El improbable testimonio de Jorge Barata, por María Alejandra Campos

Contra todo pronóstico, Jorge Barata empezó a declarar ayer ante los fiscales del equipo Lava Jato. La última vez que se interrogó al ejecutivo brasileño fue en febrero del 2018. Desde entonces en el Perú ha habido dos presidentes de la República, tres fiscales de la Nación, tres presidentes del Poder Judicial y tres ministros de Justicia. Se ha destituido a Rafael Vela y José Domingo Pérez y se les ha repuesto. Se han presentado proyectos de ley en el Congreso para tratar de dañar la relación del Ministerio Público con Odebrecht. Ha sido detenido un ex presidente y la lideresa de la principal fuerza política del país. A otro trató de detenérsele, pero prefirió no enfrentarse a la justicia (sobre esto Carmen McEvoy ha escrito la columna más lúcida que he leído).

Si en algo habían coincidido los otros ex ejecutivos de Odebrecht interrogados por la fiscalía desde febrero del año pasado, es en que Barata sabía. Él era el hombre que conocía los destinatarios finales de las coimas y aportes y a las personas involucradas en las coordinaciones locales. Por ende, es entendible que se haya generado una gran expectativa sobre lo que pueda aportar esta semana a las investigaciones del Caso Lava Jato. La presión es grande puesto que la opinión pública espera resultados visibles y ágiles.

Sin embargo, la última encuesta de El Comercio-Ipsos sobre el tema, realizada en marzo de este año, registraba que la ciudadanía no tenía en alta estima la colaboración de los delatores brasileños. Apenas el 5% percibía que los funcionarios de la constructora decían ‘toda la verdad’, mientras que el 83% consideraba que se lograba poco o ningún avance en las investigaciones con sus testimonios. Con estos resultados se entiende que el respaldo al convenio de colaboración eficaz con Odebrecht divida a la ciudadanía. En la encuesta de enero de El Comercio-Ipsos, 49% lo aprobaba, mientras que 45% lo desaprobaba.

Desde otro flanco, la coyuntura –si se le puede llamar así al suicidio de Alan García– avivó la llama opositora al equipo de fiscales del Caso Lava Jato. Se volvieron a alzar gritos de ‘persecución’ y ‘abuso’, y se añadieron algunos más dramáticos y desafortunados como ‘asesinato’. Apristas, fujimoristas y dudosos correligionarios de otras tiendas políticas atacaron el trabajo de la fiscalía con el objetivo (o esperanza más bien) de que las investigaciones se detengan.

Sin embargo, llegó el día en el que Barata empezó a hablar nuevamente. En unas pocas horas confirmó que los US$4 millones entregados a Luis Nava, el secretario general de Palacio de Gobierno de Alan García, fueron parte de una coima. También ha declarado que la empresa Graña y Montero, consorciada de Odebrecht en el metro de Lima, habría pagado sobornos por US$3 millones en dicha obra. Además, ha confirmado aportes a las campañas de cinco políticos, declaración que colabora con los casos de lavado de activos.

Aún hace falta conocer muchos detalles sobre la trama de corrupción que tejió Odebrecht en el país. Esta semana va a ser determinante para el futuro del Caso Lava Jato. Esperemos que esta ronda de interrogatorios permita acelerar el paso de varios casos hacia el juicio oral y reducir la permanencia en prisión preventiva de los involucrados.