Danilo Morales, asesor de campaña de Nayib Bukele: “Entre más tarde se reconoce a la inseguridad como enfermedad, es peor y más difícil”

Hay dos líneas básicas. Primero, es una aceptación del pueblo sobre la gobernanza del presidente de turno. Entre más grande sea la aceptación y más grande la credibilidad, pues más fácil el accionar. Cuando el presidente Bukele inició, tenía niveles de aceptación arriba del 90%, y cuando la presidenta de Perú inició nunca tuvo una popularidad cercana a este nivel. Su nivel de credibilidad hoy es menor al 10% y ejecutar acciones así es bastante difícil. En el caso específico de El Salvador, como el presidente tenía el cariño del pueblo por acciones que había ejecutado siendo antes alcalde podía proponer cuestiones radicales que fueran creíbles.

—En marzo del 2021, se dio una acción drástica de las maras y en un fin de semana murieron entre 60 y 80 personas. ¿Ese espanto desencadenó el plan Bukele?

El presidente ya había tomado la decisión: tarde o temprano tenía que entrar al problema de las maras, al problema de la inseguridad con mano dura. Por eso solicitó al Congreso un régimen de excepción, que se extiende hasta hoy, y que le ha permitido con armas legales entrar a sitios donde antes no se hubiera podido entrar. Pudo ejecutar acciones que antes eran imposibles, porque dependían de la orden de un juez o del capricho del fiscal. Antes, dependían de jueces inclusive corruptos que estaban penetrados y controlados por las maras y otras mafias.

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—¿En serio cree que es casi imposible ejecutar sin credibilidad?

Sí, porque es un problema país que no puede ser solucionado solo por el gobierno. Tiene que haber una aceptación de la enfermedad, pero el gobierno de turno no acepta que tiene una epidemia de inseguridad y de homicidios, ya sea por un cálculo político o electoral. Al no tener la aceptación de la enfermedad, por más buen doctor que seas, darás la medicina equivocada.

—La aceptación de la enfermedad implica, siguiendo con la analogía, que la familia, los amigos, el entorno tengan clara la gravedad de la enfermedad, pero aquí todos pelean.

Implica que el presidente debe transparentar la gravedad del caso a la prensa, a la banca, a la empresa privada, a todos los actores civiles y sociales. Es un problema nación que necesita ayuda porque sin ese apoyo no se puede hacer nada. Y esto no lo veo en el Perú. Primero, que por cálculo político no hay una aceptación real de la gravedad del problema. Y segundo, no se puede solucionar solo desde el gobierno.

—Boluarte ha decretado el estado de emergencia, pero no ha pasado nada.

Casualmente esa es la sensación que hay, tanto de parte de los delincuentes como del pueblo: puedes hacer cualquier cosa y nada pasará. Cuando se pierde el respeto no solo a la autoridad principal, en este caso a la presidenta y los ministros, imagínate lo que puede pasar con el pobre policía que patrulla un barrio. Por eso tienes que hacer un llamado país y seleccionar a la gente idónea para ejecutar un plan estratégico que involucre a todos los sectores de la sociedad. Pero esta gente idónea no tiene que ser únicamente del partido, tiene que existir un compromiso real en todos los que entiendan de cómo combatir la inseguridad. Otra cuestión importantísima es saber comunicar. La única forma de que el pueblo, de que la empresa privada apoye las acciones, es teniendo una comunicación lo más transparente posible, de tal forma que los medios de comunicación se conviertan en una réplica de los logros y que la gente sienta que la percepción negativa se está revirtiendo y que de alguna forma el gobierno está empezando a ganar pequeñas batallas. Hay que unir todo esfuerzo, pero el problema es que, si es un gobierno débil, será imposible hacerlo.

—Usted habla de la importancia de comunicar, pero la presidenta no habla con la prensa y pocos le creen.

Primero, no hay aceptación real de la enfermedad. No está aceptando el estado crítico de las cosas. Tiene que hacerse toda una estrategia de comunicación en función de la lucha contra la criminalidad. Si yo le pudiera aconsejar a la presidenta Boluarte le diría: “Usted puede tener estados de excepción, pero tiene que tener un estado mayor presidencial, una élite donde esté posiblemente el ministro del Interior, el de Defensa y el jefe de ministros”. No muchos, tal vez uno o dos más. Junto con un especialista de comunicación capaz de ayudarles a definir los objetivos y que sean puestos en marcha y comunicados a la población; porque si no son bien comunicados, se puede formar una especie de guerra interna.

