Investigados por sobornos de Sada Goray son 18: ¿Quién es quién en la red de corrupción que copó el sector Vivienda?

Marrufo, dentro del proceso de colaboración eficaz que lleva con el Ministerio Público, ha reconocido haber recibido en once armadas un total de S/5,4 millones y US$21 mil como sobornos de parte de Sada Goray, ex gerente general de Marka Group. Este dinero, agregó, no solo fue para él, sino también para el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado.

El 7 de diciembre último, el ex alto funcionario declaró públicamente en el Congreso que a Castillo Terrones se le entregó S/50 mil “mensuales”, de los pagos hechos por Goray, “para para efectos de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda”. Unas horas después de este testimonio, el docente perpetró un golpe de Estado en televisión nacional.

Al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se le imputan los presuntos delitos de colusión y organización criminal.

De acuerdo al organigrama de la red criminal presuntamente encabezada por Castillo, Alvarado y él avalaron las acciones de copamiento de Goray en el Fondo MiVivienda y otras instituciones.

Asimismo, ha referido que la empresaria le entregó al exministro y a él una casa en la urbanización El Golf, de San Isidro, valorizada en S/3,8 millones como parte de las coimas.

Marrufo detalló que Goray le dijo que ese inmueble estaba “en trámite de saneamiento” y que ella se comprometió, una vez que Alvarado y él dejen de ser funcionarios públicos, a hacer oficial la transferencia a favor “de una empresa creada por nosotros o una tercera persona de nuestra confianza”.

Inicialmente, la empresaria fue una testigo clave para detallar los sobornos que recibió la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo. No obstante, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra porque no fue sincera en su declaración. Por ejemplo, omitió decir su verdadero rol en el copamiento del Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Sedapal y Sunarp.

El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, le imputa a Goray Chong los presuntos delitos de complicidad en colusión agravada y organización criminal. Esto por haber entregado S/5,4 millones y US$21 mil al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado y al ex jefe de Gabinete de Asesores del MVCS Salatiel Marrufo.

El dinero sirvió para que Alvarado y Marrufo le dieran el “control total” del FMV y permitieran que extienda su influencia en las otras instituciones ya mencionadas.

Goray, de acuerdo al testimonio de tres colaboradores eficaces, direccionó no solo la designación de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como integrantes del directorio del Fondo MiVivienda, sino también decidió el cambio de casi todas las gerencias de esa entidad. Esto con la finalidad de que le otorguen cinco proyectos inmobiliarios a Marka Group, su empresa, por más de S/158 millones.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. 

Al ex conductor de “20 lucas” lo acusan de los presuntos delitos de colusión, en la modalidad de “cómplice primario”, y de lavado de activos. Para el Ministerio Público, el periodista habría sido el intermediario entre Goray y Marrufo para que este último reciba el pago de sobornos. Por esta tarea, habría recibido de la empresaria dos bonos de éxito, uno de S/150 mil y otro de US$80 mil.

Con ese dinero, Fernandini habría adquirido un departamento y una cochera en San Isidro, así como dos autos.

El periodista, además, realizó un media training a los directores del Fondo MiVivienda y entrevistó en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV, al gerente general de la referida institución, Juan Carlos Forero. Todo a solicitud de Goray.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. 

De acuerdo al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, el ex alto funcionario se la investiga por el presunto delito de colusión agravada. Esto porque habría “concertado” con Goray y Luis Mesones Odar, ex esposo de esta última, “para defraudar al Estado”, a través de la aprobación de cinco proyectos inmobiliarios a favor de Marka Group.

El Fondo MiVivienda, a pesar de que el referido holding no cumplió con los requisitos mínimos, liberó S/32’275,441 por concepto de avance de obra y S/2’791,669 por intereses.

Para el Ministerio Público, Arroyo Marquina “participó” en el copamiento del FMV. Por ejemplo, dispuso designar a José Forero Monroe como gerente general de la institución, con el objetivo “de viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por la empresa Marka Group”, de propiedad de Goray Chong.

El ex presidente del directorio del FMV, además, viabilizó al menos cambios en ocho gerencias de la entidad, tal y como lo había ordenado la empresaria en una reunión que tuvieron en su casa a fines de setiembre, donde incluso apunto los nombres de los que ingresaban y de los que se iban en una pizarra.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. 

