En diciembre pasado, cuando Diana Monge Berrocal –quien laboró en el despacho congresal del aprista Jorge del Castillo– llegó al Perú de España para declarar en la investigación seguida al ahora exparlamentario aprista en la Fiscalía de la Nación, denunció que recibió presión indirecta del investigado.
El representante de la Fiscalía de la Nación, fiscal supremo adjunto provisional Luzgardo Ramiro González Rodríguez, narró –ante el juez supremo Hugo Núñez– que Monge acudió el 23 de diciembre del 2019 ante el Ministerio Público para solicitar garantías para su vida.
La exasesora parlamentaria grabó conversaciones que sostuvo con el excongresista investigado, en la que le pedía decir la verdad sobre la autorización que le habría dado para que estudiara en España y desde allí realice sus labores como asistente del despacho, cobrando el sueldo de manera normal.
Según el acta leída por el fiscal, la testigo narró que sentía miedo por su vida, ya que el abogado de Del Castillo le realizó “algunas preguntas insistentes sobre los aparatos con que realicé la grabación”. Por ello, tenía temor de que se le puedan extraer los aparatos electrónicos con los cuales realizó las grabaciones.
Luego de dar su manifestación, el mismo 23 de diciembre del 2019 Monge regresó con los aparatos electrónicos y se procedió a realizar la extracción de la información bajo la cadena de custodia.
El fiscal aclaró que la información extraída ha sido lacrada para realizar la pericia correspondiente. “Lo que quiere la defensa es que esta información no sea usada más adelante, alegando que no se realizó una cadena de custodia adecuada", advirtió el fiscal.
Según las pesquisas, Monge recibió un sueldo de más de S/5 mil pese a que se encontraba en España desde inicios del 2019 por una maestría que estudia. Según ella, Del Castillo la autorizó a realizar dicho viaje y trabajar desde dicho país.
En diciembre del 2019, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir investigación preliminar contra Jorge del Castillo, miembro del Congreso disuelto, por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.
—Niegan amenaza—
Aurelio Pastor, abogado de Del Castillo, cuestionó dicho procedimiento y solicitó al juez que la extracción de la información de las grabaciones se declare nula. Aseveró que la diligencia se realizó “en secreto”.
“¿Cómo es posible que la testigo haya concurrido en horas de la mañana y que la fiscalía programara una diligencia en horas de la tarde y no se nos haya convocados?”, cuestionó.
Pastor calificó de “grave” el procedimiento realizado por la Fiscalía de la Nación y negó que se haya realizado amenazas a la testigo Monge Berrocal.
“Además, acá se sustenta esa decisión en que la testigo llegó y dijo: ‘Me están amenazando’ ¿La están llamando para amenazar? ¿Quién? ‘El abogado me está haciendo preguntas que me intimidan’ ¿Qué preguntas?”, se preguntó Pastor.
Del Castillo también sobre lo mencionado por el fiscal. “Que yo sepa, ella no ha pedido garantías, es un comentario que el fiscal hizo. Además, por lo que sé por el expediente, ella está fuera del país desde hace un buen tiempo, así que no sé cómo va a pedir garantías si no está en el Perú”, señaló a El Comercio.
“Si ella no está en el Perú, ¿qué garantías va a pedir y ante quién? Además, ¿quién la puede amenazar si está en Europa? Además, así esté en el Perú, nadie la ha amenazado. Eso es falso”, agregó.
El juez supremo Hugo Núñez dejó al voto el pedido de la defensa de Jorge del Castillo para anular la extracción de la información de los aparatos electrónicos.