Subcomisión aprobó informe contra el juez Hinostroza y dos consejeros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el juez César Hinostroza Pariachi y los consejeros Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. A ellos se les investigará por los audios que mostraron un presunto tráfico de influencias al interior del aparato judicial.

A Hinostroza Pariachi se le acusa de infringir los artículos 39 y 143 de la Constitución. Mientras que a los consejeros se les imputa no cumplir los artículos 39, 150 y 154 referidos a sus funciones como representantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

"[César Hinostroza] habría mantenido conversaciones con un tercero (no identificado) incurriendo en una clara y manifiesta transgresión constitucional al solicitar favores que no contribuyen al normal funcionamiento de la justicia en el Perú y no condicen con el enunciado constitucional consagrado en el artículo 39° pues su conducta se aleja de un comportamiento leal, probo e idóneo que como alto funcionario público le corresponde observar en el ejercicio de su función", dice el informe del equipo técnico de la presidenta de la subcomisión, la legisladora Liliana Takayama (Fuerza Popular).

Respecto a los consejeros, el informe añade: "Las conductas de los denunciados se enmarcarían en comportamientos desleales con el
encargo constitucional que se les otorgó, privilegiando sus intereses personales por encima de los de la nación, así como por haber desnaturalizado sus funciones como integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales no les permiten beneficiarse, directa o
indirectamente, del cargo que ejercen así como tampoco gestionar intereses privados".

La denuncia constitucional contra los consejeros y el juez Hinostroza fue interpuesta por los congresistas oficialistas Mercedes Araoz, Patricia Donayre, Guido Lombardi, Carlos Bruce y Alberto Oliva.

-El camino a seguir-

Una vez aprobado este informe, la subcomisión remite su informe a la Comisión Permanente que deberá otorgarle un plazo de investigación por 15 días.

Con ese plazo, la subcomisión delega la investigación a uno de sus miembros, quien deberá elaborar un informe sobre los hechos investigados y luego un informe final.

Ese informe final, una vez aprobado por la subcomisión, se remite a la Permanente que, de aprobarlo, lo traslada al pleno para su aprobación.