Informe del Ministerio del Interior identifica a 130 “actores” de las protestas en 19 regiones

Unidad de Investigación

Antes de que se cerrara el año 2022, el Ejecutivo elaboró documentos de análisis con miras a la reanudación de las protestas que desde el 4 de enero se desarrollan en distintas regiones del país con pedidos como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte o el cierre del Congreso.

Uno es el Informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del 29 de diciembre y elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter).

Basado en la situación de crisis de diciembre, mes en el que las manifestaciones (iniciadas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y su vacancia) dejaron decenas de fallecidos y heridos, el informe señala en sus conclusiones que la relación de “actores” es muy compleja, algo que ahora se refleja en lo sucedido en las últimas semanas.

“Se tiene una multiplicidad de organizaciones y dirigentes que a partir de la coyuntura vienen fortaleciendo coordinaciones y acciones con el fin de realizar protestas más organizadas”, indica el informe, al que El Comercio accedió.

“Es de resaltar que existen actores con estructuras orgánicas sólidas como las rondas campesinas, gremios [como la] CGTP, Sute [Sutep] y frentes de defensa. También destacan actores informales e ilegales como los mineros artesanales de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, que impulsan escenarios violentos”.

En total, el documento menciona a 130 “actores” en 19 regiones. Estas personas pertenecen a gremios y organizaciones sociales.

Las 19 regiones son: Puno (5 “actores”), Arequipa (7), Cusco (10), Apurímac (8), Tacna (8), Moquegua (9), Amazonas (8), San Martín (11), Ucayali (7), Huánuco (5), Ayacucho (4), Ica (6), Junín (7), Lima (11), Huancavelica (9), Lambayeque (4), La Libertad (2), Cajamarca (5) y Áncash (4).

Entre los cinco “actores” de Puno, donde el lunes 9 hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y militares, está Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca. Antes de que se reportaran los primeros fallecidos por los enfrentamientos en Puno del lunes 9, Suasaca dijo en una entrevista con Exitosa que el Perú profundo “arde y va a arder”.

En Ica, donde ha habido bloqueos de la carretera Panamericana Sur, se incluye a Juan Marcelo Gonzales Loayza, dirigente del sector de Barrio Chino conocido como ‘Marcelo’. Él es considerado uno de los principales azuzadores de las manifestaciones violentas en la región. Además, como ya informó El Comercio, tiene nueve investigaciones, de las cuales dos carpetas son por el delito de tráfico ilícito de drogas.

En Ayacucho, donde en diciembre varias personas fallecieron, se menciona a Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa). El jueves 12, Leandro fue detenida como parte de un operativo de la fiscalía y la policía.

Según una investigación de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Leandro, conocida como ‘Cusi’ o ‘Rocío’, sería parte de la Nueva Fracción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso. Ella, además, estaría detrás de las violentas protestas que se desarrollaron en Ayacucho.

En Lima hay miembros de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) como Mariano Flores Gonzales y Jhon Santa Cruz Leyva. La ANP ha estado muy activa en la organización de la marcha que se desarrolló ayer en la capital.

Alerta

Aparte del informe del Mininter, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, elaboró una alerta con información sobre la situación en varias regiones ante la reanudación de las protestas.

El documento, también del 29 de diciembre del 2022, considera “alto inminente” el nivel de riesgo por las protestas de este mes, con “concentraciones y movilizaciones en capitales de los departamentos para partir hacia Lima”, algo que ocurrió. En ese sentido, entre las acciones se mencionan la preparación de “la Marcha de los Cuatro Suyos” que se iba a centrar en Lima.

Otros riesgos previstos, y que luego se dieron, son el daño a infraestructuras como los aeropuertos y centrales hidroeléctricas y atentados contra sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público y comisarías.

La semana pasada se atacó la central hidroeléctrica San Gabán (Carabaya, Puno). La noche del miércoles, vándalos incendiaron la comisaría y la sede del Poder Judicial de Macusani (Puno). Ayer se intentó tomar los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Puno.

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