Las inexactitudes del debate sobre publicidad estatal

Partidarios y opositores de la iniciativa del congresista aprista Mauricio Mulder, el que busca prohibir publicidad del Estado en medios privados, apelaron a argumentos erróneos para defender sus posturas el último miércoles en la sesión de la Comisión Permanente.

1. ​Mauricio Mulder (Autor de la iniciativa)
“El acceso a la red no es marginal. El 82% del nivel A-B, 74% del C y 46% del D-E tienen teléfono móvil”

Media verdad
A pesar de que incluso los números citados por Mulder muestran los porcentajes a los cuales aún no llega la penetración del teléfono móvil, estos esconden un detalle: no todos los celulares son usados en el Perú para acceder a Internet. Solo aproximadamente la mitad de usuarios tiene planes de datos, según Osiptel. La otra mitad no accede a información por esa vía.

“El Minedu ha tenido 3,3 millones de visualizaciones en su canal de You Tube. No es poquito”.

Media verdad
En efecto, la cifra citada por Mulder suena relevante en un país de más de 30 millones de personas. Sin embargo, no necesariamente resulta representativa de la cantidad de ciudadanos que vieron los videos de ese canal en territorio peruano. You Tube cuenta todas las visualizaciones, así provengan de un mismo usuario o de alguien que reside en el extranjero.

“En México este es un debate grande y en Ecuador, donde se desnaturalizó, también”.

Falso
Si bien existe un amplio debate en México sobre la publicidad oficial, este gira en torno a una ley que permita regularla; no a prohibirla. A diferencia del Perú, donde ya se regula (Ley 28874), en México no existen mecanismos. Por otro lado, una de las medidas de Rafael Correa contra la prensa que lo criticaba fue suspender la publicidad oficial en medios privados.

“Vimos cómo en Áncash el ex  gobernador César Álvarez manejaba medios”.

Media verdad
El ex gobernador regional está efectivamente procesado por, entre otras cosas, comprar periodistas y líneas editoriales. Pero, según la acusación, estos pagos se habrían dado con dinero ilícito y de forma directa. Por lo menos hasta el momento no existe evidencia alguna de que la compra de líneas editoriales se haya dado a través de publicidad estatal.

2.- Gilbert Violeta (Vocero de Peruanos por el Kambio)

“Este proyecto no trata de fomentar la comunicación virtual como derecho fundamental”.

Verdadero
Uno de los principales argumentos del congresista Mulder para defender su proyecto es que el Estado debe fomentar la comunicación virtual de sus políticas públicas. La publicidad estatal en medios privados que se busca prohibir, sin embargo, no constituye un obstáculo para ello. Por el contrario, esta se utiliza para suplir la carencia en el alcance de la información del Ejecutivo.

3.- Juan Sheput (Vocero alterno de Peruanos por el Kambio)

“Si las políticas públicas se limitan a redes sociales, cualquiera las puede hackear y crear crisis”.

Verdadero
En cualquier parte del mundo, las propuestas de informar sobre campañas gubernamentales a través de redes sociales se enfrentan hoy al obstáculo de la vulnerabilidad de la web. Páginas de gobiernos como el de Venezuela o incluso Estados Unidos ya han sido hackeadas en los últimos años. Como está, el proyecto actual no garantiza que eso no suceda en el Perú.

4.- Wilbert Rozas (Vocero del Frente Amplio)

“La discusión de la ley nos recuerda cómo el Estado manipuló la prensa chicha”.

Falso
Son dos sucesos incomparables. Mientras el actual proyecto busca eliminar la publicidad estatal legítima, durante el gobierno de Alberto Fujimori se incurrió en probados actos de corrupción para comprar líneas editoriales. Esos medios de prensa eran utilizados para desprestigiar a sus opositores, algo que no se ha denunciado durante este gobierno.

5. Nelly Cuadros (Congresista de Fuerza Popular)

“Rechazo la opinión sesgada de la Corte IDH sobre procesos legislativos como este proyecto de ley”.

Falso
​La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no emitió opinión alguna sobre la iniciativa. No podría hacerlo mientras no exista un proceso respecto a ese tema bajo su competencia. El órgano que comunicó su preocupación en torno al proyecto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad independiente de la Corte IDH.

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