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Quedaban pocas horas para la Navidad del 2017 cuando el país conocía que el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, había sido indultado. Meses después, la resolución que firmara a su favor el por entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski fue revocada por la Corte Suprema, al hallar irregularidades en el trámite. No obstante, en un nuevo giro del jueves último, por decisión del Tribunal Constitucional, el beneficio será restituido.
Fueron varios los escenarios que se produjeron en el intermedio del proceso de indulto y también con posterioridad. Si bien la liberación de Fujimori es inminente, la situación podría volver a rectificarse ante la Corte IDH, según han coincidido constitucionalistas en un informe de El Comercio. Aquí la línea de hechos por los que ha transitado la controvertida gracia presidencial que vuelve a ser noticia:
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Más datos
Cabe recordar que el caso de presunta compra de votos por la no vacancia a cambio del indulto motivó una investigación y una denuncia constitucional contra Kuczynski por parte de la Fiscalía de la Nación. Además, hay un proceso penal en marcha contra Kenji Fujimori y otros implicados.
En mayo del 2016, el TC de ese momento declaró infundado un recurso de agravio constitucional que presentara la defensa de Alberto Fujimori en un intento por anular su sentencia. Los magistrados Marianella Ledesma, Óscar Urviola, Ernesto Blume, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña coincidieron en sus votos para desestimar la demanda. Solo el tribuno José Luis Sardón emitió un voto singular en desacuerdo con sus colegas, señalando que “el juicio a Alberto Fujimori no respetó las garantías del debido proceso”.
Entre el 2013 y el 2016, la familia Fujimori había buscado el indulto humanitario. En una primera oportunidad, este fue rechazado por Ollanta Humala. Posteriormente, en julio del 2016, a poco del término de mandato de Humala, los Fujimori volvieron a presentar un pedido. No obstante, ya en los primeros días de Kuczynski, lo retiraron por negativa pública del mandatario. Fue meses después, en ese mismo año, que se volvió a presentar la solicitud.
Las condenas de Fujimori suman cinco. La primera fue dictada en el 2007, por el allanamiento ilegal en el 2000 al domicilio de Trinidad Becerra Ramírez, esposa de Vladimiro Montesinos. En el 2009, el Poder Judicial dictó otras tres sentencias. En una decisión, se agruparon los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos (25 años de prisión), además de los secuestros a Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. En otro fallo, se condenó a Fujimori por la desviación de US$ 15 millones para el pago de una compensación por tiempo de servicios a Montesinos (7 años de prisión). También se lo sentenció por casos agrupados de corrupción, relacionados a sobornos a congresistas y medios de prensa, y violación de las comunicaciones. En el 2015, llegó otra condena por el Caso Diarios Chicha (8 años de prisión). Sin embargo, esta fue anulada al año siguiente.
Actualmente, la deuda de Fujimori por concepto de reparaciones civiles e intereses generados supera los S/51.600.000. El expresidente no ha abonado ningún pago. Cabe señalar que Fujimori no recibe pensión vitalicia como ex jefe del Estado. Esto, porque la Ley N° 26519, que regula ese beneficio, suspende su recepción cuando el Congreso acusa constitucionalmente y, como se recuerda, Fujimori fue inhabilitado por resolución legislativa en el 2001 debido a infracciones a la Constitución, incluyendo abandono del cargo y omisión de actos funcionales.
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