—El gran problema es que el primer ministro piensa que se exagera y que todo va por buen camino, y el ministro del Interior anda sobreviviendo como puede. ¿Cómo salir de este trompo político?

Yo no quiero señalar a nadie, pero en el Perú veo mucho cálculo político electoral. Muchos sienten que la presidenta no va a terminar y se sienten los próximos en ser elegidos. Yo veo muy difícil que durante este gobierno pueda haber acciones contundentes para detener la inseguridad. No estoy siendo pesimista. Objetivamente, no veo las condiciones, a no ser que haya un cambio drástico y la presidenta se siente y haga una cruzada nacional sin distinguir colores y diga vamos a formar este comando para presentar el plan de control territorial.

—Cada uno va por su lado. Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, todos peleados. ¿Cómo se hace para calmar las aguas? ¿Tenemos que esperar a una próxima elección?

Si yo fuera asesor de la presidenta, trataría de convencerla, de decirle: “Lo primero que usted tiene que anunciar es que le quedan tantos meses y días, y que la enfermedad es tan grave que no puede esperar a que termine su gobierno y que por lo tanto renuncia a cualquier cálculo electoral y hace un llamado para tener a la mejor gente del Perú en la lucha contra la delincuencia y la corrupción”. Todo esto validado en un plan serio y estructurado. En El Salvador se lanzó el plan Control Territorial y se transparentó a la población en qué consistía y cómo eran las fases; hubo planificación. En el Perú pónganse de acuerdo, pero hagan un llamado país que toque todos los corazones. Pero lo primero, insisto, es la aceptación de la enfermedad. Sin esa aceptación va a venir un panorama muy oscuro, independientemente de quién gane la próxima elección.

—Las crisis espantosas son extraordinarias plataformas para gente mucho más radical.

No entiendo cómo el Perú ha optado por presidentes que dejaron quinquenios perdidos, sin hacer arreglos ni ajustes. Hoy el tema de inseguridad es muy peligroso porque retrae la inversión, la educación, todas las cosas. En El Salvador, las maras tenían tanto poder que controlaban hasta las escuelas. No solo les cobraban para entrar a los niños a clases todos los días, un cuarto de dólar, sino que una vez que terminaba el ciclo, se acercaban los niños y le decían a la maestra: “Si no me pone una buena nota, usted sabe que la mato porque mi papá es de la Mara Salvatrucha”. Imagínate que los niños tenían que ir a la escuela con mochilas transparentes para que la gente se diera cuenta de que no llevaban armas. Tarde o temprano estos niveles de inseguridad van a afectar la educación. Van a afectar la imagen país. Entre más tarde se reconoce la inseguridad como enfermedad, es peor y más difícil.

—¿Cómo hicieron ustedes para apagar ese infierno? Todos recordamos las escenas casi cinematográficas de los pandilleros semidesnudos que iban entrando masivamente a las prisiones…

Primero que nada, tienes que entender que todos esos pandilleros que vieron semidesnudos y tatuados eran personas que ya habían matado, no una vez, sino muchas veces. En sus ritos de iniciación, para estar en las maras, uno de los requisitos era matar a uno de sus rivales o haber asesinado a alguien que no quisiera pagar una extorsión. No eran santas palomas.

—Pero para meter a tanta gente a la cárcel tuvo que existir una acuerdo judicial. El problema que denuncian hoy los policías en el Perú es que cuando capturan a delincuentes luego son liberados.

Lo primero que hizo Bukele fue negociar con el Congreso un decreto de régimen de excepción que para combatir las pandillas se suspendían las garantías constitucionales. Esto te permitía hacer redadas sin orden de juez, hacer operativos militares y policiales, hacer retenes. En cuestión de tres meses, hubo 40.000 personas detenidas. Al mes de tener a los cabecillas detenidos y empezar a hacer redadas fuertes, se vinieron las extorsiones al suelo. Antes, si no pagaban a diario, eran asesinados sin misericordia. Este plan de control territorial donde se suspendieron las garantías constitucionales permitió que a la fecha, desde el 2021, existan entre 82.000 y 84.000 personas presas.

