"No interesan discursos sobre corrupción, sino decisiones concretas"

Jairo Rivas, coordinador del Observatorio de Integridad, iniciativa civil que se formó para hacer seguimiento a las 100 recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad contra la corrupción, hace un balance de las medidas que se han implementado en su totalidad, de manera parcial o que están pendiente de ejecución hasta ahora.

En diciembre del 2016, la Comisión presidencial de Integridad entregó al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski un informe con 100 recomendaciones para prevenir y combatir la corrupción. ¿Qué medidas importantes se han implementado en su totalidad?
En octubre del año pasado encontramos que 13 recomendaciones se habían implementado totalmente, 17 parcialmente y 70 recomendaciones no se habían implementado. No todas corresponden al Ejecutivo. Hubo un avance en que se haya determinado la responsabilidad penal de las empresas involucradas en actos de corrupción. Otra novedad importante fue que se determinara que sentenciados por corrupción no pudieran ser incorporados a la administración pública.

¿Y en materia electoral cuáles se han cumplido?
Por ejemplo, la bancarización de los aportes de campaña, la prohibición de aportes anónimos y de fondos provenientes del extranjero para financiar campañas electorales. Otra medida positiva es la prohibición de que sean candidatos personas que han sido sentenciadas por delitos graves como tráfico ilícito de drogas, corrupción, violación sexual y terrorismo.

Entra las medidas que se han ejecutado de manera parcial esta la declaración jurada de intereses, que sigue siendo voluntaria.
Es una medida parcialmente implementada. El ex presidente Kuczynski y su primer gabinete publicaron sus declaraciones en las páginas web de los ministerios. Sin embargo, al no ser obligatorio nadie se siente obligado a recordar que esta es una exigencia de transparencia. Estamos recordando todo el tiempo a los ministros que es importante hacer explícito los intereses que tienen cuando asumen un cargo importante.

El presidente Vizcarra ha dicho que presentará un proyecto de ley para que sea obligatorio. ¿Eso pasa por modificar alguna ley existente?
No. Es un tema novedoso dentro del ordenamiento jurídico. Lo que existe es la obligación de declarar ingresos y bienes ante la Contraloría General. Pero este es otro tipo de declaración que intenta reflejar posibles conflictos de interés que uno puede tener al asumir un cargo. Del actual gabinete, solo nueve de diecinueve ministros han hecho pública su declaración de intereses. Y solo 20 de los 130 congresistas,  mientras que ningún gobernador regional. 

En lo que compete al Congreso, este no le ha puesto límites al financiamiento de campañas provenientes de actividades proselitistas como cocteles y polladas.
Del 2006 al 2011 este rubro se triplicó en cuanto a volumen y en cuanto a importancia de ingresos. En esos años los principales partidos registraron el 30% de sus ingresos por esta vía, y muchos de los aportantes además son anónimos. Es un mecanismo riesgoso para el financiamiento de la política. Es un tema que no se ha querido regular, se recomendaba que fuera no más del 10% de ingresos y lo que han establecido es que no se sobrepase un tope determinado (hasta 250 UIT por actividad).

¿Ad portas de un proceso electoral, hay sanciones más efectivas para aquellos que incumplen normas electorales en materia de financiamiento?
Por ahora solo se han aceptado que se imponga multas que no se cobran. Le corresponde a la ONPE imponerlas y cobrarlas, pero esto no se hace efectivo. Imaginemos que un narcotraficante o un traficante ilegal de madera decide financiar una campaña. Al partido se le impone una multa y el mismo narcotraficante podría pagar esa multa y si no la paga tampoco pasa nada.

De acuerdo a las recomendaciones, el partido que incumple debería recibir una sanción política. ¿Lo más efectivo sería que la agrupación pierda su inscripción?
Esa sería la máxima [sanción]. Podría haber otras como no entregar la credencial hasta que no haya algún tipo de regularización, puede haber una secuencia de sanciones de leves a más graves. La más crítica sería retirar la inscripción de un partido ante el Registro de Organizaciones Políticas.

¿Y qué medidas no se han implementado ni en 1%?
Hay un tema que a nuestro juicio es absolutamente crítico, que es una regulación adecuada de la gestión de intereses, de los lobbies. La regulación anterior es muy engorrosa y no se ha cumplido. La propuesta que se hizo desde la Comisión de Integridad y desde Transparencia es que se incorporara una nueva regulación de gestión de intereses dentro de la norma de transparencia y acceso a la información porque eso permitía poner la responsabilidad de transparentar esta gestión, no en los lobbistas, sino en las entidades públicas.

¿Cómo hubiera ayudado una norma de esta naturaleza para evitar casos como el del ex presidente Kuczynski, que fue cuestionado porque consultoras vinculadas a él brindaron asesorías al Estado cuando él era ministro de Estado?
Una norma de gestión de intereses tiene varios componentes. Una primera es la obligación de todo ente público de informar en su web, y eso ha sido aprobado por el Ejecutivo, todas las visitas que recibe el funcionario, pero señalando no solo quién lo visitó, sino cuál fue la agenda que se trató en la reunión. Otro elemento muy importante es algún tipo de regulación para esto que se denomina 'puerta giratoria'. La práctica internacional no dice que tenga que existir una separación absoluta y a rajatabla, respecto a que personas que estuvieron en el sector público no pueden pasar al privado. Pero sí tiene que haber mecanismos para que decisiones que se toman en el sector público no puedan favorecer después intereses privados. 

Es lo que pasó con el ex presidente Kuczynski.
Es lo que pasó en ese caso a la luz de lo que se han informado. Ese tipo de situaciones, que implican el manejo de información privilegiada en beneficio de determinados intereses particulares, es lo que debería estar regulado.

¿Sobre la Autoridad Nacional de Transparencia, ente creado para garantizar el acceso a la información, lo recomendable sería que no este adscrita al Ministerio de Justicia?
Por lo menos no en relación de dependencia, es decir, no formar parte del organigrama del sector porque eso le quita autoridad y así lo hemos podido ver en el caso del expediente empleado para fundamentar el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori. El Ejecutivo y el ex ministro de Justicia (Enrique Mendoza) argumentaron que eso estaba bajo reserva, el director de esta autoridad argumentó que por la relevancia de este procedimiento ese informe debía ser público. Allí hay una contradicción y el director de esa autoridad estaba supeditado formalmente al ministro y este no hizo ningún caso.

La CAN, Comisión de Altonivel Anticorrupción, ha entregado un plan de medidas contra la corrupción al presidente Vizcarra. ¿La población tiene motivos para pensar que nos estamos llenando de planes que se presentan con mucho entusiasmo pero pareciera que se van quedando encarpetados y sin resultados efectivos?
Ese es un riesgo, sobre todo porque cuando uno revisa los compromisos de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima encuentra que la mayor parte de esos compromisos ya están planteados en otros documentos, incluso producidos en el Perú. El punto ahorita ya no es seguir definiendo cuáles son las propuestas sino pasar a la implementación, eso va a marcar y no los discursos, el verdadero compromiso con una agenda de corrupción. No interesa seguir escuchando discursos sino ver qué decisiones en concreto se estan implementando.

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