“Pedro Castillo ejerce su derecho a la defensa a todo nivel, eso no ocurre en dictaduras”

— En dos meses y medio, el Congreso no logró aprobar el adelanto de elecciones ni para el 2023 ni para 2024, tampoco concretó una sola reforma política en el pleno. ¿Usted calificaría como un fracaso esto?

La palabra fracaso es bastante dura, yo creo que es falta de consenso político y en el Congreso, a veces, el proceso [para llegar] a un consenso puede tomar bastante tiempo, sobre todo en circunstancias complejas como podría ser una terminación anticipada de mandato y, además, un adelanto de elecciones, independientemente si es en 2023 o 2024. Hemos podido percibir que incluso las bancadas más sólidas han tenido posiciones encontradas en la interna, hemos visto que no ha habido consensos sobre el adelanto de elecciones y las reformas políticas. Desde el Ejecutivo tenemos que ser respetuosos del proceso que se da en el Parlamento.

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— A Renovación Popular, que ha expresado su oposición a cualquier adelanto de elecciones, se ha sumado Acción Popular. ¿Bajo este contexto, desde el Ejecutivo aún ven viable que el Parlamento ofrezca una salida a la crisis?

Es que siempre es viable, hay que tener en cuenta que las posiciones también cambian de un momento a otro, en innumerables ocasiones se ha visto eso. En cualquier Parlamento del mundo las posiciones pueden cambiar, hoy pueden decir “no”, pero mañana, “sí”. Si vemos situaciones de antaño, vemos que posiciones muy distintas en lo ideológico han llegado de manera inesperada a generar acuerdos. Todo depende de la voluntad política y de los niveles de negociación a la interna.

— ¿No hubo un exceso de confianza de parte del Ejecutivo al Congreso? Por ejemplo, el primer ministro Otárola indicó que estaban conformes con el cronograma electoral y recién presentaron su proyecto para ir a las urnas a fines de 2023, cuando en el Parlamento se rechazó esta opción.

No, porque la confianza debe llevar a una connotación mucho más real, nosotros [desde el gobierno] confiamos en que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo, lo mismo el Congreso. Ahora en lo que se refiere al adelanto de elecciones, nosotros hemos confiado en que esto se iba a debatir, y se debatió la opción de 2024, fue aprobada y luego hubo cambios hacia el 2023 y eso quedó ahí. Nosotros no tenemos intereses en aferrarnos a los cargos, por eso hemos presentado primero un proyecto para que las elecciones sean en 2024 y luego otro para que se den en 2023.

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— ¿No fue una iniciativa tardía? ¿Por qué no lo presentaron antes?

Porque consideramos que los tiempos en este caso eran los idóneos, y que había que dejar que el tema primero se discuta en el Congreso, pero ante la indecisión de llevar adelante las elecciones en el 2023, y ya habiéndose dejado de lado la opción de 2024, es que vamos con esta opción para [octubre de este año]. A mí entender, las cosas se dieron en el tiempo preciso y exacto, no fue algo tardío. Y si esto no ha llegado a concretarse en el Congreso, y me refiero a la toma de decisión, es algo distinto, es algo que depende del debate parlamentario.

— ¿Por qué la presidenta Boluarte no convocó a legislatura extraordinaria para, al menos, destrabar el debate del proyecto de adelanto de elecciones, tras la reconsideración de Renovación Popular?

Porque la propia Constitución señala que una reforma constitucional es aprobada con 66 votos más un referéndum o con la votación de 2/3 del número legal de congresistas [87] en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Una reforma constitucional, como el adelanto de elecciones, no es materia de una legislatura extraordinaria.

— No me refería a que en la legislatura extraordinaria vieran el fondo, sino que resuelvan la reconsideración y así la Comisión de Constitución gane dos semanas para preparar un nuevo dictamen.

El Ejecutivo en el contexto de una reforma constitucional, obviamente no va a recurrir a una legislatura extraordinaria. Nosotros tenemos que dejar que los procesos parlamentarios se den.

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— ¿Para el gobierno el adelanto de elecciones es un capítulo cerrado? ¿Ha pasado la página?

No, es algo que se discutirá en el Congreso, [el adelanto de elecciones generales] es una labor pendiente para el Congreso.

