La Comisión Especial encargada de seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa este viernes su segunda jornada de entrevistas personales a los postulantes que buscan ser parte del citado ente, que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Esta es la penúltima etapa del proceso, que culmina este sábado. Para el 30 de diciembre, según el cronograma de la comisión especial, se espera la publicación del cuadro de méritos y, para el 6 de enero, la juramentación de los miembros.
Las entrevistas son encabezadas por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, como presidente de la comisión especial. Esta, además, es integrada por los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General, respectivamente José Luis Lecaros, Zoraida Ávalos, Ernesto Blume y Nelson Shack. Asimismo, por el representante de las universidades públicas, Jorge Alva, y el representante de las universidades privadas, Antonio Abruña.
Como se sabe, son 29 los candidatos que resultaron aptos para esta etapa del proceso. Y, en total, son 14 los cupos en la JNJ, entre titulares y suplentes.
Las entrevistas no han estado exentas de distintos momentos llamativos. Hasta el momento y a la espera de que culminen este sábado, así se han desarrollado las jornadas.
Durante la jornada del jueves, uno de los postulantes entrevistados fue el excongresista por Perú Posible, Marco Tulio Falconí, quien destacó como su mayor logro la publicación de 16 libros en materia jurídica. Jorge Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le preguntó: “Siendo congresistas, ¿qué leyes o qué acciones tomó en cuenta o propuso para poder hacer mejoras en el Poder Judicial y el Ministerio Público?”.
“Trabajamos intensamente durante varios años para la modificación del Código Civil, que en una parte ha sido modificada durante esta gestión con el trabajo que se hizo anteriormente. Se hizo una revisión integral del Código Penal […] Se vio la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, la ley de la carrera judicial y fiscal. Se trabajó intensamente durante los cinco años en estos temas de justicia”, aseguró. Previamente, recordó que estuvo cinco años en las comisiones de Constitución y Justicia, durante su mandato legislativo.
En otro momento, Lecaros hizo referencia a denuncias periodísticas contra Falconí por la compra de un terreno y un informe sobre sus ofrecimientos por la campaña electoral del 2006 para el gobierno regional de Arequipa. Sin embargo, el titular del Poder Judicial, apuntó: “No le voy a preguntar sobre las denuncias y sobre los hechos, sino le quiero preguntar si usted sabe quién está detrás de estas denuncias —porque no vienen del aire, hay alguien que está moviendo este asunto— y por qué”. El doctor en Derecho se defendió, sostuvo que son imputaciones falsas y acusó a una “prensa muy tóxica”,
Un hecho que llamó la atención ocurrió durante la entrevista a Luz Tello de Ñecco, quien anteriormente se ha desempeñado como jueza de paz y anticorrupción, siendo en este último cargo la magistrada que emitió sentencia contra el grupo paramilitar Colina en el 2010.
Lecaros advirtió que la JNJ tendrá una “labor titánica” y se tendrá que trabajar a tiempo completo por lo menos durante dos años por la revisión de nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios a jueces y fiscales. Tras ello, se refirió a la edad de la postulante.
“Sin embargo, aparentemente usted cesaría a los ocho meses de ser nombrada si es que se le nombra, por el límite de edad que establece la ley, salvo que Reniec esté equivocado en cuanto a su edad. ¿Usted cree que en ocho meses de labor podría cumplir las labores que la ley le asigna a la junta y no cree que sería inconveniente un cambio de miembro de la junta a medio proceso?”, consultó.
Cabe señalar que, según la ley orgánica de la JNJ, uno de los requisitos para ser miembro de la entidad es ser mayor de 45 y menor de 75 años. “La interpretación que he hecho de la norma es otra, tengo entendido que es la edad para postular, no para cesar. Es la consulta que también hice. Esa preocupación no me fue ajena. Asumo este reto con responsabilidad”, respondió Tello.
La exministra de Justicia en el segundo gobierno de Alan García, María Zavala, fue consultada por el contralor por si nombraría como juez a un abogado que cumple con todos los requisitos, pero que se ha dedicado a defender casos de corrupción y de narcotráfico.