Al ex integrante del directorio del FMV, la fiscalía le imputa el presunto delito de colusión agravada. También por supuestamente hacer concertado con la ex gerente general de Marka Group “para defraudar al Estado”, por medio de darle la luz verde a cinco proyectos de vivienda social a favor del holding de Goray Chong.

Al igual que Arroyo Marquina respaldó los cambios realizados en las gerencias del Fondo MiVivienda.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. 

A Arrieta Jovic, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder le imputa el presunto delito de colusión agravada, porque habría participado en “el copamiento” del FMV para “viabilizar y direccionar” pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por Marka Group, empresa de Goray.

Arrieta es uno de los protagonistas de los chats, a través de los cuales Goray les daba órdenes a los altos funcionarios del FMV colocados por ella. Por ejemplo, el 18 de octubre de 2021, se realizó una reunión del Comité de Riesgos para analizar nuevamente la propuesta para que el fondo participe en los proyectos “Pradera de Cacatachi-I” y “Chiclayo Bonito-Etapa I y II”, de la firma de la empresaria. El entonces director del FMV le advirtió que posiblemente la sesión se suspenda.

“Ya no se pasen… voten de una vez”, le exigió Goray al funcionario del FMV.

Al igual que Arroyo Marquina y Gavidia, respaldó los cambios realizados en las gerencias del Fondo MiVivienda. 

Al también ex viceministro de Mype e Industria se le acusa de ser “cómplice primario” de colusión agravada. Mesones Odar, quien desde el viernes 6 de julio está en la clandestinidad, fue contratado, por medio de la empresa Saber Conmmunity SAC, como asesor externo de Arroyo Marquina en el FMV. Este proceso, de acuerdo a la procuraduría anticorrupción, fue “irregular”.

Esto porque Saber Conmmunity SAC es una firma “ajena al objeto de la contratación”, por lo que deducen que fue presuntamente favorecida con una asesoría por S/34.000.

Mesones Odar participó “activamente” en reuniones de la plana mayor del Fondo MiVivienda.

Los auditores internos del Fondo MiVivienda —de acuerdo a la defensa legal del Estado— han advertido que Mesones Odar “si mantenía presencia en sesiones del Comité de Riesgo asesorando al presidente del directorio del Fondo [Pedro Arroyo Marquina], no siendo registrada su participación física”.

El ex gerente general de Marka Group, además, tuvo participación en el directorio de Sedapal. El holding tenía interés en sanear sus problemas de conexión a los servicios de agua y alcantarillado en el proyecto Lima Bonita.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. 

Tijero fue la persona que enlazó a Goray con Fernandini, quien es su primo. Este último a su vez contactó a Alvarado y pactó las primeras reuniones de la empresaria con Marrufo. El Ministerio Público le imputa el presunto delito de colusión en la modalidad de cómplice primario, a raíz de su participación en los acuerdos de la ex gerente general de Marka Group para copar el FMV y otras instituciones, por medio del pago de sobornos. 

Forero Monroe ingresó a la Gerencia General del Fondo MiVivienda por expresó pedido de Goray a los miembros del directorio de la institución que ella colocó. El Ministerio Público acusa al ex alto funcionario del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Esto porque “se habría interesado indebidamente de manera directa” en concretar la contratación de Mesones Odar, a través de la empresa Saber Conmmunity SAC, como asesor, a fin de “aparentar un servicio de consultoría”. Incluso, para ello se modificó la “Política de Contratación de Asesores Exteriores para Directorio”.

Por ejemplo, se eliminó de la definición de “relación de afinidad” la parte que prohibía la contratación de asesores exterior que tengan una relación amical con los directores del fondo. Mesones Odar y Arroyo habían fundado juntos una empresa.

Para la fiscalía, “la verdadera finalidad” del ingreso de Mesones Odar era que “participe activamente” en la institución “para viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables” en los contratos de Marka Group.

De acuerdo a la formalización de la investigación, Forero, además, habría tenido participación en la modificación de la estructura orgánica del FMV, a través de la cual se trasladó el Departamento de Proyectos Inmobiliarios, que dependía de su oficina, a otra área y bajo el nombre de Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios (DEPI).

El DEPI fue conducido por Luz Mayhua Elguera con el fin de “direccionar” decisiones a favor de la empresa de Goray, según el Ministerio Público. 

