El empresario Henry Shimabukuro —investigado por el Caso ‘Gabinete en la sombra’— habría sido designado como asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en la gestión del ex mandatario Pedro Castillo (2021-2022) gracias a su cercanía con Dina Boluarte, según la tesis del Ministerio Público.
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La fiscalía dispuso ampliar la investigación en contra de la actual presidenta sobre los presuntos aportes ilícitos en la campaña de Perú Libre del 2021 e incluir a Castillo y Shimabukuro en esta pesquisa. Ello luego de que este último revelara que desembolsó dinero para las actividades de Boluarte durante su campaña a la vicepresidencia en ese año.
De acuerdo al Ministerio Público, “no se debe descartar el vínculo” entre Shimabukuro y Castillo Terrones “a fin de financiar también su campaña a la Presidencia de la República” con “dinero cuya procedencia sería prohibida”. Ello, según la fiscalía, “habría “permitido” que posteriormente Shimabukuro “sea designado como asesor de inteligencia de Castillo Terrones.
En el documento en el que se dispone la ampliación de la investigación, al que tuvo acceso El Comercio, sostiene que Shimabukuro “sería un financista de la campaña presidencial” de Castillo Terrones, “especialmente de la investigada Dina Boluarte Zegarra a la vicepresidencia de la República” para lo cual habría efectuado diversos pagos que incluyen “pasajes, viajes, gastos de hospedaje, gastos de alimentación, gastos de viáticos, movilidad personal, no solo de la candidata, sino también del personal que confirmaría su equipo de campaña”. Según fiscalía, el empresario también habría contribuido con “la adquisición de material logístico de la campaña como polos, banderolas, lápices, respecto de los cuales a la fecha no se habrían registrado como aportes dinerarios a favor del Partido Político Perú Libre o sus candidatos”.
“pasajes, viajes, gastos de hospedaje, gastos de alimentación, gastos de viáticos, movilidad personal, no solo de la candidata, sino también del personal que confirmaría su equipo de campaña”
La fiscalía también señala que Shimabukuro habría efectuado transferencias y entrega de dinero en efectivo a personas del círculo cercano o de confianza de Boluarte.
Sobre Castillo indica que “habría aceptado, recibido o solicitado dinero a fin de financiar la campaña presidencial durante el año 2021 [...] para lo cual el investigado Henry Augusto Shimabukuro Guevara y otros en proceso de identificación [...] habría servido para solventar” los referidos gastos.
El Ministerio Público sustenta su tesis en los chats de Boluarte con su ex asistenta Maritza Sánchez, voucher de pago y el testimonio que Henry Shimabukuro dio al portal “Epicentro”.
También menciona los comprobantes de pago de la impugnación de actas que también corrieron por cuenta de Shimabukuro a pedido de Boluarte. Como se recuerda, este Diario informó que el empresario depositó más de 5000 mil soles por realizar dichos trámites durante la segunda vuelta electoral. Maritza Sánchez se encargó de hacer el pago al Banco de la Nación y rindió cuentas tanto al empresario, como a la entonces candidata a la vicepresidencia.
Según pudo verificar este Diario, en las constancias del depósito de dicho dinero emitidos por el Banco de la Nación, se observa el número de DNI de la jefa de Estado.
- "Punto final" reveló que Shimabukuro inició funciones en la DINI en diciembre del 2021. Sin embargo, informes de contraloría determinaron que su contratación fue irregular, pues el acta de su contratación no contaba con la firma ni el sello oficial, además, no figura como anexo el documento de la poligrafista.
- En ese entonces, el subsecretario general de Palacio Beder Camacho señaló que dicho documento vino de la DINI, con la firma de José Luis Fernández Latorre (ex titular de la DINI) y es así que con ese documento se solicita el pase temporal al señor Henry Shimabukuro.
- Henry Shimabukuro disponía de un pase de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de Palacio y un estacionamiento, pero cuando la Contraloría solicitó información a recursos humanos, estas oficinas señalaron que no tenían registro alguno sobre sus actividades ni habían autorizado nada a su nombre.
Como informó El Comercio, el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar a Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.
La disposición de ampliación de hechos e incorporación de investigados, suscrita por el fiscal Richard Rojas Gómez, también determinó continuar con las diligencias preliminares seguidas contra Boluarte por el presunto delito de lavado de activos. En octubre del 2021, la por entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue incluida en la pesquisa abierta por el citado ilícito, y referida al financiamiento de las campañas del partido del lápiz.
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Además, el fiscal Rojas incorporó al vacado expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro. A ambos se les imputa también financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, además de lavado de activos en el caso del exjefe de Estado.
La fiscalía señala que Boluarte, “en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, [...] habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido”.
Por este caso, la fiscalía cuenta con la declaración de al menos un aspirante a colaborador eficaz que involucra a Boluarte en la recaudación de dinero presuntamente ilícito.
En tanto, al expresidente Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre, la fiscalía también le atribuye haber realizado actos de conversión y transferencia de dinero de procedencia ilegal, por lo que le atribuye presunto lavado de activos.
Además, se le investiga por supuestamente haber ocultado dinero procedente de actividades criminales. Por último, la fiscalía identifica a Shimabukuru como financista de la presunta red criminal.