La también exfiscal y exjueza respondió: “Como profesora de derechos humanos, el derecho a la defensa es un derecho fundamental, constitucional, no está proscrito para determinados delitos […] Defensa tienen que tener todos, si no, se vulnera el derecho de igualdad. Ahí entra a tallar el derecho y la ética. Yo evaluaría la estrategia de defensa del abogado. Si ha defendido una causa y a su patrocinado le pusieron la condena que corresponde, es diferente a que sabiendo que es culpable hace una estrategia amañada, vulnerando el debido proceso, haciendo que mienta, llevando testigos falsos. A ese abogado jamás se le nombraría. No se puede estigmatizar”.
También el jueves, el candidato Jacinto Rodríguez Mendoza, cerró de manera particular su participación.
“Zapatero a tu zapato. Para estar en la Junta Nacional de Justicia hay que tener experiencia y saber cómo es el procedimiento de un expediente, qué hace un abogado al demandar, qué hace un juez para resolver, si una demanda nace muerta o puede prosperar. Como dice Francesco Carnelutti: es preferible para el pueblo tener malas leyes, pero con buenos jueces. Somos de ese principio. Y somos de otro principio: justicia que tarda no es justicia”.
La segunda jornada empezó con la entrevista al abogado y docente universitario Abraham Siles Vallejos. Ernesto Blume, titular del TC, comentó que si bien en el país se demanda una justicia eficaz y jueces de primer nivel, “muchas veces se sataniza al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los jueces. Y muchas veces organizaciones diversas y la misma prensa, cada vez que hay un caso, emprende una campaña contra el juez tratando de orientar la posición a lo que ese grupo considera que es lo justo. Y esto va deteriorando la imagen del Poder Judicial, y va significando que jueces probos y honestos se sientan amedrentados por campañas avasalladoras que ponen en riesgo su trayectoria y prestigio”.
Tras esa introducción y cuestionar una “hipersensibilidad que provoca un celo especial para fiscalizar”, Blume consultó a Siles cómo enfrentar dicho fenómeno buscando rescatar la labor de los jueces y fiscales como funcionarios probos. El postulante recordó que la sociedad tiene una “profunda desconfianza del sistema de justicia, que tenemos que tener en cuenta”. También señaló que se debe mejorar la calidad del debate democrático. “Así como debe mejorarse la calidad del debate democrático en general, el rol de la prensa debe tener un cuidado especial de no mancillar a jueces y fiscales, sin que eso suponga abandonar sus tareas de información, contribución a la formación de la opinión pública a través de la libertad de expresión”, refirió.
Más adelante, el postulante Ismael Lavilla Torres, doctor en Derecho y exfuncionario de la Contraloría General, fue consultado por Lecaros sobre por qué no ha regularizado una deuda de S/ 187 que, según el sistema de riesgo crediticio, registra con un banco local.
“También pensé que era ello. Indagué con la Contraloría Generala qué se refiere. Me dicen que la tarjeta de crédito tiene un importe como consumo mensual, no es una deuda impaga”, manifestó.
Posteriormente siguió el turno de María del Pilar Tello, expresidenta del otrora IRTP y expresidenta de Editora Perú durante el segundo gobierno de Alan García. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, preguntó a la candidata indicó que en columnas de opinión y en su cuenta en Twitter, la también abogada y docente universitaria manifestó “con todo derecho su simpatía hacia un líder político y ha tildado de persecución política la investigación que viene realizando el equipo especial” del Ministerio Público.
“En caso sea elegida, cómo podría asegurarnos su objetividad e imparcialidad cuando estos jueces y fiscales tengan que pasar un proceso de ratificación o evaluación”, continuó Ávalos.