A la ex jefa Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios (DEPI) del FMV, el Ministerio Público le imputa el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La fiscalía consideró que la arquitecta “se habría interesado indebidamente de manera directa en favorecer” a Marka Group. 

Mayhua Elguera emitió dos informes en junio de 2022 respecto al proyecto “Chiclayo Bonito”, a través de los cuales concluyó que el promotor inmobiliario Nuevo Chiclayo SAC, del holding de Goray, había cumplido con las condiciones establecidas en el contrato y recomendó iniciar el tramite para el desembolso del dinero del fideicomiso, a pesar de que no había cumplido con el aporte mínimo del 15%.

El 10 de junio de 2022, a través de un correo, la ex funcionaria señaló que “los intereses no forman parte del patrimonio fideicometido”. Esto permitió que las empresas de Goray se hagan de manera “ilícita” con más de S/2,7 millones correspondientes a intereses que fueron generados con dinero del Estado. 

Un colaborador eficaz sindicó a Arbulú Ortega “como la sombra” y principal asesor de Goray Chong. Para el Ministerio Público, el representante de Marka Group forma parte de la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Castillo, porque habría coordinador la firma de un convenio entre la empresa y el FMV para que la primera se vea favorecida con cinco proyectos inmobiliarios.

También “habría coordinado” y “operado” en los actos de copamiento de la SBN con la designación de su superintendente, funcionarios y hasta asesores, con el objetivo de “lograr el saneamiento” de terrenos en Chilca a favor de Goray y otros integrantes de la organización criminal. 

Es considerado por la fiscalía como operador de la presunta red criminal que encabezó el expresidente Pedro Castillo. Precisamente, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero, en su declaración testimonial, refirió el docente le pidió nombrar a Longaray al frente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Para el Ministerio Público, Longaray tuvo influencia en la inscripción de un terreno de Goray en Chilca que presuntamente esta superpuesto a un predio del Estado. Esto luego de que la SBN emitiera un pronunciamiento a favor de la empresaria. 

De acuerdo al Ministerio Público, Rudas coaccionó a William de la Vega, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), a fin de que favorezca a Goray en la dación de terrenos en Chilca. Incluso, le dijo que tenía que aprobar el expediente, porque la empresaria “había apoyado al partido [Perú Libre] en la campaña presidencial [de Castillo]”.

Rudas- investigada por el presunto delito de organización criminal- también habría participado en el copamiento de la SBN. Y fue parte del directorio de la Sunarp que validó la rectificación de los terrenos de Goray en el sur de Lima. 

A García Yokota lo investigan por el presunto delito de usurpación de funciones, luego de que haya emitido y suscrito “sin nombramiento” dos memorias descriptivas y dos planos que fueron utilizados ante la Sunarp, a fin de que esta institución inscriba la rectificación del área, linderos y medidas de un terreno de Goray en Chilca que presuntamente se sobreponía a un predio estatal. 

Fue una de las funcionarias públicas que acudieron a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para reunirse con el expresidente Castillo.

Perales Olano- de acuerdo al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder-formaría parte del “brazo ministerial y de altos funcionarios” la red criminal presuntamente encabezada por Castillo. Asimismo, habría participado en los actos de copamiento de la SBN. 

Es investigada por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, porque firmó la resolución que terminó declarando procedente el pedido de rectificación de Goray respecto a un terreno en Chilca. El Ministerio Público advirtió que para tomar esta medida utilizó las dos memorias descriptivas y los dos planos hechos por García Yokota, quien no era un funcionario de la SBN. Esta irregularidad le fue advertida. 

El Ministerio Público lo investiga por el presunto de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que como director de Gestión Patrimonial de la SNB “se habría interesado indebidamente de manera directa en concretar” el saneamiento de terrenos para favorecer a Goray. Para ello, firmó un conjunto de resoluciones. 

Junto con Rudas Murga se encargó “de revertir los pronunciamientos iniciales desfavorables” en la SBN a la Goray. Es investigada por el presunto de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. 

En la disposición que formaliza la pesquisa, la fiscalía refiera que Olivera Orellana fue contratada bajo la modalidad de “servicios por terceros” por la referida institución desde febrero de 2022 hasta octubre de ese año. Por tres órdenes de servicio cobró un total de S/54 mil.