José Luna Gálvez: otros investigados de casos emblemáticos con arresto domiciliario por el COVID 19

De acuerdo a su resolución, Chávez decidió ordenar arresto domiciliario por 36 meses luego de evaluar el estado de salud del líder de Podemos Perú y el peligro de contagio ante la COVID 19 en un centro penitenciario.

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José Luna Gálvez es sindicado como presunto líder de la organización criminal Los Gánsteres de la Política, que operó para tener control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre el 2016 y el 2018.

Así como sucedió con Luna, otros investigados en casos emblemáticos, como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto afrontan ahora sus procesos bajo arresto domiciliario por peligro de contagio durante la pandemia.

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Jaime Yoshiyama Tanaka

En mayo del año pasado, la defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, logró que la orden de prisión preventiva que venía cumpliendo en el penal Miguel Castro Castro varíe por una de arresto domiciliario ante el riesgo de que contraiga COVID-19 en el centro penitenciario.

Jaime Yoshiyama es investigado por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal por el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular. Es considerado como parte del núcleo de la presunta red criminal.

La excarcelación de Yoshiyama se logró a través de una segunda solicitud que presentó su defensa durante el estado de emergencia. Se conoció que había sido contagiado de COVID19, poco días después de que el juez emitiera su resolución.

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama reconoció que su defendido buscó a su sobrino Jorge Yoshiyama para que encuentre aportantes falsos para las campañas de Keiko Fujimori. Sin embargo, la defensa niega que el dinero que intentaron ingresar mediante aportantes falsos haya sido entregado por Odebrecht.

Susana Villarán

A raíz de la pandemia, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán es otra de las investigadas que dejó la prisión para cumplir con arresto domiciliario. El 30 de abril del año pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó variar la prisión preventiva que cumplía en el penal anexo de mujeres de Chorrillos.

Desde que se conoció la resolución que ordenaba su excarcelación hasta que dejó la prisión transcurrieron 13 días por problemas en la verificación de que su domicilio en Lurín cumpla con las condiciones para el arresto domiciliario.

Para decidir su excarcelación, la sala tomó en cuenta la edad de 70 años de la exalcaldesa, así como “las enfermedades que padece, esto es, lupus eritematoso e hipertensión arterial”.

Susana Villarán es investigada por presuntamente haber recibido aproximadamente US$10 millones de las constructoras OAS y Odebrecht para sus campañas contra la revocatoria y la reelección a Lima.

César Villanueva

En el caso del ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el Poder Judicial también varió la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra, ante el riesgo de que se contagie de COVID19.

La Primera Sala de Apelaciones consideró los argumentos presentados por la defensa para que Villanueva deje el penal Miguel Castro Castro. El tribunal sostuvo que el expremier tenía enfermedades preexistentes y esto era un riesgo de contagio en el centro penitenciario. Es por esto que se ordenó el arresto domiciliario y el pago de una caución de S/100 mil.

César Villanueva es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita. De acuerdo a la tesis fiscal, Villanueva habría recibido pagos ilícitos de Odebrecht durante su gestión como gobernador de San Martín para beneficiar a la empresa con la licitación de la carretera San José de Sisa.

La defensa de César Villanueva ha rechazado las imputaciones de la fiscalía. Antes de que la justicia decidiera a su favor, presentó otros pedidos para que sea excarcelado, también por motivos de salud, pero estos fueron rechazados.

José Luis Cavassa

En junio del año pasado, el Poder Judicial decidió liberar a José Luis Cavassa Roncalla, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La Sala de Apelaciones Anticorrupción consideró que se trataba de una persona de riesgo ante un posible contagio de coronavirus.

Los magistrados consideraron que Cavassa se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables a contraer la COVID19, situación que se suma al problema de hacinamiento en los centros penitenciario. Hoy cumple con la medida de arresto domiciliario en un departamento en Santiago de Surco.

José Luis Cavassa es pieza clave en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y ha sido sindicado como operador político. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Cavassa habría intervenido en el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, además en la inscripción del partido Podemos Perú.

Otros casos

José Miguel Castro

Para el equipo especial, el exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro, habría sido el segundo al mando de la presunta organización criminal liderada por Susana Villarán.