Tello respondió que se tendrá que dejar de cargo todo tipo de simpatías y alineamientos políticos-ideológicos. “Puedo pensar que en un determinado caso […] se han violentado algunos aspectos del debido proceso, como defensora. Y podría pensar como analista política que sí se ha judicializado la política y que es cierto que en algunos casos se podría percibir que hay una persecución de tipo político. Pero muy distinto tiene que ser el enfoque del funcionario que está tratando de levantar la credibilidad del Poder Judicial y del sistema de la administración de justicia en el Perú. Ahí hay que asumir responsabilidades, inhibirse posiblemente de opiniones dadas en otro momento y remitirse a las responsabilidades que se aceptan cuando a uno le asignan un cargo”, respondió.
En la entrevista a Jaime Gómez Valverde, exfuncionario del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, Ávalos le pidió detalles sobre el contrato que la primera institución suscribió con Iza Motors en el 2017, empresa del investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo.
Gómez recordó que no participó en el comité de selección del servicio de mantenimiento de vehículos del Poder Judicial, pero dijo que firmó el contrato con las facultades que le delegó el entonces titular del pliego, Duberlí Rodríguez. Acotó que en julio del 2018 presentó una solicitud de auditoría al acuerdo y aseveró que no se ha determinado alguna irregularidad en cuanto a su participación.
La Fiscal de la Nación también pidió detalles de los cargos sobre una denuncia por lavado de activos contra el candidato en el 2017, así como otra por acoso sexual.
“No conozco los cargos hasta la fecha. Nunca me han citado a nivel policial o en el Ministerio Público sobre una denuncia por lavado de activos, igualmente de acoso sexual […] No tengo ese tipo de conducta en mi trabajo ni en mi vida diaria, por lo que rechazo esa denuncia pública. El ciudadano que la ha presentado no adjunta quién es la agraviada o los medios probatorios, simplemente es un dicho”, manifestó añadiendo que se somete a las investigaciones.
Tras un receso, las entrevistas continuaron la tarde del viernes con el doctor en Derecho Antonio De la Haza Barrantes. Este se vio sorprendido por una intervención de Lecaros, quien le comentó que en el Ministerio Público aparece registrada una denuncia por usura.
De la Haza dijo no tener conocimiento de la denuncia. “La verdad, desconozco esa denuncia. Pero todo abogado de todo intermediario financiero, le soy sincero, casos prácticos, conozco uno, que a veces es la mala praxis del abogado.
Luego, el exfiscal superior provisional en Junín y Cañete, Óscar Cornejo Gómez Sánchez, tuvo que recordar un incidente judicial gracias a una pregunta de Lecaros. “Usted ha dicho que no ha tenido denuncias. Sin embargo, en el 2003, que yo era el juez supremo instructor en la Corte Suprema, le tomé una instructiva en una denuncia que usted tuvo. ¿De qué se trató?”, preguntó este último.
“La verdad, no recordaba esa anécdota. No es anécdota, doctor, disculpe. No la recordaba. Pero ahorita que usted me está refrescando la memoria, sí, hubo una denuncia. Pero no era yo el protagonista principal, se trataba del anterior fiscal al que reemplacé, que tuvo problemas con la demora de un expediente, que no tomó decisiones en su oportunidad. Yo pensé que había estado en su despacho como testigo, y no como instruido. No era mi responsabilidad, sino del anterior fiscal que salió muy mal de la fiscalía de Cañete”, respondió el candidato.
El siguiente turno fue del doctor en Derecho Juan Zavala Bustamante. El titular del Poder Judicial señaló que el postulante postuló unas nueve meses para ser magistrado y nunca pasó el examen escrito. En ese sentido, le preguntó si se sentía capacitado para evaluar conocimientos y desempeño de jueces de la Corte Suprema o fiscales supremos.
“No sé lo que pasó ahí. Prefiero decir que no me preparé lo suficiente, antes de mencionar algo más, porque es harto conocida las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) […] No sé cuántas postulaciones tuve, pero lo cierto del caso es que soy una persona perseverante", respondió Zavala.
Aún están pendientes más entrevistas, las cuales culminan el sábado.