Resultados examen JNJ 2023: Solo el 12% de postulantes a jueces y fiscales pasaron primera etapa de evaluación

El último domingo, 2.786 personas rindieron una evaluación de conocimientos para ocupar plazas titulares disponibles en el sistema de justicia: 222 para jueces y 171 para fiscales. De acuerdo con los resultados del concurso público, organizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solo el 12% de los postulantes (343) pasaron a la siguiente etapa.

El puntaje mínimo requerido para seguir en carrera fue 66,66 sobre 100. David Gustavo Romero Basurco, que postula a una plaza para juez letrado (civil) por el distrito judicial de La Libertad (Trujillo), fue quien registró la mayor calificación con 87,5.

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El examen de conocimientos es el primer paso del proceso de selección para estas dos instancias y corresponde al 25% del total de la calificación. Las siguientes etapas son: la evaluación curricular (20%), el estudio de caso (25%) y la entrevista personal (30%).

En el caso del Poder Judicial, los perfiles a cubrir son para jueces superiores, especializados o mixtos (penales, civiles, de familia, entre otros) y de paz letrados. Mientras que en el caso del Ministerio Público fue para cargos de fiscales superiores, adjuntos superiores y provinciales.

Entre los postulantes que buscaban ocupar una plaza en el Poder Judicial se encontraban fiscales que integran grupos especiales de indagación de casos complejos. Entre ellos, los fiscales José Domingo Pérez Gómez, Geovana Mori, Walter Villanueva, Rocío Gala, Fredy Gutiérrez, Efraín Mallea, Carlos Mera, Jacqueline Pérez y Karla Zecenarro. Sin embargo, no alcanzaron el puntaje mínimo requerido.

Todos ellos postularon al cargo de juez superior, excepto Mori y Villanueva, quienes se presentaron para juez penal de investigación preparatoria y penal colegiado, respectivamente.

Para el perfil de juez superior se demanda orientación al servicio y a los resultados, perspectiva de igualdad de género, valoración de información, solución de conflictos, entre otras competencias, de acuerdo con las bases del cargo.

En el caso de jueces superiores, son siete las vacantes disponibles para el distrito judicial de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, para las que se presentaron unos 66 postulantes.

Pérez Gómez es parte del Equipo Especial Lava Jato, que tiene a cargo las investigaciones que implican a la excandidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori (Caso Cócteles), el expresidente Alejandro Toledo (Caso Interoceánica), la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (Caso Metro de Lima). También integran este grupo de trabajo los fiscales provinciales Geovana Mori y Walter Villanueva.

Cuando se conoció la postulación de los tres fiscales del equipo Lava Jato, fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que en la institución no existen plazas que les permitan ascender. Por esta razón, algunos miembros de ese grupo especial optaron por proyectar su carrera hacia el Poder Judicial. La decisión no había generado ningún tipo de conflicto en el grupo fiscal, más bien habían sido respaldados, según conoció en aquel momento este Diario.

En cuanto a Gala Gálvez, fue nombrada en julio del 2022 fiscal superior y coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas; y, representante del Ministerio Público ante la Comisión Coordinadora del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA). Previamente se desempeñó como jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

De otro lado, el fiscal superior Fredy Gutiérrez Crespo fue integrado en julio del 2022 al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, grupo que lleva indagaciones contra el expresidente Pedro Castillo y otros exfuncionarios involucrados en su presunta trama de corrupción.

El fiscal Efraín Iván Mallea Claros se presentó también al cargo de juez superior. Mallea, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, dispuso en enero de este año abrir una investigación preliminar contra el expresidente boliviano Evo Morales; el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza.

Mientras que el fiscal anticorrupción Carlos Rodrigo Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, quien también se presentó al cargo de juez superior, condujo una acusación fiscal en contra de 10 imputados, entre ellos el exgobernador regional Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Su despacho también intervino en setiembre del 2021 la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP de Junín por el presunto resguardo policial irregular a Cerrón.

Figuró también en la lista de postulantes la fiscal Jacqueline Julissa Pérez Castañeda, quien siendo parte del equipo que investigaba el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue separada por el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Finalmente, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro ha estado a cargo del allanamiento a Karelim López Arredondo y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco en el Caso Puente Tarata.

Esta primera etapa de evaluación de conocimientos tuvo como objetivo evaluar “la capacidad de los conocimientos jurídicos” de los postulantes, “que acrediten su solvencia académica y profesional para desempeñar el cargo”. Se trata de pruebas diferenciadas según la institución (Poder Judicial, Ministerio Público), el nivel y la especialidad o subespecialidad de la plaza.

El reglamento de estas pruebas establece, sin embargo, que son materias básicas para las distintas especialidades de los tres primeros niveles de la carrera judicial y fiscal: Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Teoría General del Derecho, Teoría General del Proceso, Interpretación y Argumentación jurídica, Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Administrativo.

Mientras que la evaluación de conocimientos para el cuarto nivel de la carrera judicial y fiscal consiste en preparar un trabajo sobre un aspecto de la temática judicial o fiscal -según corresponda- y su reforma de acuerdo a las especificaciones que señale la JNJ, precisa el reglamento. Estas evaluaciones están a cargo del pleno de la JNJ.

Esta instancia informó que se aplicaron, en total, 37 pruebas: 14 para postulantes a jueces y 23 para fiscales, que incluyeron los temas mencionados.

El exviceministro de Derechos Humanos Miguel Soria Fuerte, uno de los expertos convocados para un curso de preparación para este tipo de exámenes, comentó a El Comercio que “todo abogado tiene que saber sobre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, eso es un estándar mínimo. Después, dependerá de la especialidad del abogado”.

En cuanto a la complejidad de su especialidad en los exámenes de la JNJ, señaló que “son preguntas básicas” y “no encierran un nivel complejidad muy alto”. “Como experto en derecho internacional de los derechos humanos, las preguntas en la JNJ sobre este tema, son básicas”, insistió.

Quienes superaron esta etapa deberán pasar por una evaluación curricular, que va hasta agosto de este año. Luego, la presentación de un estudio de caso, que tiene como fecha fin octubre. La publicación del cuadro de méritos será del 31 de octubre al 15 de diciembre del 2023.