativos del Club Apurímac y la vestimenta de Boluarte.

“Cuarto Poder” señaló que ni Henry Shimabukuro, ni sus empresas figuran en la rendición de cuentas de gastos de campaña que Perú Libre hizo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así lo confirmó también este Diario.

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Pese a que la jefa de Estado ha negado en reiteradas oportunidades haber recibido dicho apoyo y sus vínculos con Shimabukuro y Sánchez; sin embargo, el testimonio de ambos personajes y comprobantes de pago a los que tuvo acceso El Comercio refutan la versión de la mandataria. Entre ellos, la factura de un hotel en Arequipa, a donde viajó Boluarte para acompañar a Castillo en el debate final con Keiko Fujimori.

La profesora Sánchez dijo a este Diario que Boluarte mantuvo contacto con ella y Shimabukuro hasta julio de 2021, cuando ya era virtual vicepresidenta. Los últimos mensajes datan de julio de 2021.

Dina Boluarte agradece gestiones. Conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio.

La exasistenta de Boluarte indicó que la última vez que coordinó con la ahora mandataria fue el 23 de julio, cuando iban a celebrar el triunfo electoral con una comida en un local ubicado frente a la Plaza San Martín (Cercado de Lima). Henry Shimabukuro también estuvo presente.

Luego, el sábado 25 de marzo, El Comercio difundió chats de WhatsApp y comprobantes de pago que evidencian que Shimabukuro pagó por encargo de Boluarte por las impugnaciones de actas tras la segunda vuelta electoral que se celebró el 6 de junio de 2021.

Como se recuerda, Pedro Castillo ganó dicha elección por un estrecho margen de casi 45 mil votos sobre su rival Keiko Fujimori. Debido a los pedidos de nulidad de actas de votación y otros recursos presentados por los equipos de ambos candidatos, la batalla por llegar a la Casa de Pizarro se extendió hasta julio de ese año, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como ganador al postulante de Perú Libre.

Shimabukuro invirtió S/ 5.434 para la impugnación de trece actas a pedido de la hoy presidenta de la República. Por cada uno de estos recursos pagó al Banco de la Nación la suma de S/418, que era el costo de dicho trámite en 2021 (9,5% de 1 UIT, que en ese entonces era S/ 4.400). Del depósito se hizo cargo Sánchez, la asistenta de Boluarte en la campaña electoral.

Un día después, Shimabukuro presentó diversos vouchers de los pasajes de avión que compró para la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, en la segunda vuelta de la campaña electoral del 2021.

En entrevista con ‘Punto final’, indicó que financió los viajes y estadías de la actual mandataria y su equipo de campaña a Cusco, Arequipa y Chalhuanca, este último pueblo natal de Boluarte Zegarra en la región Apurímac.

En diálogo con El Comercio, Shimabukuro señaló que hizo las revelaciones con el objetivo “aclarar” que efectivamente conoce a Dina Boluarte. Ello luego de ver que la ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social negara conocerlo en octubre del año pasado. “Ella dijo en Canal N que no me conoce y salí a aclarar por recomendación de mi familia. La señora me conoce y yo la conozco [...] ¿Por qué miente? Yo la he apoyado en su campaña”, dijo.

El empresario detalló que trasladó a Boluarte y sus allegados en su auto. “Todos los días la recogía y la llevaba a su casa. La recogía en su domicilio plan de 8 o 9 de la mañana, nos íbamos al Club Apurímac y otros eventos”, agregó.

También indicó que la hoy presidenta de la República le ofreció cargos en el Ejecutivo como agredecimiento al apoyo en su campaña y confirmó que entregó al Ministerio Público todas las pruebas sobre el caso, estas incluyen fotos, videos, comprobantes de pago, etc.

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El Comercio informó que el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar a Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.

En las pesquisas incorporó al vacado expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro. A ambos se les imputa también financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, además de lavado de activos en el caso del exjefe de Estado.

La fiscalía señala que Boluarte, “en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, [...] habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido”.

En tanto, al expresidente Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre, la fiscalía también le atribuye haber realizado actos de conversión y transferencia de dinero de procedencia ilegal, por lo que le atribuye presunto lavado de activos.

Además, se le investiga por supuestamente haber ocultado dinero procedente de actividades criminales. Por último, la fiscalía identifica a Shimabukuru como financista de la presunta red criminal.

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Según la tesis fiscal, Shimabukuro habría sido designado como asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en la gestión del ex mandatario Pedro Castillo (2021-2022) gracias a su cercanía con Dina Boluarte, según la tesis del Ministerio Público.

De acuerdo al Ministerio Público, “no se debe descartar el vínculo” entre Shimabukuro y Castillo Terrones “a fin de financiar también su campaña a la Presidencia de la República” con “dinero cuya procedencia sería prohibida”. Ello, según la fiscalía, “habría “permitido” que posteriormente Shimabukuro “sea designado como asesor de inteligencia de Castillo Terrones.

En el documento en el que se dispone la ampliación de la investigación, al que tuvo acceso El Comercio, sostiene que Shimabukuro “sería un financista de la campaña presidencial” de Castillo Terrones, “especialmente de la investigada Dina Boluarte Zegarra a la vicepresidencia de la República” para lo cual habría efectuado diversos pagos que incluyen “pasajes, viajes, gastos de hospedaje, gastos de alimentación, gastos de viáticos, movilidad personal, no solo de la candidata, sino también del personal que confirmaría su equipo de campaña”. Según fiscalía, el empresario también habría contribuido con “la adquisición de material logístico de la campaña como polos, banderolas, lápices, respecto de los cuales a la fecha no se habrían registrado como aportes dinerarios a favor del Partido Político Perú Libre o sus candidatos”.

La fiscalía también señala que Shimabukuro habría efectuado transferencias y entrega de dinero en efectivo a personas del círculo cercano o de confianza de Boluarte.

Sobre Castillo indica que “habría aceptado, recibido o solicitado dinero a fin de financiar la campaña presidencial durante el año 2021 [...] para lo cual el investigado Henry Augusto Shimabukuro Guevara y otros en proceso de identificación [...] habría servido para solventar” los referidos gastos.

El Ministerio Público sustenta su tesis en los chats de Boluarte con su ex asistenta Maritza Sánchez, voucher de pago y el testimonio que Henry Shimabukuro dio al portal “Epicentro”.

También menciona los comprobantes de pago de la impugnación de actas que también corrieron por cuenta de Shimabukuro a pedido de Boluarte. Como se recuerda, este Diario informó que el empresario depositó más de 5000 mil soles por realizar dichos trámites durante la segunda vuelta electoral. Según pudo verificar este Diario, en las constancias del depósito de dicho dinero emitidos por el Banco de la Nación, se observa el número de DNI de la jefa de Estado.