—Que no se han soltado pese a los reclamos de los organismos de DD.HH., que aseguran que las cárceles son centros de torturas...

Tengo claro que es algo controversial, pero como diría el presidente Bukele: “¿Elegimos los derechos humanos de las víctimas o los derechos humanos de los criminales?”. Yo elijo los de las víctimas. Todo este régimen de excepción permitió que tanto los jueces corruptos como fiscales fueran suspendidos, cambiados. Hubo una limpieza de los poderes. Al mes de haber iniciado el plan Control Territorial, la población empezó a sentir los efectos: ya no le cobraban las extorsiones, le perdieron el miedo a las pandillas, ellos mismos denunciaban a la gente. El Salvador pasó de ser un lugar donde había 200 homicidios por cada 100.000 habitantes, a una reducción del 93%. Puede haber muchas críticas y de todo, pero el régimen ha sido efectivo. Solo el poder caminar sin miedo ya es un triunfo.

“Veo a Keiko con arrastre, pero no será el factor decisivo”

— ¿Le ve salida a la crisis política del Perú?

No quiero ser negativo, siempre soy un optimista incurable. Creo que si hay voluntad política, si la presidenta Boluarte acepta sus errores y se enfoca en decirle al pueblo “denme el chance de trabajar estos últimos meses que me quedan en pro de ustedes”, y que la gente sienta que es verdadero, que no es un cálculo electoral ni político, se podría avanzar mucho. Pero si hay la más mínima sospecha de que es una jugada política, no habrá posibilidades de solucionar nada.

— Está más preocupada en su destino judicial.

Y encima tienen casi 30 precandidatos para el 2026. No veo ahora las condiciones políticas de Dina y el liderazgo suficiente como para poder sentar a todos los sectores implicados en este tema y poder decir “dediquémonos estos últimos 20 meses a sacar adelante al Perú”. Siento que no hay la voluntad política y, por el contrario, hay un cálculo electoral no solo en la presidenta o la gente del gobierno, sino en los partidos opositores o en los que se sienten que ya son candidatos.

— La izquierda la ha negado, Acuña y Keiko Fujimori comienzan a lavarse las manos. Y ni hablar de Cerrón, que la considera una traidora.

Es un retroceso enorme y es no entender el cambio evolutivo del tiempo seguir hablando de izquierdas y derechas. Es un anacronismo para mí. Creo que hay gente corrupta y no corrupta, gente con voluntad o sin voluntad. En estos momentos en que está tan grave el país anteponer una excusa ideológica es no tener un discurso sincero.

— ¿Y cuál es el discurso sincero?

Es decir estoy dispuesto a aceptarme con mi rival político para sacar este proyecto adelante. [...] ¿Cómo van a tener cerca de 30 candidatos? Es muy posible que pasen a segunda vuelta dos personas, una cerca del 20% y otra inclusive con un 14% máximo. Y es muy peligroso que se puedan colar a segunda ronda dos opciones que no tengan miramientos éticos sino simple y sencillamente ansias de poder.

— ¿El factor Fujimori será decisivo o con la muerte de Alberto el fujimorismo empieza a diluirse?

Para esta elección tendrá una cuota importante, pero no será el factor decisivo. Independientemente de la muerte del presidente Fujimori, venía claramente en declive en las encuestas y en su arraigo electoral. La gente está cansada y quiere cosas nuevas.

— ¿Entonces no ve a Keiko en segunda vuelta?

¡Híjole!, tal vez sí podría estar en segunda vuelta, porque insisto, puede meterse con un 12%, pero eso le serviría nada más para pasar a segunda vuelta. Hay un caso bastante similar al de Keiko Fujimori, es el de Sandra de Colón en Guatemala. Ella fue la esposa del expresidente Colón, se divorció de Colón porque así la Constitución le permitía ser candidata y ha sido candidata cuatro veces y las cuatro veces ha pasado a segunda ronda y las cuatro ha perdido. El expresidente Colón murió y ella sigue candidateando.