El ministro del Interior, Víctor Torres, podría sumarse a la lista de funcionarios investigados del gobierno de Dina Boluarte. La denuncia del excomandante general de la policía Jorge Angulo contra el titular del sector Interior tendría implicancias legales, advirtieron abogados penalistas consultados por El Comercio.
En diálogo con este Diario, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y el penalista Jefferson Moreno consideraron que la denuncia amerita una investigación del Ministerio Público, dado que se configurarían varios posibles delitos.
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El último domingo Angulo aseguró a diferentes programas dominicales que el ministro Torres le preguntó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.
Angulo también afirmó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) le hizo la misma consulta por “Bica”, en referencia al coronel PNP Walter Lozano, otro integrante del equipo especial de la policía.
El equipo especial de la PNP, que encabeza Colchado, ha participado en casos referidos al expresidente Pedro Castillo y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La labor del grupo también ha servido para las indagaciones de la fiscalía respecto de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, que es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Coronel PNP Harvey Colchado
/ Foto: Renzo SalazarEl exjefe de la PNP también denunció que el ministro Torres buscó intervenir en los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación. Afirmó que al rechazar estos requerimientos perdió comunicación con el titular del sector
“No hubo una buena comunicación a razón de que él ha querido imponer ciertos criterios en los diferentes procesos que son muy sensibles como ascensos, pases al retiro y cambios de colocación, que siempre han devenido en los famosos escándalos [...] El director de recursos humanos de la Policía Nacional me transmitía una disposición del ministro, indicándome que dos o tres o cuatro oficiales y generales que deberían irse no se vayan. Esa es la intromisión”, aseveró.
“Cuando hay ese conflicto por los pases al retiro, yo recurro a la presidenta porque este proceso se iba a viciar. Entonces, la presidenta tuvo que dirimir y poner orden, dándole la razón a la Policía Nacional. Ese es el primer conflicto que tengo con el ministro”, señaló también.
Finalmente, Angulo aseguró que un edecán del ministro se contactó con el jefe del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) para que reciba a un bróker de seguros.
La mañana de este lunes, en diálogo con RPP, Angulo ratificó su denuncia contra el ministro Víctor Torres. Además, anunció que presentará demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el Gobierno de Boluarte.
Como se recuerda, Angulo fue retirado del cargo el lunes 22 de enero, dos días después de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte por parte de dos mujeres durante una actividad oficial en Ayacucho, y en su lugar nombró al general PNP Víctor Zanabria.
Agresión a Dina Boluarte en Ayacucho.
Horas más tarde, en conferencia de prensa, el primer ministro Alberto Otárola ratificó la confianza en Torres, pese a la grave denuncia y los cuestionamientos sobre el sector Interior.
“De manera muy concreta quiero ratificar la confianza al ministro del Interior y también ratificar la necesidad de que se cumplan metas, que se cumpla la estrategia del Perú seguro y podamos tener anuncios muy importantes en materia de seguridad para el país”, dijo.
Otárola afirmó, además, que “muy pronto” se verán resultados en la lucha contra la criminalidad organizada.
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Posibles implicancias legales
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y el penalista Jefferson Moreno consideraron que la denuncia amerita una investigación del Ministerio Público.
Para Gilmar Andía, las investigaciones girarían en torno a la posible intervención del ministro en ascensos, pases al retiro y cambios de colocación, así como el caso del Fovipol.
Estos casos, según advirtió, también podrían derivar en una censura o denuncia constitucional en el Congreso contra el ministro. A su criterio, el titular del Mininter habría incurrido en infracciones a la Carta Magna.
“Lo más probable es que se le abra una investigación por el posible delito de abuso de autoridad [en el caso de los ascensos, pases al retiro y cambios de colocación]. Podría ser también que se trate de un delito de patrocinio ilegal, que es cuando alguien patrocina los intereses de alguien ante el Estado”, expresó.
El exviceministro opinó, además, que la pregunta sobre el pase al retiro de Colchado no configuraría “como tal un delito o una infracción constitucional”, pero que “puede ser indicio” de una posible conducta irregular.
Asimismo, señaló que en el tema del Fovipol “hay un tema más claro de patrocinio ilegal por tratarse de un funcionario público que habría patrocinado intereses particulares en una entidad del sector público”. En este caso, tampoco descarta el posible delito de tráfico de influencias.
Andía explicó que si la pesquisa del Ministerio Público avanza tendría que presentarse una denuncia constitucional para que se le levante el antejuicio al ministro Torres. “Lo ocurrido revela que algo no está funcionando bien en el sector Interior”, concluyó.
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En tanto, Vargas Valdivia la consulta de Torres sobre la remoción de Colchado y la injerencia en ascensos y pases al retiro podrían configurar el delito de abuso de autoridad.
A su juicio, el último caso también se trataría del posible delito de tráfico de influencias. “Al ministro no le corresponde recomendar ningún ascenso”, remarcó.
Respecto al caso del Fovipol, Vargas Valdivia coincidió con Andía. “En este caso sería más claro el tráfico de influencias y el posible delito de patrocinio ilegal porque se trata de un funcionario que se interesa en un contrato”, dijo.
A su criterio, la fiscalía “debería abrir una investigación preliminar de oficio” y citar a Angulo como testigo. Vargas Valdivia no descartó que la pesquisa pueda alcanzar incluso a la presidenta Dina Boluarte, “si se establece que ella habría tenido conocimiento de estas acciones”.
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Por su parte, Moreno indicó que, en el caso de Colchado y la intervención en procesos de ascensos y pases al retiro, se habría perpetrado probablemente los delitos de coacción y abuso de autoridad. Asimismo, el posible delito de tráfico de influencias.
“El Ministerio Público también puede iniciar investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, en dicho caso se debe demostrar que el ministro haya coordinado con algún particular o con alguien que le haya dicho que se va a encargar de sacar o poner personas en el proceso de ascensos. Obviamente, nadie te pide algo así de la nada”, afirmó.
Así como Andía y Vargas Valdivia, Moreno también ve los posibles delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en el caso del Fovipol.
Para el abogado penalista, “basta con los dichos del general Angulo para que el Ministerio Público inicie con las pesquisas”.
Moreno recordó también que, al tratarse de un funcionario aforado, la investigación debe ser iniciada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. ”Si el caso avanza, el titular del Ministerio Público debe presentar una denuncia constitucional para que el Congreso autorice que se le levante el antejuicio”, apuntó.
El especialista aseveró que la suma de sanciones máximas por estos delitos es de 12 años (coacción 2 años; tráfico de influencias, entre 4 a 8 años; y patrocinio ilegal, 2 años).
