“No ha habido en los últimos años un gobierno capaz de limpiar el Estado”

— Tal cual lo dijo en aquella entrevista: Castillo se quitó la banda, o se la quitaron, y empezaron sus líos judiciales.

Había pruebas indiciarias, declaraciones de colaboradores eficaces, pruebas documentarias, testigos. Las propias justificaciones que él daba eran absolutamente inverosímiles y absurdas. Las razones por las cuales Castillo está hoy día detenido no son los delitos de corrupción y criminalidad organizada, pero en el corto plazo, si no hubiera intentado un golpe de Estado, el día que hubiese dejado la presidencia hubiese tenido que enfrentar estos graves cargos de corrupción.

— Pese a lo que dice su defensa, ¿se justifica la prisión preventiva? Entre otros casos, se tiene en cuenta la probable obstrucción a la justicia.

Diría que era más que evidente no solamente el peligro de fuga –todos hemos sido testigos de cómo sucedió–, sino el peligro de obstaculización a la actividad probatoria, porque tiene a uno de sus coinvestigados presumiblemente escondido en Venezuela, tiene todavía algún sector que lo protege y es posible que algunas personas que han estado vinculadas a él en estos delitos no estén todavía identificadas. Entonces, desde esta ‘clandestinidad’ también articulan para evitar que las investigaciones avancen.

— En retrospectiva, ¿cuándo comenzó el gobierno de Castillo a mostrarse proclive a la corrupción?

Desde el principio hubo algunas señales de alerta, como el hecho que no despachara en Palacio de Gobierno, cuando por ley tiene que ser así para que todos sepamos quiénes entran, quiénes salen y a qué hora. Básicamente, se conjugaron dos factores: la poca transparencia en la gestión pública, sumada por supuesto a la falta de preparación de él y de su entorno, y además la nula rendición de cuentas.

— ¿Es iluso pensar que esa red de personas que se filtraron en el Estado esté del todo desatada?

Hay declaraciones de algunos ministros actuales que, cuando han hecho la revisión de sus propios sectores, se han dado cuenta de que hay muchas personas que no cumplen el perfil y cuya necesidad de incorporación no está justificada. En los dos meses de esta gestión, creo que no se puede ni siquiera conocer en toda su dimensión cuántos son ni dónde están. Esa es una tarea que tiene este gobierno.

— ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo en un caso como este?

La corrupción no es solo un problema que afecta las arcas del Estado, eso es lo más visible; pero donde afecta y donde es más difícil revertirlo es en el impacto que tiene en los servicios públicos, en la satisfacción de las necesidades básicas.

— En esa misma línea, ¿un Estado contaminado por corrupción se puede purificar? En el 2001 tuvimos la última gran oportunidad.

Con la caída de Fujimori y Montesinos, luego de tocar fondo y con esa indignación legítimamente exacerbada, perdimos una oportunidad de oro porque el gobierno que vino después, de Alejandro Toledo, mostró no ser distinto y los hechos lo demuestran. No ha habido en los últimos años un gobierno capaz de limpiar el Estado.

— A propósito de Toledo, ¿por qué pelea con tanta desesperación para no ser extraditado al Perú?

Difícilmente podría ser enjuiciado en Estados Unidos con el acervo probatorio que existe aquí. El Estado requiriente, en este caso el Perú, para solicitar la extradición, y para que Estados Unidos la haya concedido, tiene tal cantidad de pruebas y evidencias que es altamente probable que termine condenado.

— ¿Por qué su caso es tan paradigmático?

Jorge Barata en algún momento dijo que él no inventó el sistema para corromper a los políticos peruanos, y que cuando él llegó al Perú, eso ya existía. Ese sistema perverso todavía está. No somos capaces de purificar el Estado.

— En el gobierno de Dina Boluarte ya han comenzado a destaparse algunas investigaciones en torno al IPD, a Essalud.

La señora Boluarte tiene un rasgo en común con el señor Castillo: ninguno de los dos estaba preparado para gobernar. No es fácil administrar un Estado como el peruano y más en estas condiciones. No creo que en los próximos años exista un gobierno que no vaya a estar investigado por el Ministerio Público. El Estado Peruano, y no en los últimos años sino durante toda su historia republicana, es una administración proclive a la corrupción. Es un problema de fondo, no tiene que ver con la ideología ni con el mercado, sino con la estructura del Estado.

— Y en este juego entra también el Congreso. Estas compras mal explicadas, estos gastos onerosos, ¿podrían tener un trasfondo ilícito o son básicamente frivolidades?

En las actuales circunstancias, como mínimo parece un acto de frivolidad. Habría que investigar para ver si esto es además un acto que pueda ser calificado de corrupción: son pasajes para el extranjero, habría que ver si esos viajes se justifican, si realmente hay una razón económica para comprar de manera adelantada. Aquí el Congreso tiene que rendir cuentas, como mínimo es algo sospechoso.