En mayo del 2020, el Poder Judicial ordenó variar la prisión preventiva que venía cumpliendo desde hace un año atrás, por la medida de arresto domiciliario. La defensa de José Miguel Castro sostuvo que el exfuncionario sufría problemas de salud, como asma e hipertensión arterial, además de la situación de hacinamiento en el penal Miguel Castro Castro.

Tras su excarcelación, Castro empezó a brindar información a la fiscalía, en calidad de aspirante a colaborador eficaz (renunció a la reserva de dicha condición). Sus declaraciones vienen siendo utilizadas en diferentes investigaciones a cargo del equipo especial Lava Jato, como el caso Rutas de Lima, donde ha mencionado la participación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Jorge Peñaranda

Un caso similar es el de Jorge Peñaranda, investigado por presuntamente haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht mientras fue representante del Consorcio Nororiental Vial Sur y Alpha Consult en el periodo 2011-2014.

En mayo del año pasado, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Peñaranda y dispuso que cumpla con arresto domiciliario en medio del estado de emergencia por la COVID19.

La decisión fue tomada luego de que los jueces consideraran la edad avanzada de Peñaranda, de 77 años y enfermedades preexistentes, como hipertensión arterial. El Poder Judicial también dispuso que Jorge Peñaranda una caución de S/20 mil como parte de las medidas que se resolvieron.

El equipo especial Lava Jato investiga a Peñaranda por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Luis Pardo Narváez

Uno de los árbitros implicados en el caso de los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht, Luis Pardo Narváez, también fue excarcelado durante la pandemia. El Poder Judicial consideró que se debía variar la prisión preventiva por arresto domiciliario, luego de que su defensa indicara que el abogado presentaba problemas de salud.

Pardo sostuvo que sufría de diabetes y era parte de la población vulnerable ante el COVID19. La variación de su medida incluso fue confirmada en segunda instancia.

Pardo es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, entre otros. La orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra fue ratificada en dos instancias al encontrarse graves y fundados elementos de convicción, así como peligro procesal.

¿El arresto domiciliario es una medida adecuada?

El exfiscal supremo Víctor Cubas explicó a El Comercio que el arresto domiciliario es una medida sustitutoria de la prisión preventiva y puede imponerse cuando existen los fundamentos para una medida más grave pero por las características personales del investigado se debe reemplazar.

“Según la ley procesal las personas están con una medida de prisión preventiva, pero teniendo en cuenta el riesgo inminente para su salud, en aplicación del artículo 1 de la Constitución, se dispuso que los jueces revisen las condiciones de los procesados y que sustituyan la medida de prisión preventiva por otra medida menos gravosa”, sostuvo.

Cubas explicó que, al mismo tiempo, el juez puede imponer otras medidas restrictivas que acompañen al arresto domiciliario, de modo que se permita cautelar el desarrollo de las investigaciones.

“El arresto puede ir acompañado de otras medidas, puede fijarse un grillete electrónico, impedimento de salida del país, limitación de comunicarse con determinadas personas”, indicó.

En tanto, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que, en el caso de José Luna Gálvez el juez consideró que no era proporcional una medida tan grave como la prisión preventiva y la sustituyó por el arresto domiciliario.

“Un arresto domiciliario supone un nivel de restricción de libertades menor que la prisión preventiva, ciertamente existe un grado de riesgo de que aun cuando se cumpla el arresto esa persona pueda tratar de influir en la investigación, testigos, colaboradores, existe cierto grado de peligro”, señaló.

Sobre los casos de los investigados, de casos emblemáticos como Lava Jato y Cuellos Blancos, que pidieron variar su prisión preventiva el año pasado, a raíz de la pandemia, sostuvo que el riesgo de contagio de COVID19 ha sido “un factor importante que ha pesado en las decisiones”.

“Se debe analizar caso por caso, es un análisis que debe hacerse de la persona, hay establecimientos que tienen más casos de COVID o existe una infraestructura más idónea para contener el riesgo, todo esto tiene que ser valorado, no hay que bajar la guardia en el aseguramiento de las investigaciones, no puede usarse el tema de la pandemia para debilitar la eficacia de las investigaciones”, manifestó.

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