Impunidad de rebaño

Vaya relevancia que ha cobrado el excéntrico caso de Richard Cisneros. Difícil diferenciar buenos de malos. Mario Ghibellini lo resumía con precisión: “Todos modulan soflamas patrióticas para tratar de dar sustancia a la posición que han asumido en la reyerta y a todos se les nota a la legua la verdadera agenda canalla” (El Comercio, 12/9/2020).

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Agenda que bien podría resumirse en mirar el techo y disimular hasta que la gente se olvide. Las sucesivas apariciones del presidente Vizcarra –desde la inicial en que dijo: “No me corro” (para luego presentar una demanda competencial que lo pone a buen recaudo) hasta aquella en que fue profuso en acusaciones– podrían ir en tal sentido. No han despejado la duda sobre su comportamiento en torno al “asunto personal” (14/9/2020). Cualquier investigación formal debe darse al concluir su mandato, pero nada impediría que se indague preliminarmente desde ahora.

Además, se han dado acciones que podrían quedar en el olvido, pero que harían bien en aclararse. Las declaraciones del primer ministro Walter Martos refiriéndose a los líderes que propusieron retrasar los comicios (13/09/2020) o las referidas a la presunta formación de un gabinete por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. (14/09/2020), deberían ser sustentadas con precisión y no ser dadas con ligereza. Solo el ministro Miguel Incháustegui mostró unos pantallazos, más anecdóticos que concluyentes.

En este enredo, la torpe comunicación de Merino con las Fuerzas Armadas seguramente halle alguna penalidad simbólica fuera del Parlamento; en el interior, la propuesta de removerlo de su presidencia no despertó gran entusiasmo (10 votos). Por lo pronto, la aprobación al Congreso perdió 12 puntos porcentuales entre agosto y setiembre, según la medición de Ipsos realizada en medio de la crisis.

Quizás en parte esta evolución tiene algo que ver con el principal flanco del Parlamento en la investigación del caso: la presidencia de la Comisión de Fiscalización, a cargo del congresista Edgar Alarcón (UPP, Arequipa). Debe recordarse el modo como Alarcón fue removido de la contraloría, en medio de investigaciones aún pendientes.

Y si de investigación se trata, tampoco debe perderse de vista lo que se dice en los audios propalados el domingo sobre algunos integrantes de la Fiscalía de la Nación, titular de acción penal del Estado. Dada la sensibilidad de lo dicho, quién sea el portador del mensaje termina siendo algo de segundo orden.

En este complicado momento, es clave no perder de vista la necesidad de investigar. Como decía Ricardo Uceda: “En un ambiente polarizado, las instituciones del Perú deben investigar una nueva corrupción, la de un cacique provinciano que accedió al poder por circunstancias únicas” (“La República”, 15/9/2020).

Al margen del desenlace del viernes 18, es necesario ver este caso con suficiente distancia para saber qué aprendizajes acumular. De otra manera, y con el amparo de la presunta defensa de la institucionalidad, habrá que acostumbrarse a una falta de rendición de cuentas generalizada. Impunidad de rebaño, que le dicen.

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