— Un sector del Congreso ha comenzado a sincerarse y decir que se quieren quedar hasta el 2026. ¿La presidenta Boluarte comparte esa postura? ¿Ella también quiere gobernar hasta ese año?

La presidenta Boluarte y el Gabinete Ministerial en pleno no se aferran al poder. Nosotros no tenemos ningún problema en dejar el gobierno en el 2023 o en el 2024. Estamos convencidos de que hay una necesidad de un adelanto de elecciones, y este debe ser resuelto por el Congreso. El Ejecutivo ha expresado esta posición con dos proyectos de ley, hay uno que está para ser debatido. Y si en el Congreso hay bancadas que hoy día tienen una posición contraria al adelanto de elecciones, se respeta. Y como lo manifesté hace un instante, estas posiciones pueden cambiar.

— Pareciera que el Ejecutivo se siente cómodo con las postergaciones en el debate en el Parlamento. ¿Por qué en estas semanas no han siquiera cuestionado los retrocesos que hubo?

Nosotros no podemos cuestionar, a lo mucho podemos exhortar a que hagan las cosas que tienen que hacer. Nosotros somos respetuosos de la separación de poderes. Sí nos interesa que este tema [el adelanto de elecciones] sea resuelto para que la población esté tranquila, que haya una definición en el tema. La indefinición [del Congreso] realmente no ayuda a nadie, genera un ambiente de inestabilidad que no debe darse sobre todo cuando nosotros queremos hacer un buen gobierno por el país, el tiempo que nos toque estar. Es decir, tener a gobernadores regionales, alcaldes y a la ciudadanía convencidos de que hay temas en debate o cerrados, pero no dilatados. A nosotros nos interesa que esto se defina cuanto antes, queremos tener las cosas muy claras sobre lo que ocurre sobre el adelanto de elecciones y sobre ello gobernar.

— ¿Hasta cuándo el Ejecutivo va a esperar a que el Congreso llegue a un acuerdo, antes de usar la carta de la renuncia de la presidenta Boluarte?

La carta de la renuncia de la presidenta Boluarte no se va a utilizar, porque ella no va a renunciar, no hay forma que lo haga por un tema de responsabilidad. En el supuesto negado que la presidenta dimita, qué ocurriría, el Congreso tendría que elegir a una Mesa Directiva nueva, porque un sector ya ha adelantado opinión, en el sentido, de que la actual mesa tiene que ser cambiada [en el contexto de sucesión]. Esto llevaría a una situación de inestabilidad muy grande.

Después de que se elija una nueva mesa, el próximo presidente debe convocar a elecciones, que se deben realizar en un plazo de 270 días, como lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Pero acá se puede avizorar un entrampamiento, la Constitución no precisa si las elecciones son generales o no. Vamos a tener una enorme discusión en el Parlamento sobre si son generales o son únicamente presidenciales. En este último caso, solo se elegiría a un Ejecutivo complementario hasta el 2026 y este Congreso se quedaría hasta esa fecha.

— En el segundo gobierno de Alan García, Yehude Simon renunció a la PCM, tras el “baguazo”; y en la administración de Ollanta Humala, Óscar Valdés después de no dar solución al conflicto en Conga. ¿El primer ministro Otárola no debería dar un paso al costado, tras 49 muertos en su gestión?

Eso que preguntas es una decisión- haciendo el paralelo que tú haces- del propio premier. Además, también la confianza la da la presidenta de la República. Y lo que tenemos acá es que la presidenta y el primer ministro tienen la postura de seguir adelante con el gobierno. Entonces, hay que ser respetuosos de eso, yo no puedo emitir una opinión sobre el particular.

— Los enfrentamientos en el marco de las protestas contra el gobierno y el Congreso han dejado 48 civiles muertos y un policía calcinado, según la Defensoría del Pueblo. ¿Quién asume dentro del gobierno la responsabilidad política?

Cuando se trata de responsabilidad política uno tiene que determinarla, cualquier tipo de responsabilidad política, penal y administrativa se determina tras una investigación. Nosotros, el gobierno, la PCM, en el momento en que se dio la declaración del estado de emergencia ante la convulsión social, fuimos bastante claros en que el uso de la fuerza se tenía que hacer de acuerdo a las competencias de la Policía y de las FF.AA., competencias que están en la Constitución, en sus leyes y, además, también en los protocolos de trabajo de campo.

Entonces, se hicieron las cosas tal cual nosotros señalamos en ese momento, porque se tiene que actuar con arreglo al marco legal existente. Nunca ha habido órdenes que atenten contra los derechos humanos, eso no ha habido. Y por ende salvaguardia de los derechos humanos, el más valioso de los derechos es la vida, evidentemente, pero el derecho a la vida es primordial en un Estado.

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— En un video revelado por Canal N, se ve cómo el ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca fallece, tras recibir el impacto del cartucho de una bomba lacrimógena en la cabeza. Esta había sido disparado por un policía. ¿Esta no es una prueba de que hubo excesos de parte de las fuerzas del orden para controlar las protestas?

Un programa dominical hizo un paralelo con lo que ocurrió en Chile durante las protestas por la constituyente [en ese país], hubo 33 muertos y una cantidad enorme de personas heridas, una de ellas justamente por un gas lacrimógeno, quedó desfigurada y, obviamente, el responsable tuvo que responder ante la justicia. Entonces, si acá hay responsabilidades sea de manifestantes o policías en lo que es la vida de una persona, tiene que responder ante la justicia. Pero eso se hace en el marco de un proceso donde el Ministerio Público es el titular de la acción penal, y donde el Poder Judicial, finalmente, resuelve la culpabilidad o no […] Hay que tener paciencia y respeto por el trabajo que está realizando la fiscalía, se le pide que lo haga rápido. ¿Por qué? Porque del lado del Ejecutivo estamos muy interesados en que estas cosas se esclarezcan.

Y acá hay que ser claro y señalar que estos excesos también involucran a los manifestantes, algunos están con prisión preventiva, porque se ha comprobado que no iban en una protesta legítima. Una protesta es pacífica, puede haber alguna trifulca, eso es algo normal, pero no se puede caer en el exceso, como hemos visto nosotros de personas que han desvirtuado una protesta legítima. Nosotros lo que tenemos como gobierno es el legado de la molestia de los peruanos por años de desatención de sus necesidades básicas.

— ¿Al gobierno le preocupa la solicitud que el exministro Ayala presentó ante la CIDH para que Pedro Castillo sea restituido como presidente?

En lo absoluto, porque, a este momento, te puedo decir que tenemos un equipo muy potente de juristas y, además, tenemos una estrategia diseñada para hacer frente a este pedido que se ha hecho ante la CIDH. Vamos a defender los intereses del Estado peruano.

— ¿Quiénes son estos juristas?

Es reservado. Pero sí te digo que tenemos un equipo muy sólido, con mucha experiencia y renombre. Ya tenemos una estrategia diseñada para defender los intereses del Perú, porque lo que tenemos acá es a un expresidente golpista, que en su declaración [mensaje a la nación] dijo claramente “cierre del Congreso, del Tribunal Constitucional y entrega de armamento”, muchas cosas que en realidad mínimamente configuran el delito de rebelión, infracción constitucional y [eso generó] una correcta vacancia.

Ahora, es muy importante, que como estamos en un país democrático, con respeto a las instituciones y a la independencia de los poderes, se puede ver que el expresidente Castillo está ejerciendo su derecho a la defensa a todo nivel, sin ninguna restricción. Eso no ocurre en países donde hay dictaduras. Mira cómo salen diferentes personas contrarias al gobierno en los medios de comunicación y dicen libremente lo que quieren. Un ejemplo, es lo que ha ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Aníbal Torres, eso es libertad de expresión. Obviamente, no compartimos [sus palabras].

— Estados Unidos ha concedido la extradición del expresidente Alejandro Toledo al Perú. ¿Cómo se dará el trámite para la entrega?

A ver, nosotros como Ministerio de Justicia y, además, como Ejecutivo no intervenimos en esta etapa del proceso, porque ya lo está haciendo la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, ellos están conduciendo este tramo de la extradición del expresidente Toledo. En su momento, van a tener que ser asistidos por cancillería y por el Ministerio del Interior, a través de la Policía e Interpol.

Ahora hay que tener en cuenta que el sector Justicia, llegado el momento, va a recibir a Toledo y el INPE determinar en qué lugar será recluido.

— ¿Cómo va la ampliación del penal de Barbadillo?

A ver, hay mejoras, pero también hay que tener en cuenta algo, al día de hoy el penal Barbadillo tiene capacidad de poder recibir eventualmente al expresidente Alejandro Toledo, tiene capacidad, y de tener más reclusos.

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— El Ministerio Público ha incautado la casa de Sarratea, donde Castillo despachó en paralelo a Palacio de Gobierno. ¿Qué uso le dará el Estado a este inmueble?

Es importante señalar el compromiso que tiene este gobierno en la lucha contra la corrupción. Hoy en día esta propiedad incautada por problemas de corrupción va a ser sede de una institución que lucha frontalmente contra este mal, y eso es importante, porque hay que dar este tipo de gestos hacia la ciudadanía, tenemos que recuperar la credibilidad.

— El gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso para endurecer las penas por ciertos delitos cuando hay estado de emergencia. Por ejemplo, la condena máxima por el atentado contra medios de transportes pasa de 8 años a 20 años de cárcel. ¿No se está criminalizando el acto de la protesta?

Primero que la protesta no se criminaliza, eso es falso. Estamos en un estado de derecho y de tiempo atrás en el país no tenemos una criminalización de la protesta. Esa expresión es una que rechazo categóricamente. Lo que tenemos acá es una reacción frente a hechos que no constituyen una protesta, sino delitos. Y eso hay que separarlo. No podemos confundir la protesta con actos violentistas.

Lo que tú tienes en ese proyecto son delitos existentes, no protesta, y se están agravando esos delitos justamente para corregir una mala conducta social, porque esa es la finalidad del derecho penal. Acá no podemos distorsionar las cosas.

Tampoco se puede distorsionar la discriminación, politizándola acá en el país se habla que hay una discriminación, por ejemplo la narrativa en torno al expresidente Castillo era “hay una discriminación, porque el expresidente es una persona de origen humilde, viene del campo, es profesor rural y llegó al poder y eso ha incomodado a mucha gente”. Pero cuando analizamos el gobierno de Castillo vemos que trajeron personas que no estaban capacitadas para gobernar y que encima eran corruptas, como el mismo expresidente. ¿Entonces, discriminamos a un profesor rural cuando lo llevan a un proceso y está en prisión por golpista y corrupto? No, no estamos discriminando, aquí no hay discriminación. Otra vez distorsiones ideológicas, porque cuando hablamos de criminalizar la protesta es una distorsión ideológica. La protesta nunca se criminaliza, es un derecho fundamental y se ejerce, lo que está criminalizado son delitos.

— ¿Cuáles han sido los criterios técnicos que se han tomado en cuenta para subir las penas?

Eso está básicamente sustentado en la exposición de motivos del proyecto, sería bastante tedioso el entrar punto por punto, pero evidentemente depende mucho de la voluntad política. Esta iniciativa es producto de un Consejo de Estado, y de un entendimiento con el Poder Judicial. Nuestra finalidad es disuadir para que la gente salga a protestar, pero no salga a cometer actos de violencia. Y finalmente, es el Congreso el que también debe de resolver sobre esta norma.

— El gobierno emitió un DU, donde se publica el primer listado de los deudos de los muertos en las protestas que recibirán un apoyo económico de S/50 mil. ¿Esto es una reparación adelantada?

En absoluto, las reparaciones no las da el Poder Ejecutivo, las da el Poder Judicial tras un debido proceso. Lo que nosotros hacemos es una ayuda voluntaria, un gesto solidario. ¿Por qué? Porque hemos tenido una capacidad de respuesta muy rápida en esta coyuntura para atender la necesidad de personas que han perdido a familiares, y sin hacer distinción entre si son policías y civiles. En este esfuerzo, nosotros hemos comprendido a todos los fallecidos. Y hemos incluido a personas que probablemente queden lisiadas, que están gravemente heridas, entre ellas hay siete que son policías, cuya situación